El gobierno de Sri Lanka, que anunció el fin del acuerdo de cese del fuego auspiciado por Noruega con los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE), prepara una batalla a gran escala contra ese grupo separatista.
En reacción al anuncio, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, dijo el jueves que lamentaba la decisión del gobierno de ese país de Asia meridional, e instó a ambas partes a garantizar la protección de los civiles atrapados en el fuego cruzado.
Ban subrayó la "urgente necesidad de poner fin al baño de sangre en Sri Lanka a través de una solución política".
Pero el temor que subyace, según una fuente de la ONU, es que la nueva campaña militar de Colombo en esta guerra de ya 20 años, y la consecuente respuesta de los Tigres, cause un gran número de víctimas civiles y violaciones a los derechos humanos por ambas partes.
"Estamos en una guerra, y no importa otra cosa", dijo un alto funcionario de gobierno, cuya opinión refleja el pensamiento del presidente Mahinda Rajapaksa.
[related_articles]
En una declaración divulgada el jueves, el Consejo para la Paz Nacional de Sri Lanka alertó: "El peligro inherente en la postura del gobierno, sobre todo el total rechazo al proceso de paz con el LTTE, prepara el camino para una guerra hasta el fin, donde los costos pueden ser terriblemente altos, donde el éxito no está garantizado, y en la que tampoco hay un plan alternativo".
Como se espera que los combates arrecien en las próximas semanas, el gobierno se prepara para afrontar acusaciones de violaciones a los derechos humanos, principalmente de Estados Unidos, Unión Europea y la ONU.
Las acusaciones tanto a Colombo como al LTTE también provinieron de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Minority Rights Group International (MRGI), con sede en Londres.
"Lo que nos molesta más es el discurso mojigato de los que sufren de amnesia selectiva, que hasta hace poco violaron derechos humanos en forma selectiva con varios pretextos: defender el libre mercado, asegurar su espacio de vida e incluso proteger la democracia", dijo a IPS el canciller de Sri Lanka, Palitha Kohona.
"No olvidemos que 60 millones de personas murieron y otros más fueron desplazados en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en las que se peleó por las mismas razones", añadió Kohona, quien se desempeñó como funcionario de la ONU.
"Hemos invitado a una amplia gama de funcionarios de la ONU recientemente, incluyendo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Si hubiera cosas que ocultar, no lo habríamos hecho", dijo Kohona.
En octubre del año pasado, el subsecretario general de la ONU, John Holmes, alertó que, por su actitud, Colombo parece creer que "las negociaciones con el LTTE sólo serán posibles una vez que (los separatistas) hayan sido derrotados militarmente".
Mientras, el gobierno de Sri Lanka sigue negando la existencia de una crisis humanitaria o de violaciones a los derechos humanos.
En un informe divulgado el mes pasado, MRGI alertó que la situación de derechos humanos en Sri Lanka se deteriora rápidamente.
"Hay informes diarios de asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros", indica el informe.
El estudio señala que, a menos que Sri Lanka, que se prepara para celebrar sus 60 años de la independencia el 4 de febrero, "comience a tratar cuanto antes su crisis humanitaria, las minorías del país tendrán poco para festejar".
Farah Mihlar, de MRGI, dijo a IPS que la ONU no ha adoptado aún ninguna resolución sobre Sri Lanka en parte debido a que muchos de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, son aliados de Colombo.
