Investigaciones que se llevan a cabo en Italia y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos prueban que Perú no fue ajeno al Plan Cóndor, concebido en los años 70 y 80 para reprimir y eliminar opositores de varios países sudamericanos.
La jueza de Roma, Luisianna Figliolia, pidió a fines de diciembre la detención de 140 personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay para juzgarlas por la desaparición de 25 ciudadanos italianos en el marco del Plan Cóndor. Uno de los investigados es Morales Bermúdez.
Dos de los cuatro montoneros capturados en Lima ostentaban ciudadanía italiana.
"Asumo mi responsabilidad política" por aquella detención, declaró Morales Bermúdez al conocer la noticia. Pero negó que Perú haya formado parte del Plan Cóndor, una coordinación de las agencias de inteligencia de las dictaduras militares sudamericanas que en los años 70 y 80 compartían información y ejecutaban operaciones conjuntas para liquidar a presuntos subversivos.
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La condena de hasta 25 años de prisión emitida el 18 de diciembre por el juez argentino Ariel Lijo contra ocho ex altos mandos del Batallón 601 de Inteligencia del ejército de ese país se basó en parte en documentos secretos del Departamento de Estado, desclasificados por la institución no gubernamental estadounidense National Security Archive.
Esos documentos muestran que Perú tomó parte del Cóndor.
Agentes del Batallón 601 se trasladaron a Lima en junio de 1980, un mes antes de que Morales Bermúdez entregara el poder al presidente elegido, Fernando Belaúnde Terry.
En coordinación con agentes peruanos, los argentinos buscaban capturar a un grupo de presuntos montoneros que planificaban una reunión importante en Lima.
El investigador estadounidense John Dinges, autor del libro "Operación Cóndor: Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur", logró hacer público otro documento respecto de la participación peruana.
Se trata de un memorando fechado el 14 de abril de 1978, suscrito por el jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Chile, coronel Jerónimo Pantoja Henríquez, que consigna las coordinaciones con el servicio de inteligencia militar peruano como parte del Cóndor.
"Los peruanos definitivamente formaron parte del Plan Cóndor. Los militares lo niegan, pero, según las evidencias que encontré, sí tuvieron participación", había dicho en su momento Dinges a este corresponsal de IPS.
Según Morales Bermúdez y su ex primer ministro Pedro Richter, también requerido por la jueza Figliolia, Perú no podía formar parte de ese plan porque en esa época había desconfianza con el gobierno de Chile, país que encabezó el Cóndor.
"Ese no es un argumento válido porque Argentina y Chile, y Bolivia y Paraguay también tenían problemas y sin embargo hicieron operaciones en conjunto", sostuvo Dinges.
En su opinión, "es lógica la participación peruana porque Morales Bermúdez, después de abandonar el modelo socializante del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), quiso hacer un gobierno militar más tradicional, lo que implicaba restablecer las relaciones con los otros gobiernos militares, como el chileno y argentino. Y efectivamente así fue".
El operativo del Batallón 601 en Lima se ejecutó entre el 9 y 15 de junio de 1980. Se inició a partir de la detención en Argentina de Federico Frías, quien, luego de incontables torturas, decidió colaborar con los agentes argentinos.
Lo trasladaron a Lima después de que reveló que en esa ciudad se llevaría a cabo una "cumbre" montonera dirigida por el líder Roberto Perdía. Como resultado del operativo, fueron detenidos Noemí Gianetti de Molfino, integrante de la asociación humanitaria Madres de Plaza de Mayo, María Inés Raverta y Julio César Ramírez.
La hija de Noemí Gianetti, Marcela Molfino, y su yerno, Guillermo Amarilla, habían sido secuestrados y desaparecidos.
Gianetti de Molfino, Raverta, Ramírez y Frías fueron entregados entonces a militares bolivianos y nunca más se los vio con vida. El cadáver de la primera apareció poco después en un hotel de Madrid, el 21 de julio de 1980.
Uno de los documentos desclasificados, fechado el 19 de junio de 1980, demuestra que el operativo argentino-peruano-boliviano encaja con el modelo de cooperación del Plan Cóndor.
Es un reporte del responsable de la Oficina Regional de Seguridad (RSO, por sus siglas en inglés) de la embajada de Estados Unidos en Argentina, James B. Blynstone, remitido al embajador Raúl Castro.
"El lunes 16 de junio de 1980, la RSO se reunió con un miembro del servicio de inteligencia argentino. ( ) Fue durante esta conversación que la fuente señaló que el (Batallón) 601, con la cooperación de la inteligencia militar peruana, detuvo a cuatro argentinos en Lima, Perú. ( ) Los cuatro sujetos son importantes miembros de la jerarquía de los Montoneros. La situación actual es que los cuatro argentinos detenidos en Perú serán expulsados a Bolivia de donde a su vez serán expulsados a Argentina. Una vez en Argentina serán interrogados y permanecerán desaparecidos. La fuente señaló que (el Batallón) 601 tenía un buen récord apresando terroristas que habían escapado de su país y se preparaban para reingresar". El operativo afectó las relaciones entre las dictaduras de Perú y Argentina, porque pudo escapar Gustavo Molfino, quien acompañaba a su madre Noemí Gianetti y consiguió denunciar el caso.
El escándalo afectó a Morales Bermúdez y al dictador argentino Jorge Rafael Videla, quien buscó responsables entre los oficiales del Batallón 601.
Las peleas intestinas en el grupo represor están descritas en otro documento. El 21 de agosto de 1980, un funcionario de la sección de asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos en Argentina, Townsend B. Friedman, informó a su cancillería de una entrevista secreta que sostuvo con un alto oficial de la inteligencia argentina.
El contacto le informó sobre las dimensiones del problema surgido por el caso de los cuatro detenidos: "(El coronel Luis) Arias Duval y (el coronel Julio César) Bellini (Bellene) parecen estar tratando de culpar a (coronel Waldo Carmen) Roldón (Roldán) por los secuestros de montoneros en Perú como un juego de poder contra Roldón (Roldán)", escribió Friedman.
Arias Duval y Roldán fueron sentenciados en diciembre a 25 y 23 años de prisión respectivamente, por haber participado en operativos de secuestro y asesinatos en 1980.
Al coronel Bellene la muerte lo salvó de la sentencia unas semanas antes, el 23 de noviembre.
Ahora toca a los socios peruanos del Batallón 601 responder por los hechos ocurridos hace 27 años.
El presidente peruano Alan García podría convertirse en un obstáculo. Al conocerse el pedido de arresto de la jueza italiana, respaldó al ex dictador Morales Bermúdez y anunció que se opondría a un eventual pedido de extradición.
