Mientras en Chile los mapuches denuncian que el Estado ha «criminalizado» sus actos de protesta por demandas territoriales, en México y Perú muchos indígenas están encarcelados porque no hubo un traductor que les explicara de qué estaban acusados.
Pero las causas, condiciones y duración del encarcelamiento y los testimonios de expertos revelan que su marginación los hace más vulnerables a los abusos del sistema y a las fallas habituales del debido proceso en la región.
En Chile, hay nueve etnias reconocidas por el Estado. Según estadísticas de 2006, el pueblo mapuche está conformado por 922.833 personas, que representan 87,2 por ciento de la población indígena del país.
De acuerdo con un estudio de Gendarmería (guardia de prisiones), en 2005 había 1.207 indígenas encarcelados en cinco regiones: 82,9 por ciento eran mapuches.
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En las cárceles chilenas hay 43.000 personas en una población nacional superior a los 16 millones. Mientras 6,6 por ciento de los habitantes son indígenas, los nativos constituyen 2,8 por ciento del total de reclusos.
Los principales delitos cometidos por los indígenas fueron contra la propiedad (50,2 por ciento) y contra las personas (15,9 por ciento), además de tráfico de drogas e infracción a la ley de armas (15,2 por ciento).
Aunque los mapuches presos están vinculados mayoritariamente a delitos contra la propiedad, las estadísticas no especifican cuáles fueron cometidos en el marco del conflicto ancestral que mantiene ese pueblo originario con el Estado, por sus demandas de mayores derechos territoriales, políticos y culturales.
Según estimaciones de la agrupación mapuche de Santiago Meli Wixan Mapu, al comenzar 2008 hay 15 "presos políticos mapuches" en las cárceles del sur del país, la mayoría de ellos juzgados por la severísima ley antiterrorista impuesta durante la dictadura (1973-1990) y modificada en democracia.
Desde 1990 a la fecha cerca de 500 mapuches habrían sido procesados por su participación en actos de protesta social. Hoy estarían encausados cerca de 150. Algunos delitos imputados son usurpación de tierras, atentados incendiarios a predios agrícolas y forestales, amenazas y daños a dueños de latifundios, robo de animales y madera y desórdenes públicos.
En su libro "Los mapuches ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile", el investigador Eduardo Mella plantea que los cuatro gobiernos de centroizquierda en el poder desde 1990 han postergado la resolución del conflicto que mantiene el Estado chileno con el pueblo mapuche desde fines del siglo XIX, cuando comenzó la usurpación de tierras, traspasándolo al ámbito judicial para desmovilizar a las comunidades.
La teoría de la "judicialización" y "criminalización" de la protesta mapuche tomó fuerza a partir de 2001, cuando el entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la mentada ley antiterrorista, hecho criticado por numerosos organismos nacionales y extranjeros, entre ellos el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en su informe sobre Chile (2003).
"Casi todos los comuneros quedan en prisión preventiva (medida que sólo se debe aplicar en casos excepcionales) dos o tres meses, independiente de que sean absueltos o que no perseveren las causas. En muchos casos la prisión preventiva es la pena en sí", señaló a IPS Mella.
Hay comuneros que prefieren permanecer en la clandestinidad por considerar que no existen garantías en los procesos judiciales. Las comunidades en conflicto también denuncian graves atropellos policiales en allanamientos en busca de pruebas y prófugos.
En 2006, el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas documentó 18 casos de violencia policial y en 2007 otros 26. Este año se inauguró con el asesinato del joven universitario Matías Catrileo, baleado por la policía mientras participaba junto a un grupo de comuneros en la toma de un predio privado.
En las prisiones mexicanas hay unas 250.000 personas, y 8.767 son indígenas. La población de México asciende a 104 millones y la aborigen se calcula en 12 ó 13 millones.
En un país donde 12 por ciento de los habitantes son indígenas, los nativos tras las rejas constituyen apenas 3,5 por ciento del total de encarcelados.
Desde mediados de los años 90, el gobierno asumió que la encarcelación indígena era un grave problema social y definió programas de apoyo para los involucrados.
Según estudios de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la mayoría están detenidos por agresiones, robo y delitos contra la salud como siembra de enervantes y transporte de droga.
En 2007, el gobierno destinó unos 900 millones de dólares para seguir estos casos, dar asesoramiento a los detenidos y lograr, si es posible, su excarcelación.
Según la CDI, en la mayoría de los casos los indígenas permanecen recluidos por falta de recursos para cubrir fianzas o cumplir financieramente con la llamada "reparación del daño".
Los estados con mayor concentración de presos indígenas son el sureño Oaxaca, con 1.602, el central Puebla con 1.525, Chiapas con 686, Veracruz con 576 y Yucatán con 563.
Entre enero y noviembre de 2007, el programa de la CDI logró la liberación de 620 indígenas, principalmente hombres.
"Desgraciadamente cometen alguna falta en contra de la sociedad, a veces una falta menor, que puede ser el robo para poderse alimentar, y los privan de la libertad", alertó Jesús King, director de Promoción de Convenios en Materia de Justicia de la CDI.
"Es una barbaridad lo que pasa con muchos hermanos. Están presos simplemente porque no hubo un traductor y un abogado que les explicara bien de qué se les acusaba. Eso está cambiando, aunque lentamente", dijo a IPS Gilberto Rivera, abogado de la etnia nahua que asesora privadamente a presos indígenas.
"Estar preso para un indígena representa un escalón más en la cadena de discriminación. Hablo de racismo, pero también de pobreza, ignorancia y falta de nivel educativo. Como es el caso de toda América Latina, aquí los indígenas son la última rueda del coche, pero, eso sí, somos muy orgullosos de nuestro pasado precolonial", acotó el jurista.
Algo similar ocurre en Perú, donde 176 indígenas permanecen recluidos al comenzar 2008, según estadísticas del gubernamental Instituto Nacional Penitenciario.
Aunque la cifra es pequeña si se la compara con los 41.428 presos del ámbito nacional y con los más de 8,7 millones de indígenas peruanos, las razones de la reclusión dan cuenta del grado de vulnerabilidad en que vive la población originaria.
Sin embargo, se acentúa la misma tendencia de Chile y México: con una población indígena de 32 por ciento de los 27 millones de habitantes de Perú, los presos nativos son apenas 0,42 por ciento del total nacional de encarcelados.
En la mayoría de los casos, los indígenas son recluidos porque las "autoridades judiciales no consideran sus características culturales y tampoco ofrecen las garantías procesales como la participación de un intérprete en el idioma originario del aborigen durante el juicio", dijo a IPS la responsable de la Defensoría del Pueblo de Ucayali, Margot Quispe.
Como en la región amazónica de Ucayali se concentra el mayor número de aborígenes detrás de las rejas, Quispe impulsa una mesa de diálogo con las autoridades de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Sólo el Centro Penitenciario de Pucallpa de Ucayali alberga a 101 indígenas entre sentenciados y procesados. Quince por ciento de esos casos se deben a enfrentamientos con colonos o empresas extractivas que amenazan sus territorios.
Los indígenas presos son mayoritariamente hombres. El principal delito que se les imputa es violación sexual, un delito cuyo alcance colisiona con la costumbre de las comunidades nativas de iniciación sexual muy temprana: una mujer a los 13 ó 15 años de edad ya puede concebir hijos y formar una familia. Le siguen el tráfico de drogas y el homicidio.
La responsable del área legal de la organización regional indígena de Ucayali, Carla Pizarro, explicó a IPS que muchos nativos son acusados en venganza por colonos o madereros ilegales cuando aquéllos se oponen a sus actividades.
"Los denuncian de violar a mujeres de las comunidades o de robo cuando los líderes de las comunidades detienen las embarcaciones de madera ilegal que extraen de sus bosques", asegura Pizarro.
Milton Silva, un dirigente indígena histórico de Ucayali recluido en Pucallpa, está acusado de homicidio porque supuestamente habría instigado a los aborígenes de la comunidad Nuevo San Juan a asesinar a golpes a un colono que usurpaba sus tierras y que mandó a balear a uno de los nativos.
Pero Silva niega haber estado en el lugar de los hechos. "Fui convocado por los hermanos indígenas pocos días antes para brindarles asesoría legal porque yo trabajaba con la abogada de la organización indígena. Pero nunca les pedí que recurrieran a la violencia", declaró a IPS que lo visitó en la cárcel.
*Con aportes de Diego Cevallos (Ciudad de México) y Milagros Salazar (Lima y Pucallpa).
