La Coordinadora Genocidio Nunca Más, que agrupa a víctimas de la guerra civil de Guatemala (1960-1996), denunció este jueves ante la justicia a cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que anularon en diciembre el proceso contra siete acusados de delitos contra la humanidad.
El 12 de diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló el proceso abierto contra cinco generales, entre los que se encuentra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), actualmente diputado, y dos civiles acusados de genocidio por la justicia de España, argumentando que ese país no tiene competencia para investigar esos delitos.
"La resolución es tendenciosa, viola el derecho internacional y obstruye completamente la posibilidad de esclarecer el genocidio", agregó Menchú, quien pidió al procurador general de los Derechos Humanos, Sergio Morales, que investigue "las anomalías y tendencias que llevaron a la Corte de Constitucionalidad a resolver de esa manera".
La Audiencia Nacional española —tribunal compuesto de varias salas que entiende de materias penales, administrativas y laborales importantes— dejó sin efecto el miércoles las "comisiones rogatorias libradas en Guatemala en la presente causa a la vista de la negativa de las autoridades del país a colaborar" y llamó a las "víctimas, perjudicados y testigos" a suministrar información sobre estos crímenes, según consta en el documento al que tuvo acceso IPS.
[related_articles]
La disposición del tribunal estima "oportuno solicitar a los medios de comunicación guatemaltecos y de países limítrofes (Belice, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, y Estados Unidos) la publicación de una nota para que las víctimas, perjudicados, testigos, investigadores, suministren a este juzgado información sobre el genocidio y demás delitos cometidos contra el pueblo maya en Guatemala".
La Federación Internacional de Derechos Humanos aplaudió en un comunicado la decisión de la Audiencia Nacional, que apunta, a pesar de todo, a "juzgar los crímenes atroces que se cometieron durante lo que fue el más grande genocidio de toda América Latina en el siglo XX" y pidió al nuevo presidente de Guatemala, Álvaro Colom, investido el lunes, "que rompa con el ciclo de impunidad y colabore plenamente".
En la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos se dieron cita este jueves junto a Menchú decenas de activistas portando carteles con fotos de los acusados en los que se leía: "Se buscan, orden de arresto internacional por genocidio, torturas y detenciones ilegales".
La líder indígena, creadora de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT), presentó en 1999 una denuncia ante la Audiencia Nacional española por delitos de genocidio, torturas, terrorismo de Estado y otros crímenes contra la humanidad.
El tribunal español emitió el 7 de julio de 2006 una orden internacional de captura con fines de extradición a ese país contra Ríos Montt y otros funcionarios de su gobierno también acusados por Menchú. Se les imputa la comisión de delitos de genocidio, torturas, terrorismo y detenciones ilegales.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investigaba desde 2005 la muerte de unas 250.000 personas durante los regímenes militares que gobernaron Guatemala con mano de hierro entre 1961 y 1966, y con especial gravedad entre 1978 y 1984.
Según el auto del tribunal español, 93 por ciento de los crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, 430 aldeas fueron borradas del mapa y hubo 667 masacres.
Ochenta y tres por ciento de las víctimas, muchas de ellas torturadas, eran miembros de la etnia originaria maya y 17 por ciento eran ladinos (mestizos). Cerca de 1,5 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares, más de 45.000 siguen desaparecidas y 150.000 buscaron refugio en México.
Como consecuencia del incendio de la se de de la embajada de España en Guatemala del 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, el juez acusó a Ríos Montt, al general retirado Óscar Humberto Mejía Víctores, al ex presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) y a los ex ministros Ángel Aníbal Guevara, un general, y Donaldo Álvarez Ruiz.
También inculpó al director de la Policía Nacional, Germán Chupina, al policía Pedro García Arredondo y al ex jefe del Estado Mayor, Benedicto Lucas García.
"Pese a los múltiples intentos por parte de España, no ha habido colaboración judicial de las autoridades de este país centroamericano, demostrándose, por parte del Estado guatemalteco, una clara actitud dilatoria, sino por problemas de firma y recursos de los imputados", destaca el documento de la Audiencia Nacional.
Además, "al considerar lo que ocurrió contra el pueblo maya como un delito político, Guatemala incurre en una violación de la obligación asumida por todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar el delito", advirtió.
El abogado de la FRMT, Benito Morales, afirmó que la resolución de la Corte de Constitucionalidad de anular los procesos "es totalmente violatoria de los derechos fundamentales, y parcial, porque se ampara en ciertos criterios para preferir al sector de los acusados".
"Vamos a demostrar que se trata de una discriminación de carácter político y veremos si no tiene también carácter étnico porque los acusados no son indígenas, ni los miembros de la Corte, pero sí lo son la mayoría de las víctimas del genocidio", agregó.
Menchú felicitó a la Audiencia Nacional, "que abre una nueva etapa en el proceso" y anunció que viajará en la primera quincena de febrero a Madrid, donde ratificará su denuncia ante el tribunal español en el que también se tomará "en breve" declaración a los testigos del genocidio.
"Esta etapa significa la universalización del juicio del genocidio de Guatemala", ya que testigos y víctimas de otros países podrán aportar sus declaraciones, dijo Menchú. "Es un gran triunfo para los difuntos y un avance para la justicia universal", agregó.
Asimismo, anunció que entregará al presidente Colom copias de la denuncia penal interpuesta este jueves ante los tribunales, así como de la resolución de la Audiencia Nacional, "porque es un asunto de Estado, gravísimo a nivel mundial".
Morales, por su parte, dijo que entendía "las preocupaciones de las víctimas" y reconoció que en Guatemala "la regla es y ha sido la impunidad".
Foto de IPS/Inés Benítez
