Con la ratificación parlamentaria en abril del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, El Salvador asumió el compromiso de controlar el movimiento transfronterizo de productos transgénicos, afirman ambientalistas. Pese a las limitaciones del texto, su “entrada en vigor es un avance importante en materia de legislación ambiental, por ser el primero que establece el Principio de precaución dentro sus disposiciones operativas”, dijo a Tierramérica Angel Ibarra, presidente de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña.
Junto con otras organizaciones, universidades y sindicatos, la UNES participa desde hace dos años en la Red Ciudadana Frente a los Transgénicos.
El Protocolo de Cartagena debe ser ratificado por 50 países antes de entrar en vigencia. Nicaragua y Panamá son los dos países centroamericanos que ya han cumplido ese proceso.
Una vez que el instrumento sea promulgado por decreto presidencial, El Salvador será la nación 49 en completar el trámite.
