El presidente de Perú, Alan García, enviará al Congreso legislativo un proyecto de ley para facilitar la compra de tierras de comunidades campesinas por parte de inversionistas extranjeros.
Aunque analistas políticos afirman que la iniciativa generará más conflictos sociales, el presidente argumentó que los comuneros no tienen la formación ni los recursos económicos necesarios para incorporar valor agregado a sus propiedades.
El proyecto establece que sólo se requerirá la aprobación de 50 por ciento más uno de los votos de los miembros de las comunidades para que los inversionistas privados puedan comprar o alquilar esas tierras.
Actualmente, la Ley de Inversión Privada dispone en su artículo 11 que para esas operaciones hace falta el consentimiento de dos tercios de la Asamblea General de los campesinos.
Al defender sus planes para fomentar las inversiones en el país, García calificó a quienes critican su iniciativa de "perros del hortelano", porque actúan a su juicio según el principio "si no lo hago yo que no lo haga nadie".
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"Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia", aseguró el mandatario en uno de los dos artículos que publicó sobre este tema en el diario El Comercio de Lima, de circulación nacional.
Las propiedades comunales son "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología", argumentó.
"Lo que busca García es profundizar el modelo capitalista flexibilizando aún más el marco legal para los inversionistas, que se había vuelto concesivo desde el gobierno de Alberto Fujimori" (1990-2000), dijo a IPS el economista José de Echave, de la no gubernamental CooperAcción.
Durante la gestión de Fujimori las tierras comunales dejaron de ser "inalienables, imprescriptibles e inembargables" y se estableció el mecanismo del voto en asamblea para legitimar el uso de esas tierras por terceros, aunque con la exigencia de obtener una mayoría calificada de dos tercios.
Los anuncios de García se inscriben en la estrategia establecida por su gobierno hace algunos meses, cuando planteó el objetivo de lograr que el sector minero invierta 10.000 millones de dólares en proyectos durante su mandato que finaliza en 2011.
Pero una cosa es que los campesinos decidan vender sus tierras voluntariamente, como dueños legítimos, y otra muy diferente que el presidente plantee que quienes no lo hacen son "perros del hortelano" que frenan el desarrollo, afirman los críticos.
"Esto sin duda generará resistencias en las comunidades y más conflictos", aseguró el sociólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Sinesio López.
El caso más emblemático de conflicto por la tierra es el que enfrenta a las comunidades de la región de Piura, norte del país, y la minera Majaz.
Los campesinos denuncian que la compañía ha usurpado sus tierras, porque en 2003 inició labores de exploración en sus territorios sin conseguir los dos tercios de los votos de la asamblea general de la comunidad.
El 23 de noviembre el juez penal de la provincia de Ayabaca, Rafael Romero, abrió una investigación penal contra directivos de Majaz por este tema.
De Echave opina que no puede existir una propuesta de desarrollo en el país si no se incluye a los comuneros. Existen regiones donde las comunidades campesinas ocupan 80 por ciento de sus territorios, como en el caso de Apurímac.
"Se comete el error de plantear el desarrollo con una mirada desde Lima y no desde la compleja realidad de las zonas rurales donde necesariamente hay que incluir a estos campesinos", agregó.
El presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, Jaime Cáceres Sayán, elogió a García por su artículo en El Comercio.
"Creo que es una publicación contundente" y "tenemos que saludarla porque plantea una agenda con temas específicos, con planteamientos concretos que involucran no sólo la acción del Ejecutivo, sino también del Congreso legislativo" para mejorar la productividad, dijo.
El presidente defendió su propuesta de reducir a la mitad más uno la mayoría necesaria para obtener luz verde a estas operaciones en las asambleas comunitarias. Comparó la situación con lo que sucede en los sindicatos a la hora de determinar si van a la huelga, decisión que requiere ese porcentaje. "¿Por qué sí para éstos y no para las comunidades campesinas?", se preguntó.
López afirmó que la comparación es absurda. En el caso de las comunidades "deben considerarse no sólo derechos colectivos sino sus razones culturales y de organización. Así como se respeta el derecho de las grandes corporaciones tiene que respetarse la propiedad de los pobres", apuntó.
De Echave precisó que la organización sindical está asociada a diversos sectores productivos, mientras que en el caso de las comunidades campesinas hay incluso aspectos históricos vinculados a la tierra porque viven en sus lugares de origen.
El presidente García ha dicho, por ejemplo, que los ambientalistas han creado la figura del nativo selvático "no contactado" —"desconocido pero presumible"— para oponerse a la extracción de petróleo en la Amazonia.
Les parece mejor, argumentó, que el crudo permanezca "bajo tierra mientras se paga en el mundo 90 dólares por cada barril. Es preferible para ellos que el Perú siga importando y empobreciéndose".
García señaló que el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX, que se disfrazó de proteccionista en el siglo XX, "cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista. Pero siempre anticapitalista, contra la inversión".
Bajo esta concepción, en la zona andina de Perú la superficie de terrenos autorizados por el gobierno nacional para la actividad minera se incrementó 77,4 por ciento entre 2002 y mayo de 2007: de siete millones de hectáreas a 13,2 millones, según CooperAcción.
"Ahora todo es para el capital y nada para el mundo social. El presidente se olvida del tema medioambiental. Esperemos que en otro artículo se ocupe de este último punto", señaló López.
El economista de la Universidad de Lima Javier Zuñiga opinó que el análisis de García es bastante honesto. Sin embargo, consideró que para evitar los conflictos con las empresas privadas, principalmente las del sector de industrias extractivas, debería crearse una superintendencia de inversión.
"Esta entidad permitiría que el inversionista no termine comiéndose al agricultor en los Andes o al nativo en la selva porque el Estado podría protegerlo. Así se podría controlar el ingreso respetando ciertas condiciones culturales, sociales y económicas", dijo a IPS.
García también cuestionó el modelo minifundista pues tecnología sólo se genera "un círculo de miseria", por lo que se debe dar impulso a la mediana propiedad y a la clase media agrícola que sabe conseguir recursos y buscar mercados.
Sin embargo, el economista e investigador de la Universidad del Pacífico, Jürgen Shuldt, consideró que el gobierno no adopta políticas públicas que permitan que los campesinos y los nativos de la selva se asocien y puedan generar sus espacios de desarrollo.
"Simplemente se les tilda de incapaces. Y se les quiere tratar como en la época de la colonia, como a una especie de pequeño niño al que se quiere arrimar a la punta de los cerros", afirmó.
