Una cantidad indeterminada de singapurenses muestran decepción porque el gobierno se opone a que la ONU declare una moratoria internacional de las ejecuciones de condenados a muerte. Según ellos, es incomprensible que se defienda ese castigo.
"¿Por qué Singapur es tan torpe al defender la pena de muerte cuando la mayoría de las naciones están en contra?", se preguntó un abogado de Singapur, que pidió reserva de su identidad por temor a que su estudio reciba sanciones.
"Tenemos que seguir la tendencia mundial de abolirla o, al menos, dictar la moratoria sobre las ejecuciones", señaló al ser consultado por teléfono.
"Si podemos ser los primeros en volar aviones comerciales Airbus 380, ¿por qué estamos entre los últimos en defender y mantener las ejecuciones?", insistió. "Y después nos jactamos de marcar tendencias…"
Singapur fue uno de los pocos países en oponerse a la declaración de moratoria aprobada en primera instancia, el 15 de noviembre, por el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). La moción obtuvo 99 votos a favor, 52 en contra y 33 abstenciones.
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Ocho naciones se ausentaron del recinto de votación: Guinea-Bissau, Kiribati, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Seychelles, Somalia y Túnez.
China, Estados Unidos, Singapur y numerosos países en desarrollo, en especial del mundo islámico, se unieron en el voto por el "no", tras un enconado debate.
Entre los que se abstuvieron figuraron Belarús, Bhután, Camerún, Chad, Congo, Cuba y República Centroafricana.
Se espera que el plenario de la Asamblea General, que reúne a los 192 miembros de la ONU, apruebe la resolución antes del 25 de este mes, según varios diplomáticos consultados.
Los detractores de la moratoria consideran que los 87 patrocinadores del proyecto pretenden imponer sus valores al resto del mundo. Advierten que la pena de muerte es, ante todo, una "cuestión de justicia penal" que es competencia de las autoridades nacionales.
Además, aseguran que la resolución constituye una interferencia en los asuntos internos de los estados soberanos.
Entre los países en desarrollo que defendieron abiertamente la pena capital se destacan Barbados, Egipto y Malasia.
La declaración pretende que las naciones que mantienen el máximo castigo dicten una moratoria sobre las ejecuciones con miras a su abolición.
El embajador de Singapur en la ONU, Vanu Gopala Menon, consideró que los patrocinadores de la resolución "tratan de imponer un conjunto de creencias particulares al resto de las naciones".
La postura de Singapur, cuyas leyes prevén la pena capital para el homicidio, el narcotráfico y otros delitos, sembró el malestar en activistas nacionales de derechos humanos.
Numerosos comentarios muy críticos aparecieron en blogs y sitios de Internet de ese país, donde rige un fuerte control sobre la prensa y los debates públicos escasean.
"Nos disgusta mucho, pero no nos sorprende, que Singapur encabece la oposición a la moratoria", dijo Sinapan Samydorai, director de la organización de derechos humanos Think Centre.
"Con más de 400 ejecuciones desde 1991, nadie debería sorprenderse de que Singapur encabece el grupo de detractores", dijo Samydorai a IPS por teléfono desde Bangkok.
En total, 130 naciones derogaron la pena de muerte. Sólo 25 realizaron ejecuciones el año pasado. "Singapur encabeza este último grupo de países", subrayó Samydorai.
La declaración de la Asamblea General no será obligatoria, pero su llamado a la abolición con respaldo de la mayoría de los países tendrá un peso significativo en la opinión internacional.
Singapur condenar a muerte a entre 10 y 20 personas al año, la mayoría por tráfico de drogas, indicó Samydorai. Sin embargo, advirtió, numerosas investigaciones demuestran que ese castigo no es efectivo como disuasivo.
"La abolición de la pena capital sigue siendo una misión ardua aquí", remarcó. Varias razones explican la defensa por parte de Singapur del máximo castigo.
Este país tiene una gran influencia china, pues 76 por ciento de su población tiene ese origen.
Por lo tanto, el sistema legal concibe los castigos duros como disuasivo y como medio de restaurar la normalidad y mantener "la armonía y la paz en un sentido confuciano", explicó Samydorai, en alusión al filósofo chino Confucio.
"Detrás de la resistencia a abolir la pena de muerte o incluso a acceder a la moratoria de las ejecuciones existe un sistema de valores tradicionales que considera a los castigos fuertes y duros una solución", indicó.
Singapur también considera que la declaración de la ONU afecta su derecho nacional soberano.
Por otra parte, esta ciudad-estado considera que la pena de muerte es un mecanismo que le permite mantenerse limpia de delincuentes, drogas y otros "elementos indeseables", indicó.
"Es como una barrera defensiva, un muro artificial para 'proteger' a Singapur", apuntó Samydorai.
Activistas sostienen que Singapur, que tiene un gran dinamismo financiero y comercial, debe adoptar políticas más progresistas.
"Debe reconocer el derecho a la vida dispuesto en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho inherente a la vida de toda persona", recordó Samydorai.
"Ya no se puede justificar más un sistema de justicia penal que recurra a la pena de muerte sobre la base del concepto de represalia", subrayó.
