Al esgrimir la Ley de Seguridad Interna para arrestar a los organizadores de una marcha pacífica contra la discriminación en perjuicio de la minoría india, el gobierno de Malasia alimenta la oposición nacional e internacional contra esta añeja norma.
El Movimiento para Prohibir la Ley de Seguridad Interna (GMI, por sus siglas en malayo), en el que participa 87 organizaciones no gubernamentales, desafiará este lunes a las autoridades realizando una manifestación callejera. El gobierno advirtió que no tolerará ninguna protesta pública.
"El uso de esta ley es completamente indefendible y protestaremos públicamente ante las autoridades y al gobierno", dijo a IPS el dirigente del GMI Syed Ibrahim Syed Noh.
"Esta ley cruel y arbitraria crea una situación propicia para la tortura y los malos tratos. Contradice descaradamente los principios internacionales de derechos humanos", agregó, en diálogo con IPS.
Badawi, durante mucho tiempo ensalzado como el "dulce padre de la nación", mostró su lado más duro al dar rienda suelta a la policía antidisturbios para disipar protestas.
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Entre ellas figuró la marcha realizadas por una decena de abogados que el lunes 10 conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos.
El enfoque gubernamental vigente, según el cual toda protesta constituye una "amenaza a la seguridad nacional", culminó el jueves con el arresto de cinco abogados, organizadores de la manifestación del 25 de noviembre contra la discriminación en perjuicio de la comunidad india.
Agentes de inteligencia policial arrestaron a los cinco en sus hogares u oficinas en la capital e inmediatamente los condujeron 300 kilómetros al norte, hacia el Campamento de Detenciones Kamunting, donde son mantenidos indefinidamente presos políticos sin ser sometidos a juicio.
Estos abogados, dirigentes de la no gubernamental Fuerza de Acción Hindú por los Derechos Humanos (Fahdh), fueron arrestados bajo la Ley de Seguridad Interna, luego que Abdullah calificó sus protestas de "amenazas".
Fahdh alega que la minoría india-tamil es marginada y sufre pobreza, privaciones y los efectos de una política que prioriza a la etnia malaya.
El comandante de la policía nacional, Musa Hassan, dijo en una declaración escrita que los cinco abogados permanecerán dos años en la cárcel y no descartó que se realizaran nuevos arrestos en los próximos días.
La detención puede extenderse por dos años sólo por decisión del Poder Ejecutivo y no puede ser apelada en los tribunales, según la ley aplicada.
La organización malasia de derechos humanos Suaram dijo que actualmente hay 84 presos bajo la Ley de Seguridad INterna Kamunting. Un hombre estuvo detenido durante 17 años antes de ser liberado, señaló la organización, que urgió al gobierno a liberar a los cinco abogados.
"La gente está conmocionada y disgustada. Simplemente no hay justificación para usar esta ley. Ellos protestaban pacíficamente. Deberían ser acusados ante los tribunales o bien liberados inmediatamente", dijo Sivarasah Rasiah, abogado experto en derechos humanos que representa a decenas de presos políticos y fundador de Suaram.
"La historia de la Ley de Seguridad Interna indica que muchos detenidos son sometidos a torturas, tratos inhumanos y degradantes, especialmente en las primeras semanas de detención", agregó.
El líder de los cinco abogados de Fahdh es Uthayakumar Ponnusamy, de 46 años, quien desde 1998 presiona para mejorar las condiciones sociales y económicas de la comunidad india y que es considerado por las autoridades como un extremista cuyas acciones son un peligro para la multiétnica de Malasia.
Waythamoorthy Ponnusamy, hermano menor de Uthayakumar, está en Londres luego de participar en una campaña realizada en India la semana pasada en procura de apoyo para Fahdh y de elevar la presión internacional sobre el gobierno malasio.
"Pueden arrestarnos a todos, pero no pueden anular nuestra protesta. No pueden negar que los indios son marginados y que viven como esclavos en su propio país", dijo Waythamoorthy, entrevistado telefónicamente desde Londres.
Ponnusamy se propone instalar una oficina de Fahdh en Londres para mantener la presión internacional y alentar un entendimiento entre las autoridades y la comunidad india en Malasia que les permita a sus integrantes prosperar, como otras colectividades.
Los indios constituyen alrededor de ocho por ciento de los 27 millones de habitantes del país, la mayoría ubicada en la franja inferior de la escala social y económica..
Los malayos representan 60 por ciento y controlan el gobierno, mientras que la comunidad china concentra un cuarto de la población y domina el comercio.
"Los últimos arrestos bajo la Ley de Seguridad Interna son un enorme paso atrás para la democracia", declaró el movimiento por reformas sociales Aliran.
"Nadie debería ser detenido sin ser juzgado. Arrestarlos bajo esta ley antidemocrática no resolverá las causas subyacentes de las quejas y la desilusión expresadas por los líderes de Fahdh, que tocaron una fibra sensible entre los malasios de origen indio", dijo Aliran.
"Es el temor a la pérdida de confianza lo que ha llevado al gobierno a adoptar esta acción desesperada", agregó.
El gobierno de Estados Unidos también expresó su esperanza en que los detenidos por la Ley de Seguridad Interna reciban plena protección y que sus casos sigan los principios del debido proceso.
El portavoz del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense Sean McCormack dijo a la prensa que su país espera que se les respeten todos los derechos que le corresponden a cualquier ciudadano, con un juicio rápido y transparente.
Activistas dijeron que la expresión de preocupación del gobierno de Estados Unidos da impulso al movimiento democrático.
Fahdh lanzó una campaña de firmas para urgir al gobierno a liberar a los cinco abogados. Alrededor de 70.000 firmaron la petición el primer día.
