Los esfuerzos realizados por el gobierno de México durante una década para eliminar, o al menos reducir de forma significativa, el narcotráfico y el consumo de drogas han conducido al fracaso.
En el último decenio, el consumo creció más de 50 por ciento, 11.800 personas fueron asesinadas entre 2000 y 2007 en conflictos vinculados con las drogas y los narcotraficantes mexicanos desplazaron a los colombianos como líderes en la venta a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial.
"Un mundo libre de drogas, nosotros podemos hacerlo", fue la consigna adoptada en 1998 durante la vigésima sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dedicada al problema global de las drogas ilegales.
En esa ocasión se acordó un plan de acción de 10 años que incluyó la cooperación entre los gobiernos, un ataque frontal a los vendedores y destrucción de plantíos.
También se adoptaron acciones para reducir el consumo, aunque según indican la mayoría de los análisis fue en los aspectos punitivos donde se puso mayor empeño.
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México, como la mayoría de los países, aplicó esa receta, recurriendo incluso a las fuerzas armadas, a las que consideró únicas capaces de igualar el poder de los narcotraficantes. Asimismo, dedicó millones de dólares para controlar el lavado de dinero y vigilar los pasos fronterizos.
Durante los últimos 10 años fueron detenidas en este país más de 90.000 personas, acusadas de participar en la cadena del narcotráfico. Unas 40 fueron señaladas como importantes líderes de los grupos mafiosos.
Sin embargo, la meta fijada por la ONU de librarse en 2008 del problema de la droga, o al menos atenuarlo, no fue cumplida en México ni en la mayoría de países, afirmó el experto Wellington Medrano.
Es el momento de repensar las estrategias aplicadas o cambiar de enfoque, dijo a IPS este investigador formado en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Medrano recordó que hay propuestas alternativas a las estrategias actuales. Entre ellas citó la legalización de ciertas drogas, la aplicación de políticas dirigidas a atenuar los daños a los consumidores, además de privilegiar la educación y la prevención.
Asimismo, consideró que debe demandarse a la ONU tolerancia para que los países experimenten caminos propios. En 1998, la Asamblea General del foro mundial determinó que los compromisos asumidos deberán ser evaluados y, de ser necesario, redefinidos en 2008.
La Fundación Beckley, un centro de estudios británico que analiza las estrategias de lucha global contra las drogas, sostiene que es evidente el fracaso del enfoque concertado hace 10 años por la comunidad internacional.
Los gobiernos deberían "comunicar el hecho de que el uso de estupefacientes no se puede erradicar, pero que se debería encontrar la manera de minimizar sus daños", dejando de lado la máxima moral sobre el deber de "eliminar el mal de las drogas", señaló un informe de la Fundación.
El gobierno mexicano del presidente Felipe Calderón prometió que en 2008 continuarán las acciones punitivas contra el narcotráfico y que los militares seguirán como puntales de esa lucha. A su entender, lo único que quieren los vendedores de drogas es "esclavizar a la juventud".
Su antecesor Vicente Fox (2000-2006), también había recurrido a las fuerzas armadas. Pero ha sido Calderón quien dio a los militares un grado de participación que no le habían otorgado otros mandatarios, si bien desde fines de los años 80 han actuado en este terreno.
El uso del ejército en una tarea básicamente policial dejó una estela de violaciones a las libertades fundamentales de las personas, indican informes de la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La estrategia de usar militares es avalada por el gobierno de Estados Unidos, promotor de los acuerdos adoptados por la ONU.
A partir de 2000, Washington financió el Plan Colombia, una estrategia antidrogas y contrainsurgente acordada con Bogotá.
A principios de noviembre de este año, la Iniciativa Mérida, negociada casi en secreto entre México y Estados Unidos, generó una fuerte polémica. Aunque se la presentó como un plan de ayuda antidrogas, también prevé controles migratorios y acciones contra el terrorismo.
El 21 de diciembre Calderón declaró que los soldados son el arma más poderosa contra las mafias y "el escudo protector que la ciudadanía necesita para vivir en paz".
"La guerra contra las drogas no se gana o se pierde", ya que se trata de una batalla interminable, dijo a IPS Jorge Chabat, un experto del Centro de Investigación y Docencia Económica.
Para Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, colocar a los militares a la cabeza de la política antidrogas no es una invención colombiana, ni mexicana, sino de Washington, que privilegia los aspectos punitivos sobre los preventivos y no acepta un cambio de estrategia.
"Hay que aclarar que no es la política del presidente Calderón. Es la política sobre drogas vigente en la mayor parte del planeta. Todos los países signatarios de las Naciones Unidas hacen lo mismo", sostuvo Astorga en una entrevista con el diario Reforma.
La evidencia disponible indica que México es un ejemplo del fracaso de esas políticas, señaló Medrano.
"Un mundo libre de drogas, nosotros podemos hacerlo", es una consigna que no tiene asidero en la realidad, afirmó.
Según estudios oficiales, 3,5 millones de mexicanos —de una población total de 104 millones— han probado drogas alguna vez, 500.000 lo hacen habitualmente y unos 280.000 son adictos severos.
El incremento del consumo fortaleció a los narcotraficantes locales, que desplazaron a los colombianos como los más poderosos de América Latina. Aunque varios jefes mexicanos fueron detenidos en los últimos años y en 2007 el gobierno hizo decomisos sin precedentes de drogas y dinero, el negocio permanece.
La violencia se incrementó durante la gestión de Fox, por disputas por los mercados y como respuesta a las acciones oficiales. Se cometieron 9.000 asesinatos. En el último año, con Calderón, fueron 2.800.
Se estima que ingresan a Estados Unidos unas 275 toneladas de cocaína al año y que sólo 36 son decomisadas en México, de donde sale más de 80 por ciento de la droga que abastece ese mercado.
