Identificado con una generación golpeada por la última dictadura militar argentina (1976-1983), el ex presidente Néstor Kirchner, de 54 años, se ganó el aprecio de organizaciones humanitarias por respaldar los juicios contra represores. A su sucesora, Cristina Fernández, la esperan nuevos retos.
Los procesos contra militares acusados de crímenes represivos cometidos en el período dictatorial se reanudaron con lentitud y dificultades en el último tramo del mandato de Kirchner (2003-2007), tras ser anuladas en 2005 dos leyes que habían suspendido las investigaciones penales de aquellos hechos.
Están pendientes cerca de 800 juicios contra ex comandantes, comprometidos en los casos más graves de secuestros, torturas, desapariciones, apropiación de menores y persecución de opositores fuera de fronteras. El poder judicial y el legislativo analizan variantes para simplificar este capítulo, pero hasta ahora ninguna idea cristaliza.
Este martes 18, el ex miembro de la última junta dictatorial y ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Cristino Nicolaides, de 82 años, fue sentenciado a 25 de prisión por la desaparición de cinco integrantes del grupo guerrillero Montoneros.
Otros cinco altos mandos de la fuerza, un policía y un civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército fueron condenados a penas de entre 20 y 25 años de prisión por el secuestro en 1980 de seis integrantes de Montoneros que habían regresado a Argentina desde el exilio en una operación conocida como "contraofensiva". Del total de secuestrados sólo quedó una sobreviviente.
Se trata de los primeros militares condenados desde la anulación de las leyes del perdón.
Mientras, en sólo cuatro procesos a dos ex policías, un sacerdote y un ex militar, el testigo Jorge Julio López permanece desaparecido desde 2006, y un acusado, Héctor Febres, murió envenenado en prisión cuatro días antes de oír su sentencia.
Estas son malas noticias para unos 4.500 testigos, la mayoría sobrevivientes de la represión.
Pero en este país donde se estima que la dictadura hizo desaparecer a unas 30.000 personas, la agenda pendiente de derechos humanos incluye otros asuntos que casi no abordó Kirchner, como la superpoblación de las prisiones, la violencia policial o la violación de derechos básicos de pueblos originarios.
"Hubo avances" en la lucha contra la impunidad, pero hay asuntos silenciados como las torturas en cárceles, la violencia contra la mujer y el abandono escandaloso en que viven algunos pueblos originarios, dijo a IPS el director ejecutivo para Argentina de Amnistía Internacional (AI), el español Rafael Barca.
El gobierno nacional tiene oficinas públicas que atienden estos temas, pero no proceden con la misma diligencia. De hecho, en su discurso inaugural, Fernández no los mencionó.
Según la Comisión contra la Tortura que funciona en el marco del gobierno de la provincia de Buenos Aires —el mayor distrito del país— en el último año se produjeron 6.000 hechos de violencia en unidades carcelarias provinciales que dejaron ocho muertos o heridos graves por mes.
Los datos forman parte del informe "Sistema de la Crueldad III" revelador desde el título. "En Argentina todos parecen aceptar como natural que en las cárceles no se respeten los derechos humanos", dijo Iñaki Ribera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de Barcelona, España, de paso por Buenos Aires.
Este año, en la norteña provincia de Santiago del Estero en un presunto motín murieron 37 reclusos.
Respecto de la violencia doméstica, AI pidió en noviembre que se le declarara la guerra desde el Estado. "No es un tema privado, se trata de una violación recurrente del derecho de la mujer a la integridad física, es una vergüenza para los derechos humanos", dijo Barca. Pero cada día, los diarios dan cuenta de una nueva tragedia en algún hogar.
Algo similar sucede con la trata de personas, un delito creciente en Argentina, con las mujeres como principales víctimas. Según las organizaciones que trabajan para la erradicación de este crimen, ya son cerca de 400 desaparecidas en los últimos años. Sin embargo no existe una legislación efectiva para perseguir a las mafias responsables. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, advirtió este año que se estaba produciendo "un exterminio silencioso" de pueblos originarios en la norteña provincia de Chaco, donde fallecieron 22 indígenas tobas y wichís por desnutrición y enfermedades relacionadas con la miseria.
"No se puede avanzar en base a la impunidad, pero hay muchos otros derechos humanos que no caminan hasta ahora y esperamos que lo hagan", advirtió Barca.
Con Kirchner éstos fueron asuntos casi ignorados.
"Formo parte de una generación diezmada, castigada por dolorosas ausencias", había dicho al asumir en 2003. Cuatro meses después, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se definió como "hijo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura que llevan décadas buscando a sus seres queridos y reclamando verdad y castigo a los culpables.
Su sucesora prometió mantener esa prioridad. En su investidura el 10 de este mes, Fernández recordó que en los cuatro años de gestión de Kirchner —a la sazón, su marido—, los tres poderes del Estado "derribaron el muro de la impunidad" al anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos que blindaron judicialmente a jefes y ejecutores de la represión ilegal.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales ambas leyes en 2005, y en 2007 hizo lo mismo con los indultos presidenciales.
La mandataria subrayó que los procesos reiniciados tenían un atraso de décadas. "Tenemos la obligación de diseñar los instrumentos para que, respetando los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, se pueda enjuiciar y castigar a todos los responsables del mayor genocidio de nuestra historia", sentenció.
Según las organizaciones de derechos humanos, esos nuevos mecanismos deberían contemplar procesos más amplios que concentren a acusados y testigos, no sólo para acortar los tiempos procesales y preservar a quienes presten testimonios, sino también para transmitir mejor la magnitud de los crímenes que se juzgan.
En la legislatura hay iniciativas bajo análisis, y la Procuración General de la Nación pidió a la Corte Suprema mecanismos menos tortuosos para los testigos pero sin avasallar garantías de los acusados. Organizaciones de derechos humanos consideran que lo ideal sería juzgar a los represores en causas divididas de acuerdo a cada centro de detención ilegal.
Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo a IPS que con el gobierno de Kirchner el movimiento de derechos humanos tuvo logros que "nunca hubiéramos imaginado" como la reapertura de varios juicios. "Pero falta", dijo.
Su postura es más crítica que la de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y de su par de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, feroz crítica de los mandatarios que se han sucedido desde la restauración democrática de 1983, pero firme defensora de la gestión de Kirchner.
Madre de un joven de 24 años secuestrado en 1976 y aún desaparecido, Cortiñas celebró los avances, pero consideró que se necesita la apertura de archivos sobre el destino de los desaparecidos y de niñas y niños apropiados por los secuestradores. La justicia debe ser "más expeditiva" para juzgar a los responsables antes de que mueran, agregó.
La defensa de los derechos humanos no se agota en el pasado, sostuvo. "Se mueren indígenas por inanición, por falta de acceso al agua. Los presos están hacinados y hay miles de detenidos por participar en protestas sociales".
Entre los gestos más recordados resalta la decisión del ex presidente de convertir la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, en un museo de la memoria. También ordenó retirar de la galería de retratos de los directores del Colegio Militar el cuadro de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Bignone.
En noviembre inauguró junto a su esposa un Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria, un paseo situado frente al Río de la Plata, en Buenos Aires, donde se presume fueron a parar los cuerpos de miles de detenidos del régimen.
Kirchner se despidió con la promulgación de una ley ratificatoria de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por las Naciones Unidas en 2006 a instancias del gobierno argentino.
