La ley promulgada en 2006 en Uruguay sobre desaparición forzada logró finalmente el procesamiento y prisión del general retirado Gregorio Álvarez, actor clave del golpe de Estado cívico-militar de junio de 1973 y cabeza del último tramo de la dictadura que se prolongó hasta 1985.
La actuación judicial está enfocada en la desaparición de 39 detenidos en Argentina, la mayoría militantes de los proscriptos Partido Comunista Revolucionario y Grupos de Acción Unificadora, trasladados a Uruguay en distintos momentos de 1978 por avión y lancha, explicó a IPS la fiscal del caso Mirtha Guianze.
En la investigación no se pudo confirmar si todos los detenidos, que pasaron por distintos centros ilegales de detención de la dictadura argentina (1976-1983) como Automotores Orletti, llegaron a Uruguay, excepto Carlos Cabezudo y Célica Gómez Rosano, quienes fueron vistos por sobrevivientes en la cárcel clandestina de La Tablada, en las afueras de Montevideo, agregó.
El resto de los secuestrados pudieron haber sido trasladados a Uruguay en distintas tandas y ejecutados, o haber sido arrojados vivos desde aviones militares al Río de la Plata, una acción practicada con miles de detenidos-desaparecidos por la Armada de Argentina.
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También en esta causa fue procesado con prisión el marino retirado Juan Larcebeau y, según confirmó Guianze, se cursó el pedido de captura internacional del también retirado capitán de navío Jorge Tróccoli, quien tiempo atrás reconoció en un libro de su autoría haber torturado a detenidos. Se supone que hoy estaría embarcado en un navío comercial en el exterior.
A media mañana de este lunes, el ex dictador Álvarez fue llevado a la jefatura de policía de Montevideo para su fichaje penal y luego trasladado a una cárcel en la que ya están alojados una decena de ex uniformados, presos por una gama variada de crímenes contra los derechos humanos perpetrados por el régimen dictatorial.
Su abogado, Juan Curbelo Tammaro, intentó detener la acción judicial renunciando a su función con el pretexto de "inexistencia de los principios del debido proceso legal y las garantías para la defensa" y acusando a la fiscal, ante lo cual se deberá nombrar a un defensor de oficio.
Pero el magistrado Charles ya había tomado su decisión. Corren a partir de ahora cinco días hábiles para presentar apelación, por lo cual Guianze entiende que el ex jefe militar pasará las fiestas de fin de año tras las rejas y hasta febrero no habrá novedades, por el asueto judicial del verano. El cargo que se imputa a Álvarez tiene una pena de 25 años de prisión.
A fines de los años 60 e inicios de los 70, Álvarez jugó un papel clave en el combate a la guerrilla de los Tupamaros y en la gestación del golpe de Estado de 1973.
Cuando Bordaberry disolvió el parlamento e ilegalizó los partidos políticos y las organizaciones sociales, Álvarez, hoy de 82 años, pasó a ser en el general más influyente desde su cargo de secretario permanente del recién instaurado Consejo de Seguridad Nacional.
Dueño de vida y bienes de cientos de miles de uruguayos, Álvarez firmó en julio de 1978 la circular 7777 en la que asumió su responsabilidad por las eventuales violaciones de derechos humanos que se pudieran cometer en el "combate a la subversión".
Ese documento se constituyó en una de las principales pruebas de los querellantes en muchos de los procesos por la suerte de unas 200 personas desaparecidas por la dictadura, la mayoría de ellas en Argentina.
Álvarez fue comandante en jefe del ejército entre 1978 y 1979, periodo en el que se cometieron los crímenes imputados, y primer mandatario del régimen desde el 1 de septiembre de 1981 hasta febrero de 1985, cuando dejó el cargo en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Addiego, mero encargado de entregar el poder al gobierno electo democráticamente.
Durante su régimen, decenas de miles de personas fueron torturadas y encarceladas ilegalmente, mientras otras tantas partieron al exilio.
Con su detención, se completa el procesamiento y prisión de los máximos responsables de la dictadura que aún están vivos y de los más importantes represores que actuaron bajo sus órdenes en el país, en Argentina y en otros países vecinos.
Bordaberry, que condujo el régimen hasta 1976, cumple prisión domiciliaria por razones de salud en espera de una condena por 14 homicidios especialmente agravados. Su canciller, Juan Carlos Blanco, está preso en Cárcel Central acusado de cuatro asesinatos y la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
En la prisión especial a la que fue llevado Álvarez este lunes, permanecen recluidos los ex uniformados Ricardo Arab, José Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y Ricardo Medina, entre otros imputados de delitos de lesa humanidad, todos también con cuentas pendientes en Argentina en los procesos por el Plan Cóndor y por desaparición de menores nacidos en cautiverio.
Una de las particularidades del juicio a Álvarez es la aplicación de la figura de desaparición forzada, contenida en el artículo 21 de la ley 18.026 que el año pasado incorporó a las normas penales nacionales ese delito de forma expresa, acorde a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay.
El abogado querellante Óscar López Goldaracena, autor de ese texto legal a pedido del gobierno del izquierdista Frente Amplio apenas asumió en 2005, comentó a IPS que su aplicación es una muestra de que "la cultura de la impunidad no tiene más cabida en la sociedad uruguaya".
"Es un día histórico para el país", apuntó, pero esto no debe quedar aquí, sino que debe servir para impulsar las investigaciones del Poder Ejecutivo para conocer el destino de los desaparecidos, exigiendo de las Fuerzas Armadas toda la información que posean de los crímenes de la dictadura, agregó
"Los familiares de las víctimas no podrán procesar su duelo hasta no saber lo que pasó", insistió.
"La noción de crimen contra la humanidad no quedó congelada en el Estatuto de Nüremberg, sino que evolucionó, se perfeccionó y logró autonomía, definió sus características esenciales (imprescriptibilidad, improcedencia de la amnistía, indulto, gracia, asilo político y refugio) y se materializó en un principio de derecho internacional general con rango de jus cogens, por el cual el castigo a los autores de esos delitos devino un imperativo universal", dijo el juez en su fallo.
La llegada al gobierno del Frente Amplio, una de las fuerzas más reprimidas durante la dictadura, y los cambios normativos ajustados al nuevo perfil internacional llevaron a la justicia a actuar de forma más decidida, pese a que aún rige la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que alejó a los represores de los tribunales por años.
El presidente Tabaré Vázquez se comprometió a hacer cumplir esa ley, que dispone investigar el destino de los desaparecidos y no impide enjuiciar a los máximos responsables de los crímenes (dictadores o jefes militares) ni a los acusados de delitos económicos y de apropiación de menores.
Sin embargo, esa norma ratificada por referendo en 1989, dejó en manos del Poder Ejecutivo decidir qué denuncia pasaba o no a la justicia. Los gobiernos derechistas y centroderechistas que sucedieron desde entonces cerraron casi completamente la puerta a la actuación judicial.
Vázquez pasó todas las causas que se le presentaron a los tribunales, y por esta u otras razones no hay ya casi ningún represor vivo que permanezca en libertad.
En esa promesa se funda Vázquez para negarse a sumar su peso político a la propuesta de anulación de la Ley de Caducidad, aunque el congreso de su partido aplaudió el domingo la iniciativa popular para conseguirlo, una señal de que, si funcionara la vía del referendo, se podría concretar en la próxima legislatura.
López Goldaracena destacó ese hecho, pero sostuvo que el procesamiento de Álvarez muestra lo inútil que es la Ley de Caducidad y la necesidad de una reforma constitucional que la elimine.
