La nueva Constitución de Bolivia consiguió vestirse de poncho y sombrero, el atuendo habitual de las grandes mayorías indígenas, pero no ha logrado el respaldo de las clases media y alta de las zonas ricas en gas, petróleo, madera y agropecuaria, que no cejan en la resistencia.
Hace un año y tres meses, la Asamblea Constituyente había nacido como el espacio de solución a las grandes diferencias económicas, la exclusión de los aborígenes y la sed de justicia de sectores empobrecidos, pero la corriente indigenista del presidente Evo Morales no logró unir en su propósito a los sectores conservadores que eligieron su propio camino hacia una autonomía lindante con una secesión territorial y política.
Cinco días antes del plazo fijado para finalizar la redacción de la nueva ley fundamental, que debe ser sometida a la ciudadanía en un lapso no mayor de cuatro meses, la dirección de la Asamblea actuó con sigilo y sorprendió al convocar a los delegados a la sesión final, el sábado pasado, sólo 17 horas antes de comenzar la aprobación en detalle y revisión de los 411 artículos.
Instalados en el paraninfo de una universidad estatal de la altiplánica ciudad de Oruro, a 250 kilómetros de La Paz, y bajo la custodia de mineros, campesinos, obreros y seguidores de Morales, 163 de los 255 asambleístas, de los cuales sólo cinco correspondían a los elegidos por la oposición, sesionaron a contrarreloj e insumieron sólo 17 horas para discutir todos los ítems.
Tras la rápida lectura de cada uno de los artículos, la votación sólo fue un acto de formalismo. La presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, mencionó el número de cada uno de ellos y pidió a la sala pronunciarse por la aceptación, rechazo o abstención con el brazo en alto, en una sucesión sostenida y sin pausa que terminó al mediodía del domingo.
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El procedimiento de convocatoria, la forma apresurada de aprobación, la falta de debate y la ausencia de los delegados de la opositora agrupación Poder Democrático y Social (Podemos) causó la reacción de los cinco prefectos (gobernadores) de los departamentos ubicados más al oriente del país y contrarios al gobierno nacional.
El Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), formado por los prefectos Rubén Costas, de Santa Cruz, Mario Cossío, de Tarija, Ernesto Suárez, de Beni, Leopoldo Fernández, de Pando, y Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, rechazó el nuevo texto constitucional que debe someterse a referendo en un plazo aproximado de 120 días.
A esta corriente se sumó el departamento de Chuquisaca, liderado por las autoridades de su capital, Sucre, que anuncian marchas y paros cívicos para obtener su autonomía.
En tanto, se cumple una huelga de hambre en las ciudades de Santa Cruz, Trinidad, Tarija y Cobija, con cerca de 400 ayunadores voluntarios que exigen dejar en suspenso las decisiones de la Asamblea Constituyente.
El 2 de julio del pasado año, un referendo aprobó las autonomías departamentales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y hoy se suman a esa demanda Chuquisaca y clases medias del departamento central de Cochabamba, todos comprendidos en el bloque opositor al gobierno.
El jefe de Podemos, el ex presidente derechista Jorge Quiroga (2001-2002), reiteró la negativa a avalar un proceso al que califica de nulo por el uso de la fuerza durante la aprobación de la primera fase en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia, en medio de incidentes que cobraron la vida de tres personas y la agresión a opositores y periodistas.
Quiroga construye una plataforma de oposición a Morales, y a la corriente ideológica del mandatario venezolano Hugo Chávez al que acusa de promover actos de violencia en Bolivia, con el argumento de la defensa de las libertades y la soberanía nacional frente a la creciente cooperación económica y respaldo político internacional de Caracas a La Paz.
"Vamos a combatir en varios lugares y evitaremos que los aprendices de Hugo Chávez vengan a repetir su experiencia en el país", dijo Quiroga en tono de advertencia.
El experto en temas de descentralización Mario Galindo expresó a IPS que la nueva Constitución es "perversa", porque proclama cuatro modos de autonomías con la finalidad de restar fortaleza al modelo en ese sentido defendido por los cinco departamentos.
La nueva ley fundamental reconoce a las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas, una forma de organización que los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba rechazan porque obligará a dividir el presupuesto estatal en unas 419 reparticiones autonómicas, según estimaciones de Galindo.
Una fuerte corriente de dominio estatal sobre los recursos naturales, el territorio y las empresas fiscales se impuso en la nueva Constitución que define a Bolivia como un estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural.
Además de obtener el reconocimiento a las autonomías indígenas, estos pueblos originarios consiguieron que su lengua, cosmovisión, mitos, historia oral y tradiciones que forman su identidad sean reconocidos y protegidos por primera vez en 182 años de vida republicana boliviana. Un referendo definirá la cantidad de tierra que podrá acumular una persona natural y los electores deben elegir entre 5.000 y 10.000 hectáreas, en un país donde la acumulación de predios de labranza permitió poseer hasta 100.000 hectáreas en poder de una persona o grupo familiar.
La Constitución aprobada abre la posibilidad de expropiar tierras sin función social para distribuirlas entre indígenas, pueblos y campesinos pobres, previo pago de una justa indemnización.
La nueva política de ordenamiento territorial, dividido en cuatro modos de autonomías, es una forma de fraccionar al país en pequeños feudos, a manera de "reservas indias", observó el historiador Alexis Pérez en un comentario expresado a IPS.
Poco antes de inaugurarse la Asamblea Constituyente, en agosto de 2006, Pérez anticipó a IPS que las posiciones del gobierno y opositores anunciaban el camino a una guerra civil.
Hoy está convencido de que el trámite urgente de la nueva Constitución, impulsado por el presidente Morales, conduce a una confrontación porque las autonomías regionales e indígenas "tratan de pulverizar el poder prefectural y de los municipios".
En interpretación de Pérez, los "sectores reaccionarios capitalizaron los errores del gobierno y convierten en banderas que hasta hace poco eran indefendibles por las clases medias, como la democracia y las libertades", frecuentemente reclamadas por movimientos sociales y sindicales, absolutamente adversos ideológicamente frente a los grupos conservadores.
Aún con la esperanza de una salida negociada, el historiador no observa una tercera opción inmediata para reunir a las partes y encontrar una vía alterna. Atribuye al partido gobernante la responsabilidad de profundizar las diferencias sociales y de pensamiento.
Aunque el texto oficial, corregido y ordenado aún no está disponible, durante la lectura rápida se anunció que la reelección presidencial continuada y al finalizar el primer mandato, está comprendida en el documento.
Los analistas interpretan que al aprobarse la nueva Constitución en un referendo, de inmediato se procederá a convocar a elecciones generales para la renovación del Congreso legislativo y habilitará al actual presidente a concurrir a una elección presidencial que sería reconocida como la primera gestión de cinco años, sin considerar los dos años de ejercicio anteriores.
De ese modo, en caso de ser elegido en 2008, Morales podría volver a participar en un segundo comicios en 2013 y prolongar así su mandato hasta 2018.
