El Congreso de Diputados de España decidió este jueves mantener el canon digital, una tasa que grava la comercialización de sistemas de soporte para grabar, almacenar o reproducir piezas audiovisuales.
Con esa decisión, los habitantes de este país podrán grabar libremente materiales audiovisuales, aunque deberán abonar el costo al comprar los elementos para hacerlo.
Una propuesta para eliminar el canon de la ley de Sociedad de la Información rechazada con los votos del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida y otros partidos minoritarios, mientras que la apoyó la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP) y se abstuvieron tres partidos nacionalistas.
El canon es un gravamen que todo comprador debe abonar por la adquisición de discos compactos, DVD, MP3, MP4, descodificadores, televisores con disco duro, grabadores de computadoras, teléfonos móviles y cualquier equipo o soporte que permita grabar obras audiovisuales.
Así lo dispone la ley de Sociedad de la Información aprobada en junio de 2006 en cumplimiento de la Directiva emitida en 2001 por la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), que con ello dijo buscar que se garanticen los derechos de autor ante el desarrollo tecnológico de la sociedad de la información.
Fuentes del sector informaron que durante el año en curso se habrán pagado aproximadamente 130.000 euros (152.000 dólares) por esos conceptos, dinero que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) distribuirá entre los socios de las entidades que agrupa.
Curiosamente, uno de los más afectados por esa normativa es el Ministerio de Justicia, ya que la ley lo obliga a copiar y almacenar en soportes digitales todos los procesos judiciales.
El portavoz del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, manifestó en la sesión del Congreso que "el canon es un producto que hace que el trabajo de creación de mucha gente sea más fácilmente copiado y reproducido por la aparición de los instrumentos electrónicos. Y por ello es de justicia compensar al autor cuya obra se verá reproducida con mucha más velocidad".
En sentido contrario se pronunció el líder del PP, Mariano Rajoy, quien sostuvo que "no pueden pagar todos los ciudadanos sobre la base de ser sospechosos de hacer cosas que no son legales (como copiar obras cuyos autores o editores no autorizan la reproducción)".
Su correligionario y diputado José Ignacio Echaniz fue más lejos, porque calificó ese tributo de "canonización de la arbitrariedad", que "penaliza el talento" y es "una medida anticuada, medieval y anacrónica que limita la libertad de los ciudadanos".
El presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, quien sigue defendiendo que se mantenga el canon, dijo a IPS que toda la polémica armada estos días es una cortina de humo, utilizada para que no se traten cosas más importantes que afectan al sector.
Una de ellas es el alto costo de la banda ancha en España, "uno de los más caros de Europa", y que hay productos imprescindibles para quienes utilizan ordenadores, como la tinta para las impresoras, cuyos fabricantes "obtienen un margen de beneficio astronómico".
En sentido contrario se pronuncian los empresarios del sector de tecnologías, quienes están en contra del canon, que se destina a los autores, cuando debería priorizarse a los "verdaderos creadores, los que desarrollan la ciencia y la tecnología", dijo Jesús Banegas, presidente de la patronal de tecnología AETIC.
En el mercado se nota la diferencia entre los dispositivos que tienen incorporado el canon y los que no.
Por ejemplo, si en un gran supermercado o cualquier otro tipo de comercio se compra un paquete con 10 discos compactos, el precio ronda los 30 euros (unos 43 dólares). Pero si se recurre a un pequeño establecimiento de barrio o "manteros", el precio será tres veces menor, porque se trata de mercaderías ingresadas de contrabando y provenientes de Asia y en especial de China.
Se le llama "manteros" en España a personas que extienden una manta sobre la acera de avenidas y calles céntricas o próximas a estaciones de transporte y sobre la misma colocan los productos que venden, sin tener autorización para hacerlo.
Refiriéndose a esto, Banegas sostiene que el problema no es el canon sino la piratería y que el gobierno debería buscar una forma de combatir ese fraude en vez de mantener un gravamen "injusto, desproporcionado e indiscriminado".
En todo caso, con canon o sin él, España seguirá siendo uno de los países europeos que más piezas audiovisuales descarga de la red mundial de computadoras, ya que 58 por ciento de los usuarios lo hacen, en tanto que la media europea no llega a 40 por ciento.
Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa, una institución sostenida por las grandes empresas españolas, condena el "pirateo de los manteros", pues comercian para ganar dinero, mientras que los usuarios sólo utilizan la tecnología para su consumo personal, para obtener bienes de la manera más sencilla y económica.
El mantenimiento del canon fue apoyado en el Congreso legislativo por una gran cantidad de artistas e intelectuales, quienes firmaron un manifiesto en ese sentido. Entre otros lo hicieron Joaquín Sabina, Imanol Arias, Miguel Bosé, Ana Belén, Fernando Savater, Antonio Gala, Fernando Trueba y Juan José Millas.
