Mientras Buenos Aires y Montevideo se distancian a causa de una fábrica de pulpa de papel construida sobre un río limítrofe con autorización de Uruguay, un libro analiza el litigio y señala condiciones para avanzar hacia una solución.
"Hay una gran oportunidad con el cambio de gobierno en Argentina", dijo a IPS el sociólogo y doctor en ciencias políticas argentino Vicente Palermo, quien compiló con su compatriota Carlos Reboratti, un geógrafo, el libro "Del otro lado del río. Ambientalismo y política entre uruguayos y argentinos", que cuenta con aportes de académicos de ambos países.
Palermo se refería a la inminente investidura de Cristina Fernández, esposa del actual mandatario Néstor Kirchner, quien le traspasará el mando el lunes 10. Aunque la futura presidenta confirmó la continuidad del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, la nueva administración podría favorecer una salida negociada, opinó Palermo.
"Los vecinos están en una crisis irreversible", dijo en referencia a los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de la ciudad de Gualeguaychú, 270 kilómetros al norte de Buenos Aires, quienes rechazan airadamente la radicación de la planta Orión, de la empresa finlandesa Botnia, en la margen oriental del limítrofe río Uruguay.
"Hay que ayudarlos a salir de la encerrona. Por un lado quieren producir un acontecimiento que demuestre que Botnia contamina y por otro están buscando un mártir", alertó.
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Desde hace un año, los asambleístas mantienen cortado en forma ininterrumpida el acceso a un puente sobre el río que comunica a ambos países y realizan acciones de protesta cerca de la costa uruguaya. Argumentan que el funcionamiento de la fábrica de pasta celulósica tendrá graves consecuencias ambientales.
Palermo sostuvo que la salida negociada "puede tener en cuenta a los vecinos, pero no como los dueños de la solución. Es probable que ellos no la acepten, pero será un pequeño costo que la presidenta deberá pagar a cambio de ganar mucho, porque la opinión pública argentina, en general, la va a apoyar", vaticinó.
La controversia surgió a raíz de la decisión uruguaya de autorizar la radicación de dos plantas de pasta de celulosa en la margen oriental del río. La primera, de la española ENCE, finalmente fue cambiada de localización, pero la finlandesa siguió adelante y en noviembre comenzó a operar.
El gobierno argentino, que inicialmente se había mantenido indiferente, se hizo eco de la resistencia de los vecinos. Desde entonces hubo una escalada en el conflicto, que ni la intervención de un enviado del rey Juan Carlos I de España logró destrabar. El caso se encuentra actualmente a consideración de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
El gobierno de Kirchner consideró que la defensa del río Uruguay era una "causa nacional" y a partir de allí la opinión pública uruguaya se abroqueló en defensa de los proyectos.
En el libro, el trabajo de las politólogas argentinas Lucía Aboud y Anabella Museri, de la Universidad Torcuato Di Tella, advierte que "la búsqueda de una solución consensuada se perdió en un laberinto que parece no tener salida. La tensión en el vínculo bilateral creció y se encuentra sensiblemente deteriorado".
Raquel Alvarado, geógrafa de la estatal Universidad de la República de Uruguay, profundizó en las razones que llevaron a la empresa a radicarse en la occidental ciudad de Fray Bentos, cerca de grandes extensiones forestadas, fuente de su materia prima, y del río por la disponibilidad de agua dulce.
Pero sobre todo analizó las razones del apoyo brindado al proyecto por el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez.
La instalación de la planta provocó una fuerte expansión de la construcción en Fray Bentos y una reactivación del consumo. A comienzos de 2006, la obra de Orión generaba 4.700 empleos directos y unos 2.000 indirectos en una ciudad de 25.000 habitantes.
"Fue una gran oportunidad de capacitación y aprendizaje", destaca el texto de Alvarado, con múltiples desafíos para el transporte, la energía y otros servicios. El reto mayor ahora es "generar a partir de ese impulso un proceso de desarrollo sostenible y no sólo una economía de enclave". El sociólogo Francois Graña, profesor de la Universidad de la República, propuso en el libro el concepto de gobernanza para llegar a una solución. Señala que "no es garantía de acuerdo, pero permite gestionar los conflictos con participación de todos los actores".
La gobernanza es más que el gobierno, pues se propone alcanzar un desarrollo económico, social e institucional duradero, con participación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado.
"Ojalá que el enfoque de la gobernanza sirva no sólo como un ejercicio intelectual sino como un insumo para una negociación real", indicó. Reboratti, de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo en su estudio que antes de este conflicto parecía no haber preocupación ambiental en Argentina ni tampoco una política específica, y no por ausencia de problemas. Existían, "pero faltaban los actores que los consideraran como tales".
El geógrafo argumenta que en este conflicto irrumpió como novedad la asamblea de vecinos, que "empujó al gobierno argentino a adoptar una línea radicalizada" por falta de una política ambiental propia. Pero el reclamo argentino de que no se instalen las fábricas en Uruguay "ubica al conflicto en un laberinto sin aparente salida".
Palermo, investigador del Instituto Gino Germani, destacó por su parte que la conflictividad se vio favorecida por la forma de visualizar el tema a ambos lados del río: "todos los beneficios son percibidos de una margen y todos los costos son percibidos de la otra".
En su opinión, faltaron instituciones fuertes a nivel regional y una política ambiental consistente del lado argentino. "Esta ausencia da lugar a un discrecionalismo (sic) político mayor. Menos Estado, mayor potencial de sobrepolitización", explicó.
De todos modos, esas condiciones no imponían la conflictividad sino que sólo la hacían más posible, opinó.
"Las sobreactuaciones de los gobiernos, en lugar de encauzar la crisis, echaron más leña al fuego de la desconfianza". En Argentina, "cuanto más seguidismo" (sic) hizo el gobierno de la posición de los vecinos, "más precaria se volvió su situación. No pudieron controlar ni conducir nada".
Sin embargo, Palermo cree que hay margen para el optimismo a mediano plazo, aunque no a causa de la decisión final del tribunal de La Haya. La posibilidad de que el problema se zanje en esa instancia es descartada por casi todos los autores.
Un resultado óptimo, estimó Palermo, no debe dejar "ganadores o perdedores absolutos". Propuso que Argentina asuma que la fábrica opera con la mejor tecnología disponible y que se fijen estándares ambientales exigentes para el sector forestal y papelero dentro del Mercosur.
Asimismo, Uruguay o Botnia deberían asumir el costo de realizar una intervención paisajística a gran escala, que elimine la visibilidad de la planta desde la ribera argentina, que está a 15 kilómetros, así como los ocasionados por el bloqueo de carretera de los asambleístas de Gualeguaychú.
En ese contexto, cree Palermo, los vecinos deberían abandonar las protestas y buscar formas de participación en el proceso de control del impacto ambiental, y el gobierno argentino tendría que retirar la demanda contra Montevideo ante el tribunal de La Haya.
"Soñar no cuesta nada", ironizó. Pero sólo a partir de pensar en una solución ideal se pueden poner de manifiesto los obstáculos y buscar una estrategia para superarlos, sostuvo.
