Sólo 48 horas después de la asunción a la presidencia de Argentina de Cristina Fernández, una treintena de organizaciones de vecinos y ambientalistas protestaron frente a la sede de gobierno contra inversiones potencialmente contaminantes.
"No nos oponemos al desarrollo, pero que sea sustentable", dijo a IPS, desde la manifestación en el centro de Buenos Aires, José Pouler, integrante de la Asociación Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la localidad de la oriental provincia argentina de Entre Ríos que rechaza la radicación de una planta de pasta de celulosa en la costa uruguaya de un río limítrofe.
La protesta, a la que se sumaron decenas de organizaciones de vecinos y ambientalistas de otros puntos del país, comenzó con una concentración frente al Congreso Nacional legislativo y siguió con una marcha hasta la Plaza de Mayo, el histórico y céntrico paseo público situado frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia.
De esta marcha callejera no participaron organizaciones ambientalistas tradicionales e internacionales como Greenpeace, Fundación Vida Silvestre o Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que, si bien coinciden con muchos de los reclamos, discrepan con los métodos de protesta de las organizaciones comunales de afectados por los proyectos.
"No es una marcha contra la nueva presidenta. Estaba prevista desde antes. La hacemos en el aniversario de la marcha que realizamos hace justo un año para recordar que aún quedan muchas asignaturas pendientes en materia de medio ambiente", justificó Pouler.
En aquella manifestación, la Asamblea, que mantiene bloqueado uno de los tres accesos terrestres a Uruguay desde hace más de un año, protestaba contra la radicación de las sendas plantes de las firmas finlandesa Botnia y de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a 30 kilómetros de Gualeguaychú río Uruguay de por medio.
Pero en la misma noche de la protesta de hace un año, el entonces gobierno de Néstor Kirchner anunció que la fábrica española, que tenía menos avanzado su proyecto, se radicaría más al sur sobre la desembocadura del mismo río, un gesto destinado a descomprimir la resistencia a los dos emprendimientos, temidos por sus efectos contaminantes del aire y río compartido.
De todos modos, las protestas siguieron para lograr la relocalización de Botnia, que hace un mes comenzó a operar. El lunes, al asumir el cargo tras el fin del gobierno de su esposo, Fernández recordó que Argentina apeló a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva si Uruguay violó con esas autorizaciones el Tratado del Río Uruguay firmado por los dos países en 1975.
Los vecinos de Gualeguaychú se expresaron conformes con la mención del diferendo que hizo la flamante mandataria ante la Asamblea Legislativa y representantes de países extranjeros, entre ellos el propio presidente uruguayo Tabaré Vázquez.
No obstante, mantienen interrumpido el acceso al puente Libertador General San Martín, que clausura la vía más usada para llegar por tierra a Uruguay desde Argentina, en particular desde Buenos Aires.
Este miércoles, cerca de un millar de vecinos de Gualeguaychú trajo su inquietud a Buenos Aires y, al igual que en 2006, se sumaron a ellos otras entidades que rechazan proyectos mineros, agrícolas, pesqueros o inmobiliarios en otras partes del país, por considerar que avanzan sin reparos ambientales sobre recursos naturales y comunidades.
Las organizaciones leyeron un documento y pidieron una audiencia con la presidenta Fernández.
En la proclama difundida en el acto, cuyo contenido fue negociado en encuentros previos, las organizaciones "repudian las políticas gubernamentales" que permiten "la destrucción y el saqueo por parte de monopolios extranjeros y socios locales", y denuncian además la "laxitud de las leyes" que deberían controlarlos.
Señalan que en la cordillera de los Andes, que separa Argentina de Chile, se concentran proyectos mineros a cielo abierto, que utilizan cianuro, y se construyen represas hidroeléctricas, planes que requieren de grandes volúmenes de agua y energía sin dejar beneficios a las comunidades locales.
En la región litoral, al nordeste del país, ubicaron en el documento los principales proyectos de producción de pasta de celulosa, que también demandan suelo, agua y energía, tanto en la ribera argentina como en Uruguay y Brasil.
Y en el centro del país, se expande la frontera agrícola, liderada por la producción del monocultivo de soja para la exportación, que avanza en desmedro de bosques nativos, pequeños productores y pueblos originarios, dicen.
La proclama denuncia asimismo la sobreexplotación pesquera, tanto en el mar como en las cuencas fluviales, y el crecimiento urbano sin control, que trae consigo la multiplicación de rellenos sanitarios que contaminan las napas de agua, y una edificación que no se sustenta en el desarrollo de la red de agua potable y cloacas.
"Este panorama nos muestra que las tierras y los bienes comunes están en la mira de grandes intereses capitalistas, nacionales y extranjeros, y las comunidades que allí habitan constituyen un obstáculo para su apropiación y explotación", anunciaron al final del acto.
