«¿Dónde estás? Apúrate, te estamos esperando», increpó una voz en el teléfono. Fue la primera llamada recibida por el periodista guatemalteco Enrique Castañeda al terminar una investigación sobre vínculos del candidato presidencial derechista Otto Pérez con el crimen organizado.
Castañeda e Hilda Mérida, periodistas del diario El Periódico, presentaron el 27 de octubre una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos "a fin de que proteja su integridad personal, pues temen represalias por sus investigaciones", por lo que pidieron "medidas de protección a la Sociedad Interamericana de Prensa", SIP, según consta en una copia del documento.
"El momento político es difícil, pero sería irresponsable quedarnos callados. Estamos preocupados por nuestra seguridad y la integridad de nuestras familias", dijo Castañeda a IPS.
El reportaje de investigación, que El Periódico no quiso publicar, concluyó que había una vinculación entre Pérez, del derechista Partido Patriota (PP), y una persona sospechosa de formar parte de la mafia, explicó Castañeda.
El periodista aclaró que las llamadas anónimas y de carácter intimidatorio no incluyeron amenazas de muerte y que no tenía forma de conocer al autor. Castañeda entregó a la Procuraduría documentos y grabaciones que "prueban" las conclusiones de sus indagaciones.
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Esa denuncia, a la que tuvo acceso IPS, afirma que "Edwin Alfredo Mendoza Matta, una de las personas señaladas de tener vínculos con el crimen organizado es, según el Tribunal Supremo Electoral, afiliado al PP desde 27 de agosto de 2002 y es uno de los financistas del PP".
En la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo se medirán Álvaro Colom, del partido socialdemócrata Unión Nacional de la Esperanza (UNE), que se impuso en la primera ronda el 9 de septiembre con 28,23 por ciento de los sufragios, y Pérez, quien obtuvo 23,51 por ciento.
Según un sondeo publicado este viernes por el periódico Siglo XXI, el aspirante del PP tiene una intención de voto de 52,6 por ciento frente 47,4 por ciento de su rival.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, dijo a IPS que cuando recibió copia de la denuncia de los periodistas solicitó a la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos medidas cautelares a favor de ellos.
"Aún sin conocer los detalles y el fondo del caso, debido a la situación delicada de violencia política consideramos que lo más prudente era adoptar medidas cautelares, al menos durante el proceso electoral", apuntó Marroquín, director del diario Prensa Libre.
Los medios de comunicación guatemaltecos apenas se han hecho eco de la denuncia.
Las llamadas anónimas a Castañeda empezaron el 24 de octubre. Él sospecha que lo vigilan. Su compañera, Mérida, fue quien respondió en una ocasión y también recibió un mensaje amenazador.
"Hemos querido dejar constancia de que a raíz de nuestro trabajo han surgido este tipo de amedrentamientos. Nosotros hacemos nuestro trabajo y estamos orgullosos de hacerlo", manifestó Castañeda.
Interrogado sobre el incidente, el general retirado Pérez aseguró esta semana que "rechaza estas situaciones" y pidió a las autoridades que investigaran el caso.
"Nosotros no nos prestamos a amenazar a nadie", aseveró el candidato, y deseó que "se llegue al fondo de la verdad".
La campaña electoral se ha caracterizado por la violencia, con muertes de candidatos, militantes y familiares, agravios y descalificaciones entre los aspirantes. La no gubernamental Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (Sedem) criticó el miércoles en un comunicado las intimidaciones a los periodistas, "que están sufriendo acoso y amenazas por ejercer su derecho de informar y ser informado".
La Sedem reclamó el esclarecimiento de este caso, pues "debilita aun más nuestra democracia, especialmente porque nos encontramos en medio de un proceso electoral que definirá nuestras autoridades para el próximo periodo".
Otros periodistas han denunciado amenazas durante la campaña.
A finales de agosto, tres reporteros del noticiero "Contacto Informativo" de Cable Satélite 16, que se transmite desde el municipio El Progreso, en Jutiapa (sureste), fueron amenazados de muerte si volvían a mencionar en la cobertura electoral al alcalde de esa localidad.
El 11 de septiembre, desconocidos robaron equipos de la planta de transmisión de Radio Nuevo Mundo, en el cerro Alux, en las afueras de la capital, lo que impidió temporalmente la difusión de la programación, según afirma en su última edición la revista Sala de Redacción.
A través de un comunicado, la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) criticó esta semana que "se sigan dando este tipo de prácticas, que creíamos pertenecían al pasado".
La APG también lamentó que El Periódico no hubiera publicado el reportaje de Castañeda y Mérida, y exigió a las autoridades que "brinden la protección necesaria a los colegas amenazados de manera que garanticen su vida".
Alfonso Gumucio, periodista especializado en comunicación para el desarrollo, opinó que la cobertura de la campaña "muestra de manera tajante los intereses políticos que defienden los medios de información".
"Es muy difícil encontrar un periodismo de investigación en Guatemala" advirtió. "Los medios no han sido capaces de preguntar a los candidatos las preguntas difíciles, y ha habido una actitud muy complaciente", agregó.
Pérez acusa a Colom de vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, en tanto que el candidato de la UNE recuerda que su rival era oficial del ejército durante la represión a la guerrilla izquierdista en la guerra civil de 1960 a 1996, que dejó más de 200.000 muertos, la mayoría indígenas.
Guatemala, un país de 13 millones de habitantes con 51 por ciento de pobreza, sufre una violencia creciente, relacionada con las maras (pandillas juveniles) y el narcotráfico, mientras el crimen organizado ha penetrado las estructuras estatales.
Alrededor de seis millones de guatemaltecos están convocados a las urnas este domingo para elegir a quien presidirá el país entre 2008 y 2012. Analistas consultados por IPS auguran una abstención mayor que en la primera vuelta, cuando superó 40 por ciento de los habilitados para sufragar.
