Para combatir la violencia contra las mujeres se requiere compromiso político, recursos financieros, políticas integrales de prevención y atención de las víctimas, una justicia que termine con la impunidad y la promoción de un cambio cultural, detalla un informe de la ONU.
El documento titulado "¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe" fue presentado este lunes en Santiago por el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el argentino José Luis Machinea, y la vicesecretaria general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas, la tanzana Asha-Rose Migiro.
"La principal conclusión (del informe) es que América Latina y el Caribe sufren de esta pandemia mundial de violencia contra la mujer como un problema de enorme violación a los derechos humanos, que afecta, además, al desarrollo de nuestros países", dijo a IPS Sonia Montaño, jefa de la Unidad de Mujer y Desarrollo de la Cepal. "Una mujer maltratada, golpeada, disminuida no puede ser ciudadana ni productiva ni madre, es decir que aquí hay una dimensión de derechos y de desarrollo", remarcó la investigadora encargada de la redacción final del informe de 135 páginas, que contó con aportes de una decena de organismos de la ONU.
El documento está dividido en cuatro capítulos denominados "Cómo se vive la violencia en América Latina y el Caribe", "Las cifras de la violencia", "Leyes, programas y buenas prácticas" y "Hacia una vida libre de violencia".
Los abusos se dan en los espacios íntimos, dentro de la comunidad, en algunos casos es perpetrada o tolerada por el Estado y su expresión más brutal son los feminicidios, es decir los asesinatos por razones de género, explica el texto.
Montaño señaló a IPS que el equipo a cargo del informe inició la investigación con una inquietud específica: saber si la situación de América Latina era parecida a la del resto del mundo.
Y la conclusión es que en materia de violencia doméstica la realidad de la región "es muy similar" a la de África, Asia, Europa y Estados Unidos. Donde sí hay diferencias es con respecto a países que, por ejemplo, viven situaciones de conflicto bélico.
"En América Latina no hay mutilación genital ni crímenes de honor, pero sí tenemos serios problemas de subregistro de incesto y femicidios, es decir, hay formas extremas de violencia en nuestra región", enfatizó.
El informe señala que no se dispone de información acerca de la verdadera magnitud de los distintos tipos de violencia contra las mujeres por falta de estadísticas nacionales, lo cual constituye un desafío para los países.
No obstante, los datos indican que, en la región, la violencia física doméstica es sufrida por una proporción de mujeres que oscila entre el 30 y 60 por ciento de ellas, indicó Montaño.
En 2003, según la investigación, 52,3 por ciento de las bolivianas de entre 15 y 49 años denunciaron haber sido víctimas de abusos físicos por parte de su pareja del momento o anterior.
Lo mismo sucedió con 42,3 por ciento de las peruanas en 2004, 39 por ciento de las colombianas en 2005, 31 por ciento de las ecuatorianas en 2004, 21,7 por ciento de las dominicanas en 2002, el 18,2 por ciento de las haitianas en 2000 y 9,3 por ciento de las mexicanas en 2003.
De igual forma, 40 por ciento de las mujeres en edad reproductiva de Nicaragua han sido víctima de violencia física perpetrada por sus parejas.
La agresión sexual es alta en Haití, donde 17 por ciento de las mujeres la han sufrido a manos de sus actuales o ex compañeros afectivos. También es la realidad de 15,2 por ciento de las bolivianas, 12 por ciento de las ecuatorianas, 11,5 por ciento de las colombianas, 9,8 por ciento de las peruanas y 6,4 por ciento de las dominicanas.
En México, 35,4 por ciento de las mujeres han padecido violencia emocional ejercida por su cónyuge o compañero, y en Brasil 33 por ciento de las mujeres han admitido haber sufrido violencia física con armas de fuego, agresiones y violación conyugal.
La violencia económica —vigilancia, desconfianza y amenazas en relación al dinero— también tiene una alta prevalencia en la región, según el informe.
En 2003, 21,5 por ciento de las bolivianas entre 15 y 49 años fue víctima de este tipo de violencia. Lo mismo sucedió con 19,1 por ciento de las colombianas en 2005, con 13,7 por ciento de las peruanas en 2004 y con 29,3 por ciento de las mexicanas en 2003.
Entre 1990 y 2007, más de 900 mujeres chilenas fueron asesinadas, la gran mayoría a mano de sus parejas o ex parejas. En 2001 se contabilizaron 35 feminicidios, 49 en 2002, 51 en 2006 y hasta el 14 de noviembre de este año la cifra ascendía a 58 asesinadas.
"El principal desafío (para combatir la violencia contra las mujeres) es el compromiso político al más alto nivel, es decir, que los gobiernos digan que este es un problema fundamental para el desarrollo", señaló Montaño.
"Otro desafío es dotar de recursos financieros a las oficinas de la mujer, a las policías y a los organismos de derechos humanos para que puedan ofrecer servicios a las víctimas y, obviamente, hay tareas de largo plazo, principalmente en materia de cambio cultural", acotó.
Esto último se puede lograr impartiendo educación para la convivencia en las escuelas, especificó.
"Aunque la región cuenta con mejores herramientas jurídicas, todavía no se ha liberado de esta fuente de violencia que es el patriarcado y la sumisión de las mujeres como un valor cultural que hace que ellas tengan que soportar las agresiones por muchos años antes de que se animen a denunciarlas", indicó.
Según la experta de la Cepal, el informe también entrega otro mensaje: "la necesidad de poner fin a la impunidad, porque todavía hay una percepción de parte de las víctimas y de la sociedad de que no se está haciendo justicia", remarcó.
Asha-Rose Migiro señaló que la región puede ser un ejemplo en el mundo en la lucha contra la violencia, dado que es la única que cuenta con un instrumento específico como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), conocida como Belém do Pará.
Pero todo depende de cómo se lleven a la práctica las leyes y las políticas, dijo.
Machinea también llamó a los países a aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A comienzos de 2007, sólo 17 de los 33 países de la región lo habían hecho. Chile, Cuba y El Salvador lo tienen pendiente.
También anunció que el sistema de la ONU puso en marcha un Observatorio regional de la violencia de género.
Finalmente, el informe llama a abordar la violencia de género con un modelo integral de intervención. "El nivel individual, las relaciones de pareja y de familia, la vida comunitaria y social, el contexto socioeconómico y las políticas de educación y empleo deben formar parte del diagnóstico y ser objeto de respuestas institucionales integradas", señala.
