La extracción de arena, grava y piedra caliza en el Parque Industrial Minero del extremo sudoriental de la capital de Colombia ha provocado que vecinos y organizaciones sociales y sindicales denuncien daños a la calidad de vida, acusación que los industriales niegan.
Los habitantes de la zona señalaron a IPS que niños y ancianos sufren enfermedades respiratorias, que la actividad en la cantera provoca inestabilidad en las viviendas aledañas, y que los trabajadores temporales deben cumplir una "ley del silencio" implantada por grupos paramilitares, una de las partes de la vieja guerra civil colombiana.
Los denunciantes pidieron que no se revelaran sus nombres.
El parque industrial se sitúa entre el municipio bogotano de Ciudad Bolívar y el vecino de Soacha, un área montañosa en la que los campesinos explotaron de manera artesanal arena y calizas desde 1950, cuando aún era una zona rural.
Desde entonces, la violencia que afecta a Colombia provocó el desplazamiento de miles de familias hacia el área.
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Los pobres desplazados por el conflicto armado en el interior del país van ocupando las zonas que permanecen libres, cada vez a mayor altitud sobre la ladera de la montaña, en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, que pertenece al municipio de Soacha.
En esas zonas altas están las canteras, de las que se extrajeron materiales para construir la ciudad. Ahora es un área urbana, habitada por población creciente que convive con las concesiones mineras y los riesgos que traen aparejados.
Un habitante de la zona, estudiante de ingeniería catastral y geología, aseguró que "la mina está por encima del área urbana, que recibe partículas volátiles que aumentan las enfermedades virales en especial en niños y ancianos".
"Nos impiden el acceso a las historias clínicas de la población enferma, por lo que no hemos podido confirmarlo. Pero nuestro propósito es lograr pruebas a mediano plazo sobre los efectos de la explotación minera", afirmó.
Algunas casas han sido construidas a un nivel más alto que el ocupado por la explotación minera. Un vecino teme que "esto se derrumbe. Nos tendrían que ir a buscar a la cantera".
"No hay perímetro de seguridad. Corremos riesgos, en especial los niños. Pero también hay temor de hablar, porque los trabajadores no se prestan a socializar con nadie y uno no sabe a quién dirigirse", dijo.
Ciudad Bolívar tiene 350 barrios extremadamente pobres, 100 de ellos ilegales, y una población cercana a 850.000 personas, a las que se suman 400.000 en Soacha.
En los años 70 la colombiana Cementos Diamante explotaba la zona, pero a partir de la década del 90 se instalaron trasnacionales como la mexicana Cemex y la suiza Holcim, favorecidas por las disposiciones de los códigos mineros de 1996 y 2001. El parque industrial minero comprende esas dos compañías, la empresa Argos, del grupo industrial conocido como Sindicato Antioqueño, la Industria Militar del ejército colombiano, un terreno de la Iglesia Católica y la ladrillera Santafé, "que pertenece a la familia del ex presidente Andrés Pastrana" (1998-2002), dijo a IPS Francisco Ramírez, presidente del sindicato de trabajadores del sector minero.
Los cambios al código de minería autorizaron "explorar en área urbana, otorgando a las multinacionales una serie de garantías insospechadas, como el artículo 212, que asegura que si la compañía viola de manera reiterada la legislación ambiental, el Estado podrá quitarle la licencia. Podrá, en lugar de deberá", agregó el dirigente sindical.
Ramírez puso como ejemplo la construcción de Transmilenio, un sistema de transporte masivo con autobuses articulados que requieren vías exclusivas. Todos los materiales necesarios salen de estas canteras. El Estado financia 90 por ciento del proyecto, pero sólo obtendrá cuatro por ciento de los beneficios. "Es insólito", afirmó.
"Transmilenio y por lo menos 70 por ciento de la ciudad están hechos con materiales que extraen a bajo precio, a costa nuestra", dijo un habitante de Ciudad Bolívar.
"Esta comunidad con tantas necesidades insatisfechas no recibe contraprestaciones, como atención en salud, educación, alimentación o recreación", señaló Ramírez.
Un ex obrero de la mina relató a IPS que las empresas extranjeras pagan a cada trabajador un centavo de dólar por cada bolsa de material extraído de la cantera, que luego venden a un precio cuatro veces más alto.
"Los contratos de trabajo se hacen por dos o tres meses para evitar el pago de las prestaciones de ley. Usted puede denunciar, pero, ¿a quién le importa? Aquí se violan muchos derechos humanos, incluidos los laborales, pero a las empresas les interesa el dinero, no las personas ni sus necesidades", agregó.
Consultada por IPS, Cemex desestimó las críticas. En la compañía "somos 280 trabajadores colombianos. La mayoría del personal reside en la zona, beneficiándose con sus familias del trabajo que ofrece la empresa", dijo Pilar Zabala, del área de recursos humanos de la transnacional mexicana.
"Un 15 por ciento son empleados directos. El resto del personal se contrata en empresas constituidas legalmente que ofrecen a sus empleados las garantías de ley. No son compañías de trabajadores temporales sino de servicios", enfatizó el ingeniero Ernesto Prieto, también de Cemex.
"Todas las acusaciones son falsas. Que exploramos por debajo de las casas creando inestabilidad no es cierto. Tampoco que producimos polvo y contaminantes para la comunidad. La seguridad industrial es muy seria, tanto para los trabajadores como para los habitantes de la zona. El proceso es húmedo y cualificado para impedir que haya elementos nocivos para el ser humano", dijo Zabala.
"También es falso que existan leyes del silencio para que los trabajadores no compartan sus experiencias en la mina", señaló Prieto a IPS. "Podemos consultar a cualquiera de los trabajadores", agregó y le preguntó al jardinero, quien respondió: "No, señor".
Las denuncias de los sindicatos coinciden con las de los habitantes de la zona.
En noviembre de 2006, el no gubernamental Tribunal Internacional contra la Impunidad, convocado por organizaciones sociales, condenó "los crímenes de lesa humanidad cometidos en Ciudad Bolívar" declarando responsables a los gobiernos colombiano y estadounidense, a las empresas, a las alcaldías de Bogotá y Soacha y a organismos del Estado.
"Esta decisión no es jurídicamente vinculante pero aporta a la construcción de opinión pública y facilita la investigación", dijo Ramírez. "En ese caso específico hemos avanzado, pero no daremos a conocer los resultados hasta que tengamos pruebas incontrovertibles", agregó.
Las autoridades locales anunciaron esta semana que en 2008 reubicarán a cerca de 2.000 personas que viven en torno a cuatro cárcavas (antiguas minas) de 30 a 50 metros de profundidad, empozadas por las aguas del río Tunjuelo desde 2002. La estatal Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Ministerio de Minas explicaron que la medida busca proteger a la comunidad aledaña a las canteras.
Ramírez no les cree. "El interés no es por la gente que habita cerca de las cárcavas, los efectos sobre la estabilidad de las viviendas o las nubes de zancudos y olores fétidos. El interés real", concluyó, "es ampliar el área del parque hacia el sur, donde viven los más pobres".
