Al menos 33 reclusos muertos y una docena de heridos dejó el motín que estalló en una cárcel superpoblada de Argentina. La justicia investiga las causas de la violencia, mientras crece la tensión entre presos, agentes penitenciarios y familiares que exigen información.
La crisis estalló al atardecer del domingo luego de finalizado el horario de visitas en la Unidad Penal Nº 1 de Varones de la noroccidental provincia de Santiago del Estero. En la prisión, habilitada para alojar a 200 internos, había cerca de 480, la mayoría procesados sin condena.
El director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Roberto Saba, explicó a IPS que la superpoblación carcelaria y sus efectos se deben principalmente al abuso de la herramienta legal de prisión preventiva por parte de los jueces, que actúan presionados por una opinión pública demandante de mayor seguridad ciudadana.
"En la (oriental) provincia de Buenos Aires (el mayor distrito del país) hay 30.000 detenidos hacinados en 13.000 plazas penitenciarias. La enorme mayoría (80 por ciento) no tiene condena y los propios jueces reconocen que 28 por ciento de esos procesados finalmente será declarado inocente y sobreseído", ejemplificó.
En tanto, la superpoblación provoca hacinamiento, condiciones insalubres de detención, insuficiencia de alimentos, todos fenómenos que constituyen "el contexto propicio para motines como el que está ocurriendo en Santiago", alertó.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, explicó este lunes que los presos se amotinaron el domingo tras un fracasado intento de fuga. Los bomberos sostienen que la principal causa de muertes y lesiones fue la asfixia provocada por la quema de colchones de poliuretano, que genera un humo tóxico.
Sin embargo, el juez Ramón Tarchini Saavedra, quien recorrió la unidad y se entrevistó con los detenidos, declaró que aún se investigan las causas que dieron origen a la violencia. Esperan el análisis de las pericias y los resultados de las autopsias. "No se descarta ninguna hipótesis", advirtió.
Familiares de los detenidos manifestaron angustia por la falta de datos ciertos sobre las causas del siniestro y el temor de represalias contra quienes sobrevivieron a la tragedia. También culparon a guardiacárceles de vender alcohol y drogas en el penal y de someterlos a violentas requisas.
"Queremos que venga el juez", "toda la vida (los internos) han sido maltratados", "ellos (los agentes) les venden drogas y alcohol, nosotras no se las llevamos", expresaban las mujeres entre sollozos mientras esperaban noticias de los detenidos fuera de la prisión e intentaban comunicarse por las ventanas.
Al mediodía, si bien el juez manifestó que la situación estaba "controlada", los familiares veían a los internos atravesar las rejas con mantas y colchones en llamas. Según una versión de la agencia estatal de noticias Telam, un grupo de internos salió al patio donde fueron reprimidos con balas de goma.
El ruido de las detonaciones se escuchaba afuera del penal. En ese mismo momento hubo corridas y ambulancias que ingresaron a la unidad y se llevaron heridos. El juez sostuvo que el nuevo incidente había sido reprimido "con agua" solamente y admitió desconocer si había un nuevo brote de violencia.
El magistrado reconoció que la mayoría de los detenidos son procesados y le pidieron agilizar sus causas. También le manifestaron el maltrato que reciben sus familiares cuando se los somete a requisas y el temor a represalias tras esta rebelión. "Les di todas las garantías", aseguró Tarchini a medios periodísticos.
Por sus consecuencias, el motín es ya el más grave de la provincia y uno de los más trágicos en la historia de Argentina. El más cruento se registró en 1978 en la prisión de Villa Devoto en Buenos Aires, donde murieron 62 personas. Le siguen en gravedad otros dos motines con 33 muertos cada uno en 1990 y el más reciente, en 2005 en el penal de Magdalena.
Este establecimiento carcelario de la oriental provincia de Buenos Aires, el distrito que más preocupa. Según la estadística oficial, la violencia en cárceles de esta provincia provocó 139 muertes de internos en 2003. El dato motivó un pedido del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga. El tribunal convocó a una audiencia realizada el jueves último y que contó con la presencia de autoridades judiciales, fiscales, defensores oficiales, organizaciones de derechos humanos y público en general. El CELS reconoció allí que en los últimos dos años hubo avances, pero que falta 95 por ciento de las soluciones prometidas en 2005.
Hay una sensible disminución de la población privada de libertad, que es más pronunciada si se incluyen las comisarías, pero el alivio se distribuye en forma desigual, señalaron. Las condiciones de detención causaron más de 2.000 episodios de violencia en el primer cuatrimestre de este año en unidades de la provincia, advirtieron.
Tal como señaló el director de ADC, la provincia de Buenos Aires es un extremo que ilustra los problemas que se dan en casi todos los distritos de Argentina, con matices.
Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución Penal del Ministerio de Justicia, que data de 2003, en Argentina hay unos 52.000 encarcelados a los que hay que sumar otros 10.000 alojados en comisarías y otras dependencias. En más de 40 por ciento se registra algún grado de superpoblación.
En la unidad de Santiago del Estero donde estalló el último motín, el informe sostenía que la capacidad es de 200 internos pero hay 422. De ese total, 160 serían condenados y el resto procesados. Pero familiares y abogados señalaban este lunes que actualmente el número de detenidos llega a 480.
El informe del ministerio recoge además datos sobre la población tras las rejas en todo el país. Más de 95 por ciento son hombres. Casi 90 por ciento no tiene estudios secundarios completos. 82 por ciento nunca pasó por un programa de capacitación laboral y 64 por ciento carecía de empleo remunerado.
Los detalles acerca de la conducta sorprenden cuando lo poco que trasciende de la vida en las cárceles son los periódicos episodios de violencia. Según el reporte, 74 por ciento tiene una conducta entre "ejemplar", "muy buena" o "buena". Quince por ciento está sin calificar y sólo 11 por ciento tiene calificaciones regulares o malas.
El 97 por ciento de los presos no intentó nunca fugarse, el 72 por ciento está en prisión por primera vez en su vida y la gran mayoría por "robo o tentativa de robo".
