El gobierno de Sudán intenta desmantelar campamentos de desplazados en Darfur antes de la llegada de la esperada fuerza multinacional de paz, advirtió en la capital de Estados Unidos un médico nativo de esa conflictiva región.
"Proteger a los civiles es clave para resolver la situación en Darfur", dijo Mohammed Ahmed Abdallah, director del Centro Amel para el Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, principal organización de derechos humanos de la zona.
Abdallah, también profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Al-Fashir, recibió esta semana el premio anual del Centro Memorial de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, en Washington.
Creado en 1983, el Premio RFK de Derechos Humanos reconoce a individuos "cuyo activismo y coraje" concuerda "con la visión y el legado del espíritu de Robert F. Kennedy".
Ahmed coordina esfuerzos en múltiples sedes del Centro Amel donde se trata a víctimas de la tortura en el marco del conflicto en Darfur, que se desató en 2003 cuando insurgentes de la mayoría regional negra lanzaron una revuelta contra el gobierno sudanés, predominantemente árabe.
Desde entonces, más de 200.000 personas murieron en choques entre rebeldes y fuerzas del gobierno o asesinadas por las milicias árabes conocidas como Janjaweed ("hombres a caballo").
Alrededor de 2,5 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Con frecuencia, los desplazados terminan en campamentos asistidos por organizaciones humanitarias internacionales.
A fines de octubre, la Organización de las Naciones Uidas (ONU) informó que las autoridades sudanesas estaban dedicadas a desalojar a cientos de familias de Otash, campamento cercano de la capital del sur darfurense, Nyala, donde residen 60.000 desplazados.
"La ONU comprende la preocupación del gobierno sudanés sobre la seguridad en los campamentos, pero es imperativo que cualquier reubicación sea totalmente voluntaria y en acuerdo con los desplazados internos", dijo el subsecretario general del foro mundial para Asuntos Humanitarios, John Holmes.
Los esfuerzos de Jartum para dispersar a la población de los campamentos se remontan a 2004, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
En noviembre de ese año, intentó desalojar forzosamente a residentes de Kalma, el principal campamento en el área de Nyala, en el que viven unas 90.000 personas, según esta institución con sede en Nueva York.
Cuando los desplazados se negaron a abandonar el lugar, el gobierno sudanés ejerció presión, tanto sobre ellos como sobre organizaciones humanitarias que trabajaban en el lugar. En mayo de 2005 prohibió toda actividad comercial en Kalma y el transporte de alimentos desde Nyala, según HRW.
Jartum esgrime argumentos basados sobre la seguridad y el saneamiento, pero expertos perciben en su actitud un intento por dispersar al millón de desplazados de Darfur. "No hay razones para creer que esos argumentos sean válidos", dijo Selena Brewer, investigadora de HRW.
"Es un modo de controlar a la población. Tendrán menos amenazas políticas, militares y a todo nivel si la dispersan en pequeños grupos", afirmó Brewer.
El principal funcionario humanitario de la ONU, Wael al-Haj, fue expulsado la semana pasada del sur de Darfur, acusado por el gobierno sudanés de violaciones no especificadas a las normas.
Eric Reeves, investigador de la universidad Smith College experto en Darfur, atribuyó la medida a las críticas de Al-Haj al desmantelamiento de los campamentos de desplazados.
"El gobierno sudanés quiere sacarse de encima los campamentos antes de la llegada de los pacificadores internacionales, porque percibe esas instalaciones como una prueba en su contra", dijo el Centro Robert F. Kennedy.
El despliegue de la fuerza de mantenimiento de la paz conjunta entre la ONU y la Unión Africana, aprobada por el Consejo de Seguridad del foro mundial en agosto, está bloqueado por las críticas sudanesas a su composición, informó la semana pasada el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Si los desplazados se dispersan, las consecuencias podrían ser devastadoras, según Ahmed. "Si los expulsan de los campamentos, morirán de hambre o deshidratación. Además, los janjaweed los estarán esperando", afirmó el médico.
La ya pésima situación de seguridad en Darfur se está agravando, según Ahmed.
Los viajeros que se dirigen hacia la región deben atravesar docenas de puestos de seguridad, donde se les exige el pago de sobornos. Algunos de esos puestos son del gobierno, pero otros no, según el director del Centro Amel.
Al mismo tiempo, los saqueos de vehículos y cargas de la ONU son frecuentes.
Muchos de los 200 a 300 campamentos de desplazados de Darfur se encuentran en áreas rurales, a las que sólo se puede acceder por helicóptero. Eso impide a los trabajadores humanitarios alcanzar a los pobladores que podrían ser expulsados.
"La amenaza contra los civiles no puede subestimarse", dijo Reeves.
