Una conferencia internacional reunida en Bruselas tomó medidas este jueves para impedir que los ingresos por la comercialización de diamantes financien la guerra civil en Costa de Marfil.
La exportación de diamantes en bruto desde Costa de Marfil está prohibida desde 2005 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a causa de la violación de un cese del fuego entre el gobierno y el movimiento insurgente Nueva Fuerza, que controla el norte del territorio.
Este embargo no parece haber evitado que los diamantes de Costa de Marfil ingresen en Europa.
El mes pasado, las autoridades belgas confiscaron un cargamento ilegal de diamantes de ese país, valuado en 21 millones de dólares. Esto ocurrió a pesar del sistema de controles establecido por el Centro Mundial de Diamantes de Antwerp para bloquear el ingreso de piedras preciosas utilizadas para financiar conflictos.
Antwerp, ciudad belga cuyo puerto es el segundo de Europa detrás de Rotterdam, y Londres, la capital británica, son dos de los mayores centros de comercialización de diamantes.
El caso de Costa de Marfil fue uno de los principales motivos de discusión durante la conferencia anual del Proceso de Kimberley, que reúne a 73 países y que concluyó este jueves en Bruselas.
El Proceso de Kimberley fue lanzado en Sudáfrica en 2000, cuando varios gobiernos se reunieron para estudiar estrategias que permitieran detener el comercio ilegal de diamantes.
La mayoría de los observadores estima que produjo beneficios tangibles, especialmente con la introducción en 2003 de normas internacionales para certificar el origen de esas piedras preciosas.
Los participantes en la conferencia acordaron que se necesita un renovado esfuerzo para mejorar los controles sobre los diamantes de Costa de Marfil, prestando particular atención a los procedentes de países limítrofes.
Esto se debe a la preocupación expresada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la participación de mafias de Malí en el contrabando de diamantes.
En noviembre pasado, el Proceso de Kimberley acordó con Ghana una serie de medidas, pues existían indicios de que diamantes de Costa de Marfil podrían haber sido transportados a través de ese país de África occidental.
El funcionario de la Unión Europea actualmente a cargo del Proceso de Kimberley, Karen Kovanada, dijo que las modalidades específicas de este nuevo enfoque, que aún deben ser afinadas por los expertos, probablemente implicarán un mayor énfasis en la supervisión en origen.
Las exportaciones de Ghana ya están pasando "a través de controles extraordinarios", dijo Kovanada a IPS.
Pero detener los cargamentos de diamantes de Costa de Marfil que se triangulan a través de países limítrofes puede resultar más complicado. A diferencia de Ghana, Burkina Faso y Malí no se han sumado al Proceso de Kimberley, pero, según Kovanda, han indicado su voluntad de cooperación.
"Las fronteras de Costa de Marfil son porosas", dijo Ian Smillie, coordinador de investigaciones de la no gubernamental Asociación África Canadá, que fomenta el desarrollo humano sustentable en África.
"Las fronteras de sus vecinos también son porosas. Los diamantes no se quedan en Burkina Faso, si es allí el lugar al que van. Llegan a los mercados mundiales en Estados Unidos, Europa, Japón e India", agregó..
En los años 90, los diamantes fueron un factor de vital importancia en las guerras civiles que devastaron Angola, Liberia y Sierra Leona. Se cree que el grupo insurgente angoleño Unita obtuvo entre 1992 y 1998 casi 4.000 millones de dólares a través del contrabando de esas piedras preciosas.
Smillie estima que la proporción de diamantes de zonas en conflicto en el mercado internacional debe haber caído de quince a uno por ciento. "El Proceso de Kimberley y otras iniciativas ayudaron para frenar este comercio", señaló.
Aunque este mecanismo está basado sobre regulaciones voluntarias, los países que no se adhirieron a él no pueden vender diamantes a los que sí se sumaron. Asimismo, las naciones que están bajo sospecha de implementar controles inadecuados pueden ser excluidas del Proceso, tal como le ocurrió a Congo-Brazzaville.
Este país fue readmitido esta semana, luego de ofrecer una explicación sobre las razones que justificaban la diferencia entre su capacidad de producción y el volumen de sus exportaciones de diamantes en bruto.
Smillie propone la introducción de leyes para asegurar que las naciones realicen auditorias y controles. "La industria de los diamantes exigió una supervisión más severa por parte de los gobiernos. Es algo inusual", dijo.
"No se me ocurren muchas industrias que reclamen mayor intromisión del gobierno. Pero todo es voluntario. Lo que me gustaría ver en los próximos meses y años es que los gobiernos adopten estas medidas y las hagan de cumplimiento obligatorio", agregó.
El presidente del Consejo Mundial de Diamantes de Nueva York, Eli Izhakoff, señaló que "no existen precedentes" de un comportamiento similar en ninguna industria, e indicó que prefiere este mecanismo en lugar de los centros de comercialización de piedras preciosas.
"Nuestra política es que un solo diamante de una zona de conflicto es demasiado", dijo a IPS. "Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, en conjunto con organizaciones no gubernamentales y gobiernos, para asegurarnos de que los controles adecuados funcionan. Hemos avanzado mucho, pero queda mucho por hacer."
Pero Charmian Gooch, directora de Testigo Global, la organización que reveló el papel que jugaron los diamantes en la guerra civil angoleña, no está convencida de que la industria sea un guardián muy celoso.
Uno de los problemas con el sistema de verificación adoptado en 2003 es que no está complementado por un "mecanismo de supervisión" y no contempla un análisis independiente de los datos, afirmó Gooch.
"Esto es un esquema voluntario de autorregulación paralelo al Proceso de Kimberley, porque los gobiernos se niegan a asumir la responsabilidad de la supervisión de sus industrias", agregó.
"No se realizan controles independientes —ni son requeridos— para verificar que la industria respete las estipulaciones. Esta autorregulación continuará siendo inadecuada hasta que tenga el respaldo de una supervisión gubernamental y vigilancia de organismos independientes."
"La industria no cumplió su promesa de crear un sistema de seguimiento pasible de ser sometido a auditoría para asegurar que los diamantes que utiliza están 'libres de conflicto'", concluyó.
