Exiliados de Birmania en Japón pretenden que la comunidad internacional presione al gobierno de este país, para que imponga sanciones contra la dictadura militar que oprime a la nación del sudeste asiático.
Unas 1.300 personas se manifestaron en el Parque Yoyogi de Tokio, convocadas por inmigrantes birmanos, para exigir que el gobierno japonés recorte su asistencia al régimen.
La manifestación del domingo en Japón fue la mayor desde que la dictadura birmana reprimió a miles de activistas en Rangún a fines de septiembre, dejando un saldo de al menos 13 muertos y 2.000 detenidos.
El motivo inicial del descontento popular fue el decreto que aumentó el precio del combustible a mediados de agosto, pero luego derivó en un cuestionamiento a la legitimidad del gobierno militar.
Los manifestantes marcharon por el popular distrito de Shibuya con pancartas y gritando "Libertad para Birmania" y "No más asistencia oficial al desarrollo para Birmania".
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Tim Win Akbar, dirigente de la filial japonesa del birmano Partido de Oposición Democrática, atribuyó la amplia convocatoria de la manifestación a que "contó con la participación de la Confederación de Sindicatos Japoneses y legisladores".
"Tratamos de que las protestas sirvan para que la comunidad internacional tome conciencia y presione al gobierno japonés, que debe hacer más", añadió.
Than Thon Oo trabaja en un restaurante chino en Tokio y tiene a su padre preso en Birmania desde hace siete años. "El dinero no llega a la gente. No queremos que Japón brinde más asistencia a nuestro país. ¡Debe interrumpirla!", insistió la mujer.
Japón es el mayor donante de Birmania. En 2006, la asistencia llegó a 26,1 millones de dólares, según cifras oficiales.
En cambio, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos impusieron sanciones contra ese país por su negativa a iniciar un proceso de reformas democráticas.
Por otra parte, sindicalistas japoneses se disponen a tomar medidas dentro del país para impedir que diversas empresas nacionales abusen de sus empleados birmanos inmigrantes.
"Queremos crear un gremio para ellos aquí porque lo despiden de forma ilícita y algunos no reciben sus salarios", informó el secretario general adjunto de la Asociación de Metal, Maquinarias y Trabajadores de la Industria, Masaki Koyama.
"Los trabajadores debemos ayudarnos los unos a los otros", añadió Koyama.
"Japón es el segundo país más rico del mundo, por lo tanto es su deber internacional respaldar la democratización birmana", sostuvo Koyama, en alusión al recorte de la asistencia.
El problema es que muchos japoneses ignoran lo que sucede en ese país del sudeste asiático, según Mariko Iwate, estudiante de la Universidad de Hitotsubashi, de 23 años.
"La población japonesa es indiferente. Antes de hacer algo, primero es necesario difundir información", consideró.
La primera gran ola de indignación sobre la situación en Birmania se desató en este país en septiembre con el asesinato en Rangún del fotógrafo japonés, Kenji Nagai, de 50 años, cuando cubría una manifestación pacífica.
La televisión japonesa mostró imágenes en las que se ve cómo Nagai caía tras recibir un disparo a quemarropa de un soldado birmano y trata de levantar su cámara para tomar una última fotografía antes de caer.
Esas imágenes contradicen la explicación oficial de Birmania, según las cuales Nagai habría muerto a raíz de una "bala perdida", según especialistas japoneses.
Nagai era un profesional conocido y respetado cuyo trabajo lo llevó a lugares conflictivos del mundo, como Afganistán, Camboya, Iraq y Palestina.
Fue a todos esos lugares sabiendo que su vida corría peligro, según sus colegas. Su objetivo, como escribió su antiguo jefe Toru Yamaji, era poner de relieve la difícil situación de los marginados.
Poco después de la muerte de Nagai, la prensa japonesa urgió al gobierno a imponer sanciones y retirar a su embajador en Birmania.
Miembros del parlamento japonés condenaron la balacera ordenada por el "brutal régimen" de ese país.
También exiliados birmanos en Japón reclamaron sanciones. Algunos refugiados comenzaron una huelga de hambre y se registraron varias manifestaciones frente a la embajada birmana en esta ciudad.
Ante la presión, el jefe de gabinete, Nobutaka Machimura, anunció la cancelación de un paquete por 4,7 millones de dólares para un centro educativo de la Universidad de Rangún.
Pero los manifestantes dicen que eso no basta.
Las compañías japonesas deben dejar de hacer negocios con Birmania, pues sólo ayudan a los militares y no a la población, señaló Min Nyo, presidente de la Oficina de Birmania, que brinda asistencia social y legal a los birmanos residentes en Japón.
Funcionarios japoneses señalaron que Tokio decidió cortar la asistencia, en vez de recurrir a sanciones más drásticas, como forma de promover la democracia en Birmania.
Por lo tanto, aseguraron, el gobierno seguirá financiando proyectos humanitarios, dadas las cada vez peores condiciones de vida.
El gobierno japonés admite su preocupación por la situación política en ese país y pidió la liberación de los presos políticos, incluida la premio Nobel de la Paz y líder del movimiento prodemocrático Aung San Suu Kyi.
La dictadura birmana ha recibido mucha presión internacional para liberar a Aung San Suu Kyi del arresto domiciliario que ha padecido desde hace 12 de los últimos 18 años.
El ejército gobierna Birmania desde 1962. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones internacionales de derechos humanos acusaron al régimen de violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones y el uso de niños soldado.
El régimen está inmerso en un enfrentamiento sordo con la ONU y no tiene ninguna intención de cooperar con el enviado especial del foro mundial, Ibrahim Gambari, o de iniciar un proceso de diálogo político genuino.
La dictadura "rechazó la propuesta de Gambari de una conversación tripartita con él y Aung San Suu Kyi y eso nos desanimó", señaló.
Sin embargo, por primera vez en tres años Aung San Suu Kyi se mostró "optimista" acerca de reformas políticas en su país, tras la reunión del viernes con dirigentes de su partido, la Liga Nacional por la Democracia, dijo a IPS el portavoz de la agrupación en Bangkok, Larry Jagan.
Pero Tin Win no está de acuerdo.
"Tenemos motivos para creer que esto puede ser un nuevo ardid", aseguró.
"Los generales siempre actuaron de mala fe. Esta gente organizó elecciones generales cuyo resultado después ignoró. No son gente de palabra. Los pesimistas siempre tuvieron razón en Birmania", agregó.
Hoy reina una relativa calma en ese país aislado, pero la información que llega desde ahí es funesta, lo que hace pensar que la población padecerá más dificultades económicas a raíz de las manifestaciones, según Tin Win.
