La justicia condenó este miércoles a 40.000 años de prisión a tres autores materiales del ataque terrorista del 11 de marzo de 2004 en la capital española, pero no pudo identificar a quienes lo idearon y dirigieron. También confirmó que el grupo separatista vasco ETA no tuvo nada que ver con la masacre.
El centroderechista Partido Popular (PP), entonces en el gobierno de España, sostuvo desde antes de su derrota en las elecciones, celebradas tres días después de los atentados, que éstos habían sido obra de ETA o que, al menos, ese grupo terrorista había estado involucrado en sus preparativos y ejecución.
Precisamente, a su fracaso en las urnas contribuyeron las primeras pruebas, surgidas horas después de cometido el ataque, que apuntaban a grupos islamistas como posibles autores. En el ambiente electoral se instaló la idea de que fue en respuesta al apoyo expreso dado a la invasión de Estados Unidos a Iraq en 2003 por el jefe de gobierno y líder del PP, José María Aznar (1996-2004).
El juez Javier Gómez Bermúdez fue categórico al leer la sentencia del tribunal: "Ninguna prueba avala la presencia de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en euskera)".
Aclaró, demás, que en los artefactos colocados en cuatro trenes, que estallaron el 11 de marzo de 2004 en las cercanías de la estación madrileña de Atocha, no se utilizaron los mismos explosivos habitualmente empleados por ETA sino otros, sustraídos de la mina Conchita, ubicada en la norteña Comunidad de Asturias.
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Muchas de las víctimas y familiares de las mismas que asistieron a la lectura del fallo manifestaron disconformidad con la sentencia, en especial con la absolución de Rabei Osman, "El Egipcio", que había sido acusado por el fiscal de ser el inductor de un movimiento islamista en España.
De haberse encontrado pruebas en su contra para considerarlo culpable, habría sido condenado a unos 40.000 años de prisión por 191 asesinatos terroristas y 1.841 en grado de tentativa. A esas penas fueron condenados Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y Emilio Suárez Trashorras.
La calificación de las sentencias se refiere a la cantidad de personas muertas el día del atentado y a las que resultaron heridas. En la legislación española se suman las condenas por cada víctima, por lo cual, como en estos casos, llegan a miles de años, aunque en la práctica ninguno cumple más de 30 años de cárcel.
Jamal Zougam y Otman el Gnaoui fueron encontrados autores de la masacre, entre otros delitos, mientras que el español Suárez Trashorras fue responsabilizado de suministrar los explosivos. También fueron sentenciados por estos atentados otros 18 del total de 29 procesados en este juicio, sobre los cuales recayeron penas de prisión que van de tres a 12 años.
La ausencia de condenados como autores intelectuales o inductores en los atentados conocidos como 11-M, acusación que también pesaba sobre algunos de los procesados, implica que sólo se reconoce la culpabilidad de quienes organizaron y perpetraron los atentados en España.
Entre ellos se cuentan los siete que se suicidaron en Leganés, una localidad de los suburbios de Madrid, el mismo día del ataque cuando fueron descubiertos y rodeados por la policía, que los intimó a rendirse. Su respuesta fue hacer estallar los explosivos que portaban.
Pero el tribunal no encontró pruebas que le permitieran culpar de estos graves delitos a personas fuera de España, o que demostraron una conexión internacional con quienes organizaron y perpetraron los atentados.
La madre de uno de los fallecidos, Carlos Alberto García Sánchez, al escuchar la sentencia manifestó "¡qué mierda de justicia es ésta" y "se han reído de mi hijo, al que mataron el 11 de marzo", disconforme porque pensaba que no se debería haber absuelto a ninguno. Es que los jueces sobreseyeron a ocho de los acusados.
Apenas conocido el veredicto, el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, compareció por televisión y en primer lugar dedicó su recuerdo a los muertos y heridos en los atentados.
A continuación destacó el "comportamiento ejemplar" de las instituciones públicas y en especial la justicia y las fuerzas de seguridad por su "averiguación imparcial de la verdad".
Zapatero culminó sus palabras llamando a un consenso contra el terrorismo. En términos similares se pronunció Mariano Rajoy, actual líder del PP, aunque manifestó de manera indirecta su crítica al indicar que respeta las decisiones de los tribunales aunque lamenta que los acusados de inducción no hayan sido condenados como tales.
Rajoy también reivindicó que las detenciones de los acusados y ahora condenados fueron realizadas cuando aún gobernaba el PP.
Añadió que su partido siempre defendió investigar todos los aspectos del caso, y puntualizó que la sentencia no despeja todas las dudas sobre la autoría intelectual de la matanza y que "apoyará sin límites cualquier otra investigación" sobre esos atentados.
Aunque no hay ningún indicio que permita suponer alguna relación política del tribunal con el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la sentencia influirá positivamente a favor de éste en las elecciones generales que se celebrarán en marzo de 2008.
En el juicio actuaron 49 abogados y 23 asociaciones particulares, que lo hicieron como acusadoras durante los casi tres años que duró el mismo y en el que declararon, además de los acusados, 370 testigos.
El tribunal también determinó que las víctimas (heridos) y los familiares de víctimas, sean muertas o heridas, recibirán fuertes indemnizaciones, que oscilan entre 30.000 y un millón y medio de euros (de 43.000 a 1,4 millones de dólares) a cada una.
