Casi 90 mujeres han muerto en Nicaragua como consecuencia directa o indirecta de la derogación hace un año de un artículo legal que permitía el aborto en casos de riesgo de salud, denunciaron organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos.
Ana María Pizarro, directora de la no gubernamental organización Sí Mujer y coordinadora Regional de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto Terapéutico, señaló a IPS que la reforma de esta norma ha incidido en fallecimientos reportados en distintas partes del país.
Estudios de la asociación indican que 12 de esas jóvenes embarazadas murieron por falta de atención en los centros de salud, que temen por las sanciones penales impuestas de hasta ocho años de cárcel y retiro de licencia a los médicos que practiquen o ayuden a realizar abortos, aun con fines médicos.
"Lo que está ocurriendo es la práctica oficial de una pena de muerte impuesta contra las mujeres", añadió esta médica, especialista en ginecología.
A solicitud de la jerarquía de la Iglesia Católica, la Asamblea Nacional aprobó el 26 de octubre de 2006 el Proyecto de Ley de Derogación del artículo 165 del Código Penal vigente, que permitía el aborto por razones médicas desde 1893.
Se aplicaba en casos de peligro para la vida de la madre, daños irreversibles al embrión o feto o cuando el embarazo resultase de una violación o incesto. Para cualquiera de esas situaciones se debía contar con la opinión científica de por lo menos tres médicos y la autorización de la embarazada o de su familia.
La norma fue sancionada en medio de un clima político agitado, previo a las elecciones generales del 5 de noviembre que ganó el izquierdista Daniel Ortega, quien tejió una controvertida alianza con el retirado cardenal Miguel Obando y Bravo, actual coordinador del Consejo Nacional de Reconciliación y Paz del gobierno.
Tal decisión fue duramente cuestionada por una treintena de organizaciones médicas locales, instituciones de derechos humanos de América Central, representaciones diplomáticas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otras agencias del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según los movimientos feministas, la derogación de la figura obedeció a una estrategia política del hoy gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de izquierda, y del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el fin de obtener el apoyo de los votantes católicos en esos peleados comicios.
La ley entró en vigencia en noviembre de ese mismo y fue incorporada en septiembre en el texto del nuevo Código Penal que se discute en la Asamblea Nacional legislativa.
"Quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario", estableció el primer párrafo del artículo 143 del nuevo Código Penal.
Adicionalmente, se agregaron penas a las mujeres que se practiquen cualquier tipo de aborto.
"A la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique se le impondrá pena de uno a dos años de prisión", añade el artículo 143 del discutido código, aprobado con la mayoría de los votos liberales y sandinistas (66 en 91).
Patricia Orozco, coordinadora del Movimiento Feminista que pelea por la restitución de la figura médica, informó que el grupo ya ha presentado 54 recursos de inconstitucionalidad de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.
"No nos han respondido y sabemos que no lo harán, porque la Corte obedece a los intereses de los partidos liberales y sandinistas, que son quienes manejan las leyes en este país", se quejó Orozco.
La oficina de prensa de la Corte dijo al respecto que fallará en su debido tiempo los recursos interpuestos contra la ley.
No obstante, los grupos feministas creen que el recurso será sometido a la estrategia de retardación de justicia para "que se muera en el olvido". "Pero, mientras, las mujeres sigan muriendo, ellas no lo olvidarán, expresó Orozco, quien resaltó que durante este año han sido objeto de doble ataque.
"Aparte de que nos han atacado en lo más íntimo, que es el derecho a la vida, nos han atacado en las calles cuando protestamos, nos han echado a la policía, nos han golpeado y nos acosado judicialmente por alteración al orden público", se quejó la líder del movimiento feminista.
Los ataques y agresiones por parte de la policía contra las mujeres que protestan por el aborto terapéutico fueron también denunciados a IPS por la oficina de denuncias del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
"Se han documentado más de cinco agresiones masivas contra las mujeres que participan en las protestas cívicas en las calles de Managua", dijo una activista.
A comienzos de este mes, Ángela Heimburger, investigadora de Human Rights Watch, con sede en Nueva York, presentó en Managua un estudio sobre los resultados de la implementación del aborto terapéutico en Nicaragua desde su aprobación en 2006.
"Ha tenido un impacto devastador en la salud y las vidas de las mujeres", dijo Heimburger a IPS.
El informe denominado "Por sobre sus cadáveres: Denegación de acceso a la atención obstétrica de emergencia y el aborto terapéutico en Nicaragua", señala que hasta septiembre 11 mujeres estudiadas habían fallecido por razones vinculadas con el aborto y la negación al servicio médico en los hospitales públicos.
Las cifras no han sido ni negadas ni confirmadas oficialmente por el Ministerio de Salud, ente que guarda silencio sobre las estadísticas de atención materna desde la aprobación de la ley derogatoria.
"El gobierno siempre va ocultar las huellas de sus errores, no creemos en sus estadísticas", dijo Juana Jiménez, dirigente de la Red de Mujeres contra la Violencia, organización no gubernamental que ha participado en la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.
Según el Movimiento Autónomo de Mujeres, cada año se practicaban entre 800 y 1.000 abortos terapéuticos en el sistema médico público antes de la aprobación de la norma de prohibición. "Ahora son entre 800 y 1,000 mujeres en riesgo", se agrega en un comunicado.
Esta organización señala, entre otros efectos de la aplicación de la ley, la inmigración de más de 2,500 mujeres jóvenes a otros países de América Central donde se puedan atender el embarazo sin correr riesgo.
"Las mujeres más humildes se van a Costa Rica o Panamá, las de mayores recursos económicos se van a Estados Unidos", señalaron fuentes de esa organización, la cual promete aumentar sus protestas y campañas por todo el país.
La situación médica es seguida de cerca, y vista con preocupación, por el representante de la ONU en Nicaragua, Alfredo Missair.
"Lo que sabemos es que las causas de muerte materna, en forme indirecta por razones de atención o no atención, de alguna manera si incrementan, y es una realidad que debe afrontarse", dijo a IPS.
"Lamentablemente, el tema del aborto terapéutico se tergiversa como un tema de aborto, y es más bien un tema de interrupción de embarazo para algunas mujeres que pueden provocar la muerte de la madre y del bebé, es un tema que el país debe tomar la decisión al respecto, pero darle la oportunidad a las madres de tener derecho a la vida", expresó Missair.
"La agenda inconclusa de América Latina, que es una de las regiones que mejor cumplió con los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, posee una deuda histórica con el objetivo de reducir la mortalidad materna", opinó el representante de la ONU, cuyas cifras de mortalidad materna en el caso de Nicaragua se calculan en alrededor 90 por cada 100.000 nacidos vivos.
"En los países desarrollados anda por 25 muertes por cada 100.000 nacidos vivos", comparó.
