El Estado peruano saldará una añeja y creciente deuda con los indígenas de la Amazonia, al incluirlos en un censo nacional reconociendo sus particularidades sociales, económicas y culturales. Los especialistas advierten que apenas es un primer paso.
Con una cartilla de 37 preguntas, los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llegarán el 21 de este mes a más de 2.200 comunidades aborígenes de la Amazonía para reincorporarlas en el mapa de las cifras.
El sondeo oficial se aplicará en 11 de las 25 regiones en que se divide políticamente este país: Amazonas, Cusco, Junín, Madre de Dios, Ucayali, Pasco, Huanuco, Loreto, San Martín, Cajamarca y Ayacucho.
Desde 1821, cuando nació la republicana independiente de Perú, se han realizado 10 censos nacionales, pero sólo una vez, en 1993, se recogió información específica sobre el componente étnico y multicultural de la población, pese a que lo exigen las normas.
"Hubo una omisión censal con ellos. Hay varios pueblos que no han sido reconocidos y es momento de actualizar las cifras para saber cuántos son realmente y cómo viven", reconoció ante IPS Pablo Inga Medina, coordinador del censo de las comunidades indígenas del INEI.
En el censo de 1993 se identificaron 1.450 comunidades indígenas de la Amazonia pertenecientes a 65 grupos étnicos, que sumaban 299.218 habitantes.
Empero, la no gubernamental Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) sostiene que sus investigaciones le dan que hoy existen por lo menos 2.120 comunidades.
El jefe del INEI, Renán Quispe, señaló a IPS que los indígenas fueron registrados en los censos anteriores como cualquier otro peruano, pero sin considerar sus particularidades culturales, sociales y económicas, como para que las autoridades conociesen sus necesidades y realidad.
Además, tampoco se llegó hasta ahora a varias comunidades debido a lo poco accesible de la geografía.
Esta vez, el registro que forma parte de los censos nacionales de 2007: XI de Población y VI de Vivienda, se efectuará a lo largo de 15 días, en razón de que las comunidades están ubicadas en zonas alejadas.
Wilfredo Ardito, jefe del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtió que la ausencia del factor indígena en las estadísticas oficiales hasta el momento ha provocado que "el derecho que tienen (ellos) a una educación bilingüe intercultural, a un territorio o a su cultura, no forme parte de las políticas estatales".
A juicio de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, al subestimarse el número real de los indígenas se ha planteado una "inadecuada distribución del presupuesto estatal, porque el gobierno nacional y los regionales planifican sus programas de atención a este sector con cifras desactualizadas".
Ante las críticas, Quispe admitió que "el censo de 2005 fue incompleto", pero que ahora se quiere "tener una idea precisa de la situación de este sector de la población para que el Estado pueda atender sus reclamos".
Por ello, dijo, en esta oportunidad se ha elaborado un formulario en el que se buscará obtener información sobre la organización, servicios de salud, educación y actividades económicas de las comunidades, entre otros aspectos.
El vicepresidente de Aidesep, Robert Guimaraes, manifestó a IPS que no sólo debe hacerse énfasis en las necesidades "sino también en las fortalezas de estas organizaciones".
"Queremos ser visibilizados para que nos permitan concretar nuestro propio desarrollo sostenible", agregó.
Guimaraes, un nativo shipibo de la comunidad Flor de Ucayali, recordó que existen 14 pueblos indígenas no contactados, como los maskopiros en la región Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, que no serán visitados por los encuestadores.
Pero el representante de Aidesep también cuestionó que en la encuesta no se pregunte a los indígenas si en sus territorios hay concesiones petroleras, con el objetivo de determinar el daño al que estarían expuestas esas comunidades.
"En más de 80 por ciento de los territorios indígenas hay prospección y producción petrolera que ponen el riesgo la salud de los pobladores", afirmó Guimaraes.
Un caso simbólico de estos riesgos es el del pueblo achuar, sobre el río Corrientes de la selva norteña del país, en la región de Loreto.
Según un informe del Ministerio de Salud, publicado en mayo de 2006, más de 50 por ciento de los 8.000 habitantes indígenas de esa zona tienen cadmio y plomo en la sangre por encima de los límites permitidos, debido a la explotación del petróleo en sus territorios.
"Perú debe reconocer con exactitud esta situación y asumir una responsabilidad impostergable", sostuvo el antropólogo Jorge Arboccó, de la Asociación Paz y Esperanza, en la sede de la región San Martín.
Las cartillas del censo para reconocer esta realidad estarán dirigidas a los jefes de cada comunidad indígena, porque las autoridades del INEI consideran que ellos "tienen la visión global sobre la comunidad que se requiere para el levantamiento de la información en la zona".
Para el censo se cuenta con el apoyo de indígenas afiliados a Aidesep y a la Confederación Nacional de la Amazonía Peruana (Conap), que han sido capacitados por el INEI para participar en el proceso debido a la facilidad que tienen en el manejo de los idiomas nativos y por ser miembros de las diversas comunidades.
Son cerca de 6.500 personas que participarán entre jefes de secciones rurales y encuestadores.
Pero Arboccó señaló a IPS que, pese a los esfuerzos que hace el INEI, no resulta real desarrollar un censo solamente en 48 provincias y 122 distritos de 11 regiones.
"Los indígenas, como la mayoría de la población de nuestro país, emigran constantemente de un lugar a otro. El Estado debe mejorar sus indicadores de medición y considerar que no sólo en 11 regiones existe población indígena", indicó.
El especialista opinó que debe plantearse un debate en este país sobre lo que se entiende por indígena, puesto que existe una confusión de términos como nativos o campesinos, que no permiten sincerar las cifras y proponer políticas estatales para este sector de peruanos.
En efecto, en el censo de 1993 se contaron de manera general 8.793.295 indígenas, 97,8 por ciento de los cuales eran andinos (90,9 por ciento quechuas y 6,9 por ciento aymaras) y 2,1 por ciento amazónicos, los que esta vez serán censados de manera especial.
Según esas cifras, los indígenas constituían entonces la tercera parte de los peruanos.
El jefe del INEI explica que para el censo no se ha previsto un registro especial para los indígenas de los Andes como en la Amazonía, debido a que en la mayoría de los casos no asumen la condición de pueblos originarios sino la genérica de campesinos.
Entre otras observaciones que realizan los expertos al censo previsto es su poca difusión en los diversos idiomas originarios, además del poco despliegue de personal técnico preparado con una visión intercultural para este proceso, pese al apoyo de las organizaciones no gubernamentales.
Guimaraes resaltó que los resultados del censo deben servir para que el presidente de Perú, Alan García, cumpla con su promesa de hace tres meses de atender la agenda indígena.
"Un país con una política inclusiva debe desarrollar el diálogo en igualdad, aceptar las diferencias para aprovecharlas en un real desarrollo sostenible", completó Arboccó.
