La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU no cuenta en su visita de cinco días a Sri Lanka con permiso para trasladarse a la septentrional península de Jaffna, zona controlada por los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil.
El Ministerio de Derechos Humanos y Gestión de Desastres se ocupa de la agenda de Louise Arbour, quien llegó el martes a Sri Lanka.
El secretario de la cartera, Mahinda Samarasinghe, declaró que ni Arbour ni Manfred Novak, relator especial sobre tortura de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) pueden recorrer zonas controlados por los Tigres.
Las razones esgrimidas: la visita de esas áreas sería insegura y, por otra parte, puede crear propaganda negativa.
Las restricciones motivaron numerosas quejas de observadores radicados en Colombo. "Parece que el gobierno estudia mucho la estancia de Arbour, a veces hasta poniéndose agresivo", dijo a IPS Dulani Kulasinghe, investigadora del Law and Society Trust.
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Apenas Arbour llegó al país, la portavoz de derechos humanos de los Tigres, N. Selvy, declaró que la organización tamil esperaba su visita a la región de Vanni (bajo su control) para darle un panorama real de los abusos cometidos por el ejército y por milicias paramilitares.
También expresó la decepción de la organización porque "el principal violador" de los derechos humanos, o sea "el propio gobierno de Sri Lanka", controle la agenda de Arbour.
Sin embargo, Arbour tiene previsto visitar la península de Jaffna, centro político neurálgico de la minoría tamil, que representa alrededor de 18 por ciento de los 20 millones de habitantes de Sri Lanka.
Los tamiles llegaron desde el sur de India y practican el hinduismo, a diferencia de la mayoritaria etnia cingalesa, budista, que constituye 73 por ciento de la población total.
El subsecretario de Estado (viceministro de Relaciones Exteriores) estadounidense, Nicholas Burns, dijo al canciller de Sri Lanka, Rohita Bogollagama, que deben tomarse más medidas para contener las violaciones de derechos humanos en Jaffna.
Burns "le hizo saber" a Bogollagama "su gran preocupación por los informes creíbles de las continuas violaciones de derechos humanos en Jaffna y otras partes del país", declaró el Departamento de Estados (cancillería) de Estados Unidos.
Sri Lanka atraviesa una fase crucial de los 20 años de lucha entre los separatistas tamiles, liderados por los Tigres, y el gobierno, dominado por nacionalistas cingaleses. El conflicto se cobró más de 70.000 vidas humanas.
Pero el gobierno, ya muy criticado por la comunidad internacional por su forma de lidiar con el asunto, no disimula sus pretensiones ante la visita de Arbour: que concluya sin repercusiones negativas en la prensa y que se reconozcan sus esfuerzos para frenar las violaciones de derechos humanos.
Las últimas visitas de altos funcionarios de la ONU terminaron con cuestionamientos al gobierno srilankés.
El relator especial del foro mundial para el reclutamiento de niños y niñas en conflictos armados, Allan Rock, terminó su visita en noviembre de 2006 exhibiendo evidencias sobre la participación de menores de edad en combates.
El coordinador de la asistencia para casos de desastres de la ONU, John Holmes, calificó el mes pasado a este país, uno de los más golpeados por el tsunami en el océano Índico de diciembre de 2004, como el peor lugar para el trabajo de los socorristas.
Además, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) se unieron a grupos nacionales para señalar que la situación es tan mala que sólo una oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con asistencia de otras agencias tendrá resultados.
Entre enero de 2006 y junio de este año se denunciaron 1.100 secuestros, según informó HRW en agosto.
Sri Lanka también ocupó un lugar destacado la sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, aunque Colombo evitó la aprobación de una resolución crítica propuesta por la Unión Europea.
El Consejo, creado en marzo de 2006 para reemplazar a la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, está integrado por representantes de 47 países.
La visita de Arbour responde a una invitación del gobierno. La funcionaria manifestó su opinión favorable a la instalación de una oficina internacional de derechos humanos en Sri Lanka.
El gobierno trató de fijar el tono de la visita en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
"Debemos conversar con la alta comisionada Arbour cuando visite Sri Lanka acerca de cómo reforzar el trabajo de organizaciones nacionales en cooperación con su oficina. Pero es Sri Lanka la que tiene que decidir si se instala una oficina internacional en el país", señaló el representante permanente de Sri Lanka en Ginebra, Dayan Jayatilleka.
Arbour prevé visitar a cientos de personas tan asustadas que, incluso, buscaron protección de la policía en prisiones de Jaffna.
Además, un grupo de 86 detenidos tamiles presos en la cárcel de máxima seguridad de Welikade y otros 40 en otra prisión solicitaron por intermedio del opositor partido Alianza Nacional Tamil poder reunirse con la alta comisionada.
Los detenidos señalaron que Arbour debía conocer las condiciones de las cárceles y estar enterada de la prolongada reclusión sin proceso que padecen, indicó la Alianza.
"Haremos llegar a Arbour nuestras quejas y urgiremos supervisión internacional de la situación", dijo a IPS Mano Ganeshan, legislador de la oposición y representante del Comité de Supervisión Civil.
El Comité integrado por legisladores de la oposición y activistas de la sociedad civil, investiga los secuestros y desapariciones y ha servido como punto de encuentro con los familiares de las víctimas.
Ganeshan informó que en ese ámbito se suscitó un amplio respaldo a la instalación de una oficina internacional derechos humanos, incluidos los principales partidos de la oposición.
Kulasinghe, de Law and Society Trust, señaló que cualquiera sea el resultado de la visita de la alta comisionada, es probable que tenga consecuencias a nivel nacional.
"Las conclusiones de Arbour serán importantes. Aun si tiene un acceso limitado a varios lugares. Puede incluir eso en su informe", indicó.
Ganeshan concordó con ella y arguyó que pese a que el gobierno diga que la comunidad internacional disminuyó el control de la situación en este país y de que la situación había mejorado, las conclusiones de la alta comisionada tendrán repercusiones.
"Colombo dice que la situación mejoró, pero pienso que muchos delegados al Consejo de Derechos Humanos esperan que Arbour lo diga, que ella misma lo compruebe o dé otra opinión" al respecto, indicó a IPS.
