«Las torturas con picana eléctrica a pocos días de que su embarazo llegue a término aceleraron el trabajo de parto», se relata de modo crudo en el libro digital «Maternidades Clandestinas», que reconstruye la historia de decenas de mujeres prisioneras de la dictadura argentina (1976-1983).
La investigación de la no gubernamental Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, publicada este año en Internet, es actualizada ante cada aparición de un nuevo testimonio o de la restitución de jóvenes que nacieron en cautiverio y que sólo ahora, más de tres décadas después, se someten a una indagación sobre su verdadera identidad.
Desde que se agruparon para buscar a sus nietos desaparecidos en plena dictadura, las abuelas pudieron restituir hasta ahora la identidad de 88 jóvenes. Pero el dato no las satisface. Todavía hay más de 400 que entre 1975 y 1980 fueron secuestrados junto a sus padres o que nacieron en campos de concentración y fueron entregados sin que constara su verdadero origen.
Vanina Wiman, integrante del equipo de investigación de la filial La Plata (capital de la oriental provincia de Buenos Aires) que realiza la investigación, explicó a IPS que "por el momento" el trabajo se centró en ocho centros de detención ilegal que funcionaron en ese distrito, pero saben que los casos son "muchísimos más" y esperan abarcarlos a todos.
La investigación recoge las historias de 77 embarazadas que pasaron por esos ocho campos de prisioneros. De ese total, 43 permanecen desaparecidas, 16 fueron liberadas y 18 no fueron identificadas. Es una reconstrucción particularmente conmovedora, porque se trata de mujeres que dieron a luz en las peores condiciones imaginables.
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"El objetivo es reconstruir las historias individuales, elaborar una descripción de cómo funcionaban esas maternidades clandestinas, lograr una lista completa de detenidos que pasaron por allí y del personal que intervino en los partos, y colaborar así con la búsqueda de los nietos", sintetizó Wiman.
El informe parte de una introducción general y se divide luego en ocho capítulos que describen el funcionamiento de los ochos centros clandestinos de detención. En cada uno se destacan las historias de mujeres que fueron secuestradas cuando estaban embarazadas y que dieron a luz o perdieron a sus hijos en prisión.
"El trato con las embarazadas no difería del que recibía el resto de los secuestrados", describe la investigación sobre lo que ocurría en el centro denominado "La Cacha". "En general eran sometidas a golpes, torturas físicas y psicológicas", se añade. En el caso de Lucía Marroco, según testigos, las torturas le provocaron un aborto.
Los investigadores precisan que por la Brigada de Investigaciones de La Plata pasaron 91 detenidos, entre ellos seis mujeres embarazadas. Liliana Galarza, todavía desaparecida, dio a luz allí a una niña que fue bautizada por Christian von Wernich, el sacerdote católico condenado por genocidio el 9 de este mes en razón de su actuación, precisamente, en este campo de detenidos.
En tanto, por la Comisaría 5 de La Plata pasaron 180 prisioneros ilegales, entre ellos 10 embarazadas. Al momento del parto, las mujeres eran trasladadas a algún hospital cercano al destacamento, pero hubo un caso, el de Inés Ortega, que fue obligada a parir allí "sobre una sucia mesa de cocina", describe el informe.
"Tabicada, atada de manos y frente a todos los guardias del centro clandestino, Inés dio a luz a un bebé al que llamó Leonardo", relata. Cinco días después del nacimiento, se lo quitaron. El hijo de Ortega recuperó finalmente su identidad a los 28 años gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.
En "La Cacha" hubo 158 detenidos y detenidas, 14 de las cuales estaban encinta. En la misma manzana está ubicada la cárcel de Olmos, que tenía un hospital. Allí estuvieron fueron alojadas otras 10 embarazadas. El informe llama la atención sobre la gran cantidad de personal médico involucrado en la asistencia.
Pediatras, anestesistas, parteras, obstetras, enfermeras, todos conocían la condición de secuestradas de esas mujeres, y muchos fueron cómplices de la apropiación de los recién nacidos. Pero también se destaca que hubo parteras y enfermeras que fueron desaparecidas por la represión dictatorial por informar de estos casos a los familiares.
"Cuando el alumbramiento era inminente, la embarazada era conducida a una sala de parto del primer piso que funcionaba como enfermería", relata el informe aludiendo al llamado Pozo de Banfield, otro centro por el que pasaron 182 detenidos y donde se produjeron 16 partos clandestinos.
"Allí, esposadas a la camilla y sin las más mínimas condiciones de asepsia, las mujeres daban a luz entre los insultos de (Jorge) Bergés (médico policial) y del personal de guardia. Inmediatamente después del nacimiento, la parturienta era obligada a limpiar la enfermería", describe la investigación.
Otra de las mujeres detenida en este centro fue Laura Carlotto, hija de la actual presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Secuestrada en 1977 con un embarazo de dos meses, la entonces joven habría dado a luz a un varón, al que llamó Guido poco antes de ser asesinada por sus captores. El hijo de la nieta de Estela Barnes de Carlotto sigue sin aparecer.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo nació en octubre de 1977 del seno de un grupo de familiares de jóvenes desaparecidos con el fin de encontrar a los hijos e hijas de éstos. El nombre fue tomado del paseo céntrico ubicado frente a la sede del gobierno argentino donde cada jueves realizaban una ronda de protesta pese a la sangrienta represión.
En ese mismo entorno fue que nació el 30 de abril de 1977 la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Estas organizaciones y otras defensoras de los derechos humanos no descansan desde entonces en busca de que no queden impunes los crímenes de la dictadura, que dejó según sus cálculos 30.000 personas desaparecidas luego de ser detenidas ilegalmente.
Entonces Abuelas estaba constituida apenas por una docena de mujeres, que desesperadas le acercaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos de la época, Cyrus Vance (1927-2002), durante su visita a Argentina en aquel año.
En estos 30 años consiguieron afirmar la búsqueda de sus nietos a través de la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, que permite la identificación de las personas restituidas, y generaron múltiples proyectos para la educación en derechos humanos y la conciencia sobre el derecho a la identidad.
A comienzos de los años 90, cuando se creía que los represores de la dictadura habían logrado evadir definitivamente la sentencia judicial a través de leyes e indultos, los abogados de Abuelas y otros lograron reabrir causas contra los ex jefes militares, al demostrar que la apropiación de menores había sido un delito sistemático de la dictadura.
Actualmente hay apenas una veintena de mujeres activas. Muchas otras murieron o están muy ancianas para seguir la búsqueda. Pero su labor las trasciende. En julio de este año consiguieron restituir a Belén Altamiranda, nacida en 1977 en el hospital de Campo de Mayo, un cuartel ubicado en las afueras de Buenos Aires.
Su madre, Rosa Luján Taranto, había sido secuestrada cuando Belén estaba en gestación y había estado detenida en el centro de detención conocido como El Vesubio, junto a otras 15 mujeres encintas. Al momento de parir fue trasladada y, según testigos, la trajeron de nuevo y dijo que había tenido una niña. La mujer está todavía desaparecida.
Su caso se conoció por el relato de Elena Alfaro, otra detenida en El Vesubio que logró sobrevivir al horror. Esta mujer también "fue torturada con picana eléctrica, golpes, latigazos y quemada con cigarrillos a pesar de su evidente estado de gravidez. Le decían permanentemente que iban a matar a su bebé", se indica en el informe.
Durante la gestación de su hijo, Alfaro fue además violada por el jefe del centro clandestino, Pedro Durán Sáenz, y pese a todo logró dar a luz a un niño en cautiverio, Luis Felipe. Más tarde, ambos fueron liberados y se exiliaron en Francia.
