Las Fuerzas Armadas de México, puntal de la estrategia de seguridad ordenada por el presidente Felipe Calderón, se encuentran en la picota por denuncias de violación de mujeres a manos de solados en dos estados.
Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), escuchará en su 130 sesión en la sede de Washington argumentos sobre el caso de dos mujeres violadas presuntamente por efectivos militares en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión recibirá el 12 de este mes en audiencias los alegatos de organizaciones no gubernamentales y del gobierno mexicano sobre los expedientes de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas del pueblo Tlapaneca Mepaa en el citado estado.
En otra instancia, un juez penal en el norteño estado de Coahuila condenó el lunes a cuatro de ocho militares por la violación de 14 bailarinas, meseras y prostitutas en el municipio de Castaño en ese mismo estado, en el primer fallo de un tribunal civil contra miembros del ejército en la historia del país, aunque criticado por la Iglesia Católica y organizaciones sociales.
El 11 julio de 2006, poco después de las elecciones presidenciales que ganó el derechista Calderón y cuando aún gobernaba su correligionario Vicente Fox (2000-2006), el grupo de efectivos abandonó su misión de cuidar las boletas electorales en la ciudad de Monclova, para desplazarse a Castaños y abusar de las mujeres en un local nocturno.
El juez del segundo tribunal penal Hiradier Huerta resolvió la absolución de los otros cuatro acusados, decisión que para el obispo de Saltillo, Raúl Vera, es "una puerta abierta" para que el ejército cometa violaciones a los derechos humanos.
En un comunicado titulado "Seguimos siendo víctimas de los abusos impunes del poder", el obispo Vera, reconocido por su compromiso con la defensa y promoción de los derechos básicos, dijo que "las sexoservidoras y las bailarinas fueron objeto de tratos humillantes, inhumanos y degradantes, amén de que fueron amenazadas de muerte".
Según Vera, el veredicto de penas de cárcel de tres años, 20, 30 y 40 años contra los procesados no es un expediente aislado, pues estaría relacionado con un patrón de conducta de autoridades civiles que tienen que dilucidar abusos cometidos por los uniformados.
Ante el caso de la Comisión, Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Guerrero y que presentó los casos de Fernández y Rosendo, señaló a IPS que las indígenas acudieron a esta instancia internacional "luego de un largo y cansado proceso de búsqueda de justicia en instituciones domesticas".
Según con ambos expedientes, que arribaron a la Comisión de la OEA en noviembre de 2003 y junio de 2004, respectivamente, Rosendo, de 17 años, fue agredida y violentada sexualmente en febrero de 2002 por dos soldados, mientras que otros seis militares observaban.
Actos similares habría sufrido Fernández, de 29 años, en marzo de 2003, también a manos de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y por la Justicia y el Derecho Internacional y la Organización Indígena Pueblo Tlapaneco, peticionarios en ambos casos, alegan que el Estado mexicano es responsable por la detención ilegal, violación y tortura de ambas mujeres, así como por la posterior falta de investigación de los hechos denunciados.
"Creemos tener todos los elementos de prueba. El ejército ha violado los derechos en dos niveles, como perpetrador directo del abuso sexual, que para nosotros es un acto de tortura, y en un segundo nivel porque ha obstaculizado el acceso a la justicia", aseguró Patrón.
Luego de asumir la presidencia de México en diciembre pasado, Calderón ordenó el despliegue de más de 12.000 soldados para combatir el narcotráfico en los estados más aquejados por esa actividad ilícita.
Pero el uso del ejército en tareas policiales ha dejado, hasta el momento, un amplio registro de actos de violaciones a los derechos humanos, como allanamientos y detenciones injustificadas, robos, torturas, violaciones de mujeres y asesinatos, cometidos por soldados drogados, según un informe sobre cuatro casos específicos de la estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entre ellos aparece el de Castaños, más otros tres ocurridos durante la actual administración de Calderón.
Los sucesos de Guerrero y Castaños ponen nuevamente en debate la viabilidad del fuero militar cuando miembros del Ejército incurren en delitos comunes.
"Uno de los principales principios de toda administración de justicia es la independencia y la imparcialidad, y cuando la institución que tiene que impartirla no es independiente frente a las dos partes, se viola ese principio", analizó Patrón, quien viajará a Washington para asistir a las audiencias de la Comisión.
El ejército mexicano es uno de los más inexpugnables en América Latina en cuanto a rendición de cuentas y cuya actuación ha quedado históricamente fuera del alcance de los tribunales del fuero civil.
Patrón confía en que la Comisión de la OEA emita un informe de fondo sobre ambos casos, con el cual daría un plazo al gobierno mexicano para que cumpla con sus recomendaciones, lo cual podría suceder en el primer trimestre del año próximo.
En caso de no ser así, los expedientes de Rosendo y Fernández llegarían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la otra y última instancia legal del sistema de la OEA, con la posibilidad de que el Estado mexicano sea condenado.
En su serie de audiencias, la Comisión escuchará argumentos sobre casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Perú, Uruguay y Venezuela.
(FIN/IPS/eg/dm/hd ip pr/mx sl la/07)
