Con una declaración de fuerte sesgo social y críticas al modelo de desarrollo por insostenible, científicos, ambientalistas, indígenas y funcionarios de áreas protegidas clausuraron este sábado en Argentina su «II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas».
Más de 2.200 delegados de la región estuvieron reunidas desde el domingo 30 en San Carlos de Bariloche, situada 1.600 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, para concluir, entre otros puntos, en que "las áreas protegidas son espacios estratégicos" para los países, "indispensables" para su desarrollo y el bienestar de sus pueblos.
A diferencia del primer congreso, celebrado en la ciudad colombiana de Santa Marta hace 10 años, la Declaración de Bariloche tiene un profundo contenido social. Reconoce el liderazgo mundial de la región, no sólo en biodiversidad sino en la participación de comunidades locales y pueblos indígenas en la gestión de los parques.
El documento insta a los estados a hacer efectiva la implementación de derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios, la mayoría declarados áreas protegidas, y a gestionarlos asegurando su "plena y efectiva participación en la toma de decisiones para el manejo y la protección" de la naturaleza.
La reunión fue convocada entre otros por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y Redparques (la Red Latinoamericana de Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre). Tras una semana de conferencias magistrales, simposios y unos 70 talleres, un grupo procedente de diversos sectores construyó consenso en torno a la redacción de la declaración final. Otro documento, de conclusiones y recomendaciones, surgió de los aportes de todos los talleres celebrados durante el encuentro.
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En entrevista con IPS, el mexicano Ernesto Enkerlin Hoeflich, coordinador latinoamericano de Redparques, dijo que en este congreso "se refrendó una visión humanista y pragmática de la conservación, que reconoce que en muchas áreas protegidas los habitantes son parte de la ecuación y hay que trabajar con ellos".
"También superamos la idea de que sólo el Estado administra los parques, y se entendió que el Estado tutela y aglutina a un sector más amplio", que incluye a la sociedad civil. De todos modos, admitió que será "un reto para la próxima década" conseguir que la preservación de las zonas bajo protección sea política de los gobiernos.
En Costa Rica, el tema ambiental está incorporado en forma transversal a las políticas públicas, pero en el resto de la región hay bastante más retraso, dijo. "Depende mucho de las políticas del gobierno de turno, y quisiéramos trascender eso para tener un horizonte de mayor estabilidad", apuntó. La declaración también recogió críticas al modelo de desarrollo económico, aunque con menos énfasis de lo que se preanunciaba en la apertura y en algunos simposios. "La exploración y explotación minera y de hidrocarburos" en áreas protegidas "es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad", apuntó.
También se cuestiona el "desarrollo descontrolado" de megaproyectos de infraestructura que atraviesan áreas de conservación, la extensión del monocultivo, los plantíos para biocombustibles y la sobreexplotación de recursos pesqueros, que afectan los servicios ambientales que brindan esas áreas.
En este sentido, Enkerlin señaló que desde la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002 "se perdió el foco sobre la sustentabilidad del desarrollo". "Es un desafío que debemos revertir pronto", dijo.
Sostuvo que entre los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), aprobados en 2000 en la Organización de las Naciones Unidas, se priorizó el combate contra la pobreza, y el que propone alcanzar el desarrollo sostenible es el séptimo, y para muchos gobiernos es la séptima prioridad, en lugar de ser el paraguas en el que están contenidos todos los demás.
"Si los ODM no se construyen sobre una base de sustentabilidad ambiental, van a ser un espejismo, porque nos vamos a ir acercando a las metas y cuando las alcancemos van a desaparecer por falta de sustento", alertó.
Respecto de los desafíos para los parques nacionales, Enkerlin destacó que hubo "avances significativos" desde el primer congreso, sobre todo en el aumento de la superficie protegida, que se duplicó en toda la región. Pero consideró que esos logros son aún "insuficientes" para alcanzar los objetivos.
Como ejemplo, señaló que México aumentó su presupuesto para el sector durante los últimos 13 años consecutivos, y aún así no llega todavía a los cinco dólares por hectárea, que es lo que alcanzó Costa Rica, líder en este tipo de inversión. De todos modos, en comparación, España invierte 20 dólares por hectárea, advirtió.
Finalmente, respecto de las áreas marino-costeras protegidas, los asistentes admitieron grandes vacíos. En la región, más de 10 por ciento de la superficie terrestre está en esa situación y menos de 0,5 por ciento del mar, un dato que contrasta con la enorme superficie marina bajo soberanía latinoamericana y su biodiversidad.
Imene Melián, especialista en áreas marinas protegidas de la UICN, dijo a IPS que es la primera vez que este tema se resalta en un congreso latinoamericano. Hubo expertos, ambientalistas y pescadores en múltiples talleres. Pero lamentó que ese entusiasmo no se haya reflejado en toda su magnitud en la declaración final.
"Nos felicitamos por ser líderes en la preservación de la biodiversidad terrestre pero seguimos ignorando los mares, de los que viven muchas familias de pescadores", lamentó esta experta tunecina, radicada en Costa Rica.
El documento consideró "prioritario" incrementar áreas en el mar y, en apoyo de este esfuerzo, instó a los gobiernos a declarar 2008-2018 como "la década de las áreas marinas protegidas", incluyendo áreas de conservación en alta mar, para conservar la biodiversidad y mantener pesquerías sostenibles. (FIN/IPS/mv/dm/en ip/pn md/sl la/07)
