El hambre sigue pastando por las praderas sudamericanas, apenas contenida por redes civiles y planes oficiales de atención a indigentes, con más o menos eficacia. La arraigada desigualdad sigue alimentando comedores pese a la bonanza económica.
Muchas veces, el buen desempeño de la economía afecta a la población más vulnerable, como ahora con los altos precios internacionales de carnes, lácteos y granos, que se trasladan al consumo interno.
Un ejemplo es Brasil, el mayor exportador mundial de carne y uno de los principales productores de alimentos, que no logra saciar el hambre de 14 millones de sus 188 millones de habitantes, y con más de 72 millones sin acceso regular a comidas, según un estudio de 2006 del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
El hambre hoy no es por la falta de alimentos, sino por los escasos ingresos para adquirirlos en la cantidad y calidad adecuadas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) estima que Brasil dispone de alimentos para suministrar hasta 2.960 kilocalorías diarias por persona, cuando se recomiendan 1.900 kilocalorías.
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Lo mismo sucede en Argentina, el granero del mundo, y en Uruguay, que exporta gran parte de la carne y lácteos y casi todo el arroz que produce, mientras los precios internos de esos productos no son para los bolsillos de los trabajadores. El principal problema que afrontan ambos países es el rebrote inflacionario.
Por otra parte, "la pobreza y la indigencia se culturizan, y resolver esos problemas lleva años y políticas específicas", dijo a IPS el Luis Álvarez, asesor del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) de Uruguay.
"Lo que tenemos que atacar es la transformación de la cultura que nos ha generado la crisis" y la desigualdad estructural.
Para hacer frente a la brecha entre ricos y pobres, tradicional en Brasil, Venezuela y otros países pero catapultada con el colapso argentino de fines de 2001 y sus coletazos en Uruguay, los gobiernos comenzaron a implementar planes de urgencia contra la indigencia y el hambre.
Así nacieron, algunos en medio del caos, los planes Hambre Cero en Brasil, Nacional de Seguridad Alimentaria en Argentina, de Emergencia en Uruguay y Alimentarios Nacionales en Chile, así como las Casas de Alimentación en Venezuela.
EN EMERGENCIA
El plan Hambre Cero que lanzó el gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003 en Brasil "busca la inclusión social y la conquista de la ciudadanía por parte de la población más vulnerable", según Mauro de Miranda Siqueiro, técnico de la iniciativa.
Se coordina el accionar de los ministerios en la implementación de políticas, programas y acciones vinculadas a cuatro ejes: acceso a la alimentación, generación de renta, fortalecimiento de la agricultura familiar, y articulación, movilización y control social.
Para Miranda Siqueiro, el cuarto distingue a Hambre Cero, pues no sólo asegura el acceso a la alimentación sino también "la expansión de la producción y el consumo de alimentos, la generación de renta y trabajo, la mejora de la escolarización, la salud, el abastecimiento de agua, todo esto sobre la óptica de los derechos de ciudadanía".
El plan cobija iniciativas nacionales, estaduales, municipales y de la sociedad civil.
Los Restaurantes Populares son una de esas variantes en el estado de Río de Janeiro, donde se brindan comidas equilibradas a un real (55 centavos de dólar), sobre todo para trabajadores que toman su primer alimento del día fuera de su casa.
Celia de Souza, de 53 años, no se queja. Empleada en casa de familia toda su vida, es cliente de uno de estos restaurantes. "La comida es buena y a un precio que el pobre puede pagar", afirmó a IPS.
Los nietos de Celia reciben una comida diaria gratuita en las escuelas del municipio carioca, también incluido en el Hambre Cero.
Argentina, que se encontró a fines de 2001 con una crisis que llevó a la pobreza a 57 por ciento de sus 37 millones de habitantes, se vio impelida a unificar sus planes alimentarios, centralizando en el Ministerio de Desarrollo Social y articulando con las provincias, municipios y organizaciones civiles.
Así se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, luego llamado "El hambre más urgente", que contempla asistencia directa a través de comedores públicos, escuelas, sitios atendidos por organizaciones no gubernamentales, huertas familiares y comunitarias.
Se privilegia a los menores de 14 años, embarazadas, ancianos, desnutridos, discapacitados y celíacos, según explicaron técnicos del área.
También se busca promover la producción de alimentos, mediante el aporte de herramientas, semillas, maquinaria. En pocos casos se entregan alimentos y en la mayoría se transfieren recursos para adquirirlos, incluyendo mecanismos de control sanitario y nutricional a los beneficiarios.
Ahora se apela al uso de tarjetas magnéticas, para que los destinatarios de la ayuda sean quienes compren sus alimentos.
Con los indígenas, se prefiere seguir dando alimentos, pese a lo cual persisten focos de hambre extrema en lugares como el nordeste argentino.
Si bien hay un esfuerzo del gobierno, los alimentos que llegan para cada persona son muchas veces menos de lo necesario, señalan activistas.
Pero se ha avanzado, si se toma en cuenta que se llegó a distribuir unas 150.000 cajas de alimentos en Buenos Aires y ahora entre 30.000 y 40.000, indica una asistente social del gobierno del distrito.
Mónica Carranza, fundadora de un famoso comedor de Buenos Aires llamado "Carasucias", manifestó a IPS su conformidad con la asistencia gubernamental.
Cuando en 2001 "estalló la crisis hacíamos turnos de comida con tandas de 250 personas y debíamos seguir en la madrugada sin parar, eran miles, no alcanzaba nuestro espacio y a muchos les entregábamos la ración para comer en una plaza", rememora.
Las cosas mejoraron. "Yo no tengo compromiso político con nadie, pero esta gente es la que más me ha ayudado, yo los llamo si queda poco de algún alimento y me dicen: 'quédese tranquila que le mandamos', y me mandan", dijo.
La pobreza alcanza a 26,9 por ciento de los argentinos y la indigencia a 8,7 por ciento.
Uruguay tampoco escapó al hambre. El Plan de Emergencia, transformado ahora en Plan de Equidad, y una aceitada red de 715 organizaciones civiles han permitido llenar bocas famélicas.
El encargado de coordinar la misión es el INDA, así como de ejecutar la política alimentaria, a partir de espacios etarios como el materno-infantil, adolescentes, adultos y adultos mayores y discapacitados.
"Se ha logrado sanear en cuanto al volumen de asistencia, se han logrado ahorros que han permitido actuar sobre la calidad de los alimentos. Así se pasó de entregar canastas con aceite de soja a uno de girasol o de mejor calidad aun, y de arroz de grano partido, a entero", explicó Álvarez.
También se ataca "la anemia de los niños agregando trigo fortificado con hierro, al igual que leche fortificada", indicó.
Se registra "una caída de la indigencia de 50 por ciento en los últimos dos años", precisó el representante del gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez.
EL PETRÓLEO NO SE COME
El gobierno de Venezuela, inundado de fondos petroleros, inició en 2004 el programa de Casas de Alimentación, donde se cocinan para cinco o seis días a la semana 150 almuerzos y meriendas para embarazadas, niños y ancianos, seleccionados por organismos de la propia comunidad. La red de mercados populares del gobierno provee los alimentos.
Los menús se confeccionan según pautas del estatal Instituto Nacional de Nutrición, e incluyen carne de vacuno, frijoles, arroz, banano cocido o frito, arroz con pollo, algún vegetal y fruta. "También avena, dulce de arroz con leche y un jugo de fruta", detalló a IPS Coromoto Álvarez, presidenta de la Casa de Alimentación de Escalera al Ávila, un barrio pobre del este de Caracas.
El Ministerio de Alimentación reivindica la existencia de 6.000 de estas casas, que dan servicio a 900.000 personas, 3,2 por ciento de los habitantes de Venezuela, 33,9 por ciento de los cuales viven en la pobreza y 10,6 por ciento en pobreza extrema, según cifras oficiales de 2006.
A ellas se agregan iniciativas privadas, como la de la Fundación Polar, el mayor grupo empresarial del país.
Tampoco Chile, el país que presenta los mejores indicadores de América del Sur, puede dejar planes como los Programas Alimentarios Nacionales, dirigidos a embarazadas, niños y niñas y adultos mayores y algunos grupos específicos de alto riesgo, que suman hoy 300.000 personas.
A ello se agregan los programas a través de las escuelas, que desde 1990 hasta 2000 multiplicaron el presupuesto y las becas de alimentación. El Programa Mundial de Alimentos reconoció en 2002 el plan escolar chileno como uno de los cinco mejores del mundo. Atiende a 1,6 millones de niños.
* Aportes de Marcela Valente (Argentina), Verónica Rivas (Brasil), Daniela Estrada (Chile) y Humberto Márquez (Venezuela).
