Mientras el gobierno nacionalista de Sri Lanka continúa negándose a aceptar una misión de observadores de paz de la ONU, un parlamentario de la comunidad tamil, a la que pertenecen los insurgentes, dijo que llegó la hora de fijar sanciones internacionales.
"Tenemos por lo menos siete organismos o comités locales y nacionales de derechos humanos, incluida una comisión presidencial y otra de ministros, pero no llegamos a ningún lado", dijo a IPS el legislador Mano Ganeshan.
"No podemos influir desde aquí sobre el gobierno" para que contenga las violaciones de derechos humanos, "pero con presión internacional, tendrá que actuar… Si esta tendencia continúa, las sanciones deberán considerarse", agregó Ganeshan.
El gobierno del presidente Mahinda Rajapakse, que ha intentado solucionar la insurgencia tamil por medios militares, cada vez recibe más presión para aceptar una misión de observadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
En los últimos 10 meses, observadores advierten que en Sri Lanka rige una cultura de la impunidad y que el gobierno carece de voluntad para detener las violaciones de derechos humanos.
Y en julio el gobierno afrontó una avalancha de críticas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, ciudad donde también tratan de desarrollarse las negociaciones de paz entre el gobierno y los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil.
Hasta ahora, las autoridades advierten que no irán más allá en su cooperación con la ONU, e invitó a varios funcionarios del foro mundial, incluida la alta comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, a visitar el país en octubre.
Activistas humanitarios consideran que el gesto es menor y llega demasiado tarde.
La Comisión Asiática de Derechos Humanos, con sede en Hong Kong, es una entre tantas instituciones que reclamaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga, luego de notar que, sólo en agosto, se registraron 50 asesinatos políticos y 38 desapariciones.
"Dada la falta de voluntad e incapacidad del gobierno de Sri Lanka en garantizar el derecho a la vida y la justicia a las víctimas de masacres y desaparición forzada, la Comisión urge al Consejo a intervenir urgente y directamente", sostuvo en su llamado, elevado esta semana.
La organización Human Rights Watch (HRW) indicó en julio desde su sede en Nueva York que entre enero de 2006 y junio de 2007 se registraron más de 1.100 secuestros.
HRW reclamó a la comunidad internacional firmeza ante el gobierno srilankés. La organización notó que, aunque se alivió la situación de los derechos humanos en Colombo desde su último informe, la situación en el norte y el este, donde se concentra la población tamil, no mejoró en absoluto.
En las primeras tres semanas de agosto, se denunciaron 21 casos de desaparición y 18 asesinatos de carácter político en la septentrional península de Jaffna, según HRW.
"Hace mucho que Sri Lanka sufre un clima de impunidad. El gobierno no ha responsabilizado a los perpetradores de estos abusos. Miembros clave del sistema de justicia penal, como la policía y la oficina del fiscal general, no han investigado las violaciones", indicó Charu Lata, investigador de HRW, al Parlamento Europeo..
Pero Sirani Goonatilleke, jefe de la misión de Sri Lanka ante los organismos internacionales en Ginebra, dijo en una conferencia convocada por HRW en esa ciudad suiza el lunes que su gobierno "ha mantenido una política de compromiso abierto y constructivo con todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU".
Pero el gobierno de Rajapakse "totalmente niega los alegatos y la propaganda adversa e insustancial que llevan a la conclusión de que Sri Lanka afronta una crisis de derechos humanos que exige el control de la ONU", advirtió.
La Unión Europea apoya el envío de observadores internacionales, dijo, en nombre del bloque, el diplomático portugués Francisco Xavier, quien exhortó a Colombo a aceptar "el establecimiento de una presencia en el terreno de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos".
El representante permanente de Sri Lanka en Ginebra, Dayan Jayatilleke, advirtió, semanas atrás, que su país "no está abierto a la presión", sino a la "persuasión razonable".
Más de 3.500 personas fallecieron el año pasado a raíz de la espiral de violencia, según cifras oficiales. Ochocientos de los muertos eran civiles, la mayoría tamiles del norte y este de la isla.
Casi 3.500 personas murieron y 300.000 debieron dejar sus hogares entre agosto del año pasado, cuando se reanudaron los enfrentamientos, y julio, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU.
Los Tigres combatieron a sucesivos gobiernos srilankeses desde comienzos de los años 80, en demanda de la constitución de un estado tamil en el norte y el nordeste del país, donde esa comunidad es mayoritaria.
El cese del fuego logrado con la intermediación de Noruega y firmado el 22 de febrero de 2002 llevó a interrumpir una lucha de décadas que dejó 65.000 muertos, pero el respiro duró muy poco.
Setenta por ciento de los 19,5 millones de habitantes de Sri Lanka son singaleses, y 18 por ciento son tamiles, mayoritarios en el norte y en el nordeste.
