Autoridades centrales, regionales y municipales de Perú se aprovecharon del desastre causado por el devastador terremoto del 15 de agosto en el sur del país para lucrarse con los fondos públicos y la ayuda humanitaria enviada por donantes extranjeros y nacionales.
A petición de la fiscal Juana Meza, que investiga a 15 personas por una denuncia de compras sobrevaloradas de alimentos por parte del Seguro Integral del Salud (SIS), el juez anticorrupción Rafael Vela dispuso este sábado el cierre de fronteras para todos los sospechosos.
La Comisión de Fiscalización del Congreso legislativo acordó levantar el secreto bancario de los funcionarios del SIS luego de que la prensa peruana reveló que al día siguiente del sismo que dejó desamparadas a unas 45.000 personas en el sur del país, el organismo compró 219.000 raciones de alimentos a 34 soles la unidad (10,96 dólares) cando su valor real era de 24 soles (7,74 dólares).
La sobrevaloración de 30 por ciento de los precios costó al SIS un monto equivalente a más de 700.000 dólares, que pudo haberse utilizado para adquirir otras 64.700 raciones. Pero ese dinero fue a parar a manos de los empresarios que pactaron esas compras con directivos del SIS, dependiente del Ministerio de Salud.
La adquisición se hizo a la empresa Plamol, cuyo rubro es la fabricación de zapatos y no la venta de alimentos, lo que indicaría que la compra fue digitada por un alto cargo del SIS o del Ministerio de Salud vinculado con alguno de los dueños de la compañía beneficiada.
Pero el SIS no sólo compró raciones de alimentos a Plamol, sino también otros productos, como tiendas y equipos de emergencia por un total de 4,5 millones de dólares, y existen indicios de que en todos los casos hubo sobrefacturación.
Uno de los propietarios de Plamol es Pedro Molina Gálvez, sobrino del primer ministro Jorge del Castillo Gálvez. Molina ha dicho que abandonó la empresa hace cuatro años y que se enteró de que continuaba activa cuando estalló el escándalo de corrupción. La oposición, sin embargo, lo ha incluido entre los sospechosos y ha requerido el levantamiento del secreto de sus cuentas bancarias.
El gobierno de Alan García desató una guerra contra el contralor general de la República, Genaro Matute, al que criticó de que sus fiscalizaciones y denuncias retrasaban la distribución de la ayuda a las víctimas del terremoto.
Alertado por malas experiencias de los procesos de rescate y reconstrucción tras el huracán Katrina de 2005, en Estados Unidos, y el tsunami en el océano Índico, en 2004, en los que se comprobaron corrupción e ineficiencia, Matute envió al sur del país a cuadrillas de veedores para verificar que la ayuda llegara a las víctimas.
El 23 de agosto, el primer ministro Del Castillo presentó al Congreso un proyecto de ley para que la Contraloría cesara por 60 días sus funciones fiscalizadoras preventivas, amparadas por la Constitución, con el fin declarado de que las autoridades agilizaran las adquisiciones y contrataciones y distribuyeran las donaciones.
A raíz del caso de la compra sobrefacturada de raciones de alimentos, el 25 de septiembre la Comisión de Fiscalización archivó esa propuesta del Ejecutivo porque creaba las condiciones para que se cometieran nuevos ilícitos.
El proyecto de ley recogía la queja del alcalde provincial de la sureña Pisco, Juan Enrique Mendoza, quien afirmó que funcionarios de la Contraloría impedían que distribuyera rápida y eficazmente alimentos, ropa y medicinas a los damnificados.
"Nosotros simplemente observamos qué donaciones recibía el alcalde, cómo las distribuía y a quiénes se las entregaba", dijo a IPS el contralor Matute. "Y hemos encontrado varios casos en los que ha tenido que intervenir el Ministerio Público (fiscalía) por la sospecha de actos ilícitos".
Las denuncias de los pobladores afectados contra Mendoza y otros alcaldes fueron recogidas por IPS en Pisco y otras provincias sureñas a fines de agosto.
En el caso de Mendoza, la Contraloría constató que una importante cantidad de donaciones almacenadas en un campo ferial fueron trasladadas a las instalaciones de una empresa privada donde la familia del burgomaestre ofrecía el servicio de restaurante a los trabajadores.
Cuando Mendoza fue interrogado por las razones de la mudanza de las donaciones, alegó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) había declarado inhabitable el campo ferial. "Pero verificamos con Defensa Civil que no era verdad. Por eso decidimos intervenir", explicó Matute.
Hay irregularidades en otros aspectos vinculados a la ayuda a las zonas devastadas por el sismo de 7 grados en la escala Richter.
El jefe del comando de operaciones en la zona del desastre, general Otto Guibovich, informó a IPS que las tareas de reconstrucción avanzaban lentamente por la falta de maquinaria pesada para retirar los escombros.
"Las empresas que en un comienzo enviaron sus equipos, lógicamente se han retirado paulatinamente porque deben continuar con su labores privadas, en consecuencia hay un déficit muy grande de maquinaria", dijo Guibovich.
"Mientras no se resuelva ese problema, la reconstrucción va a tardar mucho", afirmó.
Una de las explicaciones del retraso sería la mala administración de los fondos públicos.
El Indeci transfirió el equivalente a 5,8 millones de dólares al gobierno regional de Ica, a cuya jurisdicción pertenecen las provincias devastadas de Pisco y Chincha. De esa cifra, 4,5 millones de dólares se presupuestaron para contratar maquinaria. Pero, alegando razones de emergencia y sin mediar licitación, se adjudicaron obras a empresas relacionadas con autoridades regionales.
Una funcionaria del gobierno de Ica, despedida por cuestionar la contratación de una compañía, denunció que altos funcionarios regionales la presionaron para que favoreciera a una determinada firma.
"Cuando por cualquier razón se saltan las normas, siempre ocurren hechos de este tipo", comentó Matute. "En el caso del gobierno regional de Ica, se ha contratado a una empresa que no contaba con maquinaria para remover los escombros, así que ésta tuvo que subcontratar el equipo pesado, elevando el costo del servicio. Además, se la contrató por horas, cuando debió haber sido, según la lógica más elemental, por la cantidad de escombros retirados".
A fuerza de denuncias que surgen una tras otra, el 28 de septiembre, García dijo en Pisco que "es necesario revisar los contratos (del gobierno regional de Ica) y corregirlos a fin de optar por una mayor eficiencia en estas labores. ¿Qué es más conveniente: pagar por metro cúbico que se recoge o por hora trabajada?", se interrogó el presidente, rendido ante las evidencias.
La Contraloría también ha detectado irregularidades en el Indeci. El alcalde del distrito pisqueño de Túpac Amaru Inca, Tomás Villanueva, denunció haber recibido de esa entidad paquetes de frazadas que decían contener 100 unidades, pero al repartirlas comprobó que había sólo 80 o incluso menos.
Túpac Amaru Inca tiene una proporción muy alta de damnificados y es el que concentra más número de "pueblos jóvenes", como se llama aquí a los barrios hacinados que se conforman en las zonas suburbanas.
"A otros alcaldes, funcionarios de Indeci les negaron la entrega de ropa donada desde el extranjero porque supuestamente estaba reservada para otros fines", dijo Matute. "Hay varios casos que ya son materia de investigación del Ministerio Público".
En el caso de la compra sobrevalorada de raciones de alimentos, el destituido jefe del SIS, Julio Espinoza, sostuvo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que había informado de las adquisiciones a su superior, el ministro de Salud, Carlos Vallejos. Pero éste lo desmintió.
La oposición ha anunciado que interpelará al ministro Vallejos para averiguar hasta dónde llega su responsabilidad.
"Los funcionarios que cometieron irregularidades son de mando medio", dijo a IPS el legislador Renzo Reggiardo, miembro de la Comisión de Fiscalización. "No podrían haber actuado solos, por su cuenta. Debe haber otros de mayor nivel que han respaldado esas acciones irregulares", opinó.
