Luego de sufrir la pobreza y la violencia en sus países de origen, 30.000 mujeres africanas trabajan en condiciones lindantes con la esclavitud en hogares de Líbano, donde padecen hambre, abuso y violaciones.
Amira tiene 25 años. Procede de República Democrática del Congo. "Una vez, 'Madame' (su empleadora) halló polvo en los muebles, y me dijo que la casa estaba sucia como mi piel", relató.
Durante cuatro años Amira fue confinada al apartamento de sus empleadores, del que solo salía para sacar la basura. Llegó a Líbano, huyendo de la guerra civil en su país, con un contrato de trabajo doméstico por seis años.
Debe despertarse todos los días a las 5:30 de la mañana, y es sometida a 18 horas de trabajo agotador, sin tiempo libre.
"Hasta a los perros los dejan salir, pero nosotras estamos varadas. Somos como esclavas aquí", dijo desde el balcón.
Amira es una entre miles de trabajadoras domésticas africanas en Líbano. Procedentes principalmente de Etiopía, Eritrea, Nigeria y Sudán, brindan la mayor parte de estos servicios en el país árabe.
Tradicionalmente, los hogares empleaban a jóvenes libanesas de áreas rurales pobres, así como también a palestinas, sirias o egipcias. Pero ahora son raras las árabes que se desempeñan en estos trabajos, por considerarlos degradantes o inaceptables.
Por lo tanto, se los dejan a inmigrantes que asumen malas condiciones laborales y de vida y salarios bajos.
"A veces no me dan de comer. Si dan almuerzo, será solo en pan y queso", declaró Aisha, una nigeriana de 19 años. "Si me escapo y la policía me atrapa sin documentos, seré arrestada."
Los empleadores suelen confiscar el pasaporte y demás documentos de las trabajadoras domésticas extranjeras, que son devueltos cuando la empleada es "liberada", al finalizar el contrato.
"La confiscación de pasaportes es considerada un modo de asegurar sus inversiones", dijo Najla Chada, directora del Centro Caritas de Migrantes. "El servicio doméstico no es considerado trabajo. Por lo tanto, no está amparado por las leyes laborales libanesas."
El trabajo doméstico inmigrante está contemplado en la denominada "Kafala", un sistema según el cual las mujeres deben conseguir un patrocinador legal mientras duren sus contratos, lo cual obliga a las inmigrantes a depender de sus empleadores y las deja vulnerables ante los abusos.
Elisa, de 16 años, es etíope. Su madre falleció el año pasado, y hace seis meses ella llegó a Líbano con la intención de enviar desde aquí dinero a su familia. Trabaja en cinco casas todos los días, por 100 dólares mensuales.
"Cuando comencé a trabajar, el padre de mi patrona abusaba sexualmente de mí todo el tiempo. Los niños me golpeaban todos los días y yo intentaba explicárselo a 'Madame', pero ella no hacía nada. A veces su padre venía a dormir conmigo y me amenazaba con golpearme si me negaba. Así que me fui de la casa", relató.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), unas 20.000 mujeres etíopes se desempeñan como trabajadoras domésticas en Líbano. Antes de abandonar su país, la agencia le dijo a Elisa que si sus empleadores la golpeaban debía que llamar a la embajada etíope en Beirut.
Pero Etiopía carece de embajada en Líbano, y el consulado tiene menos personal del necesario a cargo de la abrumadora tarea de proteger los intereses de los inmigrantes etíopes.
Muchas mujeres se endeudan para pagar la tarifa de la agencia en sus países de origen a fin de conseguir patrocinio en el exterior. Aunque Elisa teme ante la perspectiva de cambiar de trabajo, todavía desea permanecer en Líbano y trabajar aquí.
"Tal vez tenga los mismos problemas con mi nuevo empleador, pero debo solucionar los problemas de los míos en Etiopía y tendré que aprovechar la oportunidad", expresó.
Aunque Líbano es miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), no firmó la Convención de Ginebra de 1951 sobre trabajadores migrantes.
Al carecer de los derechos normales de los ciudadanos, los inmigrantes se ven obligados a optar entre huir, pasar a la clandestinidad o hacer frente a los abusos cotidianos. Pese a las presiones de organizaciones de defensa de los derechos laborales, el gobierno libanés no ha hecho nada por abordar este problema.