Un inmigrante rumano se incineró a lo bonzo este martes en España, desesperado por su situación económica y la imposibilidad de llevar a su familia de regreso a su país. El hombre, que denunció haber sido víctima de una falsa promesa de contrato de trabajo, se encuentra en muy grave estado.
El hecho ocurrió en la ciudad de Castellón, en la oriental comunidad autónoma de Valencia. El inmigrante, cuya identidad no ha sido facilitada, se ubicó con sus parientes frente a la subdelegación del gobierno español en la ciudad, solicitando ayuda para financiar el viaje a Rumania.
Al no ser atendido, abrió una botella que traía consigo llega de gasolina, se roció y se prendió fuego. Su mujer y sus dos hijos intentaron disuadirlo pero no lo lograron.
Isabella, su hija adolescente, explicó a un grupo de periodistas que ellos sólo pedían unos 400 euros (520 dólares) para pagar el viaje de retorno, comprometiéndose a reintegrarlos antes de que transcurriera un año.
Por la gravedad de sus heridas, que hacen temer por su vida, el inmigrante fue trasladado a la unidad de quemados de Valencia. Este caso puso en primera plana lo que sucede con muchos inmigrantes que arriban a este país trasladados por mafias que les cobran abultadas sumas de dinero, con la promesa de que tendrán contrato de trabajo y vivienda en alquiler.
Pero ellos, como otros, resultan estafados, no consiguen trabajo y deben vivir en la calle. Así lo contó Isabella, quien narró que hasta ahora subsistieron recogiendo y vendiendo chatarra por las calles.
Isabella añadió que nadie les hizo caso, pues "la policía nos mandaba a Asuntos Sociales, allí nos decían que fuéramos a la Cruz Roja… y desde ahí vuelta a empezar, todo como un círculo y sin recibir ayuda".
No es el primer caso. Otro rumano, Valentín Andrón, se incineró por los mismos motivos y murió víctima de las quemaduras en octubre de 2004 en la ciudad de Valencia, capital de esta misma comunidad del mismo nombre ubicada en la costa del mar Mediterráneo.
La situación de los inmigrantes rumanos no es muy distinta de la de quienes provienen de otros países, pero es mayoritaria, dada la facilidad que tienen para llegar por tierra desde su país, en autobuses o camiones preparados al efecto por las mafias.
Un ejemplo claro se registra estos días en la comunidad de Castilla-La Mancha, la mayor productora de vino de España y a la que llegan miles de rumanos para trabajar en la vendimia.
Aunque ya no tanto como en años anteriores, pero es usual ver a empresarios del campo esperando la llegada de los autobuses o camiones y allí mismo elegir y llevarse a trabajar temporalmente con ellos a los que arriban.
En el entorno del municipio de La Herrera, que tiene 380 habitantes, se instalan, comen y duermen al aire libre cientos de rumanos, a los que cada semana se suman entre 200 y 300 más.
¿Por qué son contratados sin cumplir con la ley, que exige que antes de llegar a España ya tengan firmado su contrato? pregunta IPS a Francisco López García, vecino de un pueblo de Castilla-La Mancha.
"No podemos buscar trabajadores hasta saber cómo será la cosecha, porque las vides pueden dar más o menos producción dependiendo de que haya lluvia o no y de que caiga o no el granizo en la época de floración", explicó.
Con ese criterio no siguen el protocolo oficial de búsqueda de trabajadores en el extranjero, proceso que tarde uno o dos años, dependiendo de la carga burocrática de cada consulado español en el extranjero.
Este año se prevé que la cosecha de uva en las 600.000 hectáreas de esa comunidad dedicadas a ese cultivo supere los 2.700 millones de kilogramos, que permitirán producir 18 millones de hectolitros de vino.
Fuentes policiales revelaron que en la actualidad hay una treintena de asentamientos de rumanos en la comunidad, donde también surgieron problemas.
Los alcaldes de los pueblos castellano-manchegos de La Herrera y Llanos del Castillo, con 700 habitantes, reclamaron que los asentamientos ubicados en sus municipios fueran levantados y que se retiraran a los rumanos. Éstos aceptaron la presión y se retiraron… para instalarse en otros municipios cercanos.
Lo terrible es que habiendo ingresado Rumania a la Unión Europea el 1 de enero, sus ciudadanos tienen el mismo derecho que cualquier otro miembro de ese bloque, de trasladarse y vivir en España, por ejemplo.
No obstante, Rumania todavía está en "período de moratoria", por lo cual sus nacionales serán tratado hasta 2009 como ciudadanos de países ajenos a la UE a la hora de aplicar las normas laborales.
El conflicto enfrentó a los alcaldes de los municipios con los directivos de asociaciones y cooperativas de agricultores, ya que estos últimos defienden su derecho a contratar temporalmente en el momento en que lo necesiten.
Así, en un conflicto todavía no resuelto, de un lado están los alcaldes y el gobierno central y del otro los agricultores y productores de vino, encabezados por la Asociación de Jóvenes Agricultores y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
En el medio de ellos están los inmigrantes y sus familias, condenados a la exclusión, ante lo cual algunos recurren al suicidio.
