La fusión de dos compañías del sector energético de Francia ofrece una buena oportunidad para examinar las ideas económicas del presidente Nicolás Sarkozy, un extravertido defensor del libre mercado.
La unión entre Gas de Francia y la franco-belga Suez, acordada tras dos años de accidentadas negociaciones, dará nacimiento a un gigante energético con un ingreso anual de aproximadamente 100.000 millones de dólares.
El Estado francés es el dueño de 80 por ciento de Gas de Francia, pero esa participación se verá reducida a alrededor de 35 por ciento en la nueva compañía, aún sin nombre, cuya creación tuvo el objetivo de frustrar una oferta de la empresa italiana Enel SpA.
A pesar de su repetida profesión de fe en el libre mercado, Sarkozy parece ahora dispuesto a prescribir una fuerte dosis de proteccionismo para evitar la compra de una de las "joyas" industriales de Francia por parte de un inversor extranjero.
Además de la fusión entre Gas de Francia y Suez, el gobierno de Sarkozy ha dejado en claro que busca una alternativa política adecuada para echar por la borda una joint venture (empresa de riesgo compartido) entre la alemana Siemens y el grupo francés Areva, dedicado a la energía atómica.
Aunque Siemens controla hoy 34 por ciento de Framatome, la repartición de Areva a cargo de la construcción de reactores nucleares, su opción para concretar la joint venture expira en 2011.
El gobierno de Sarkozy parece decidido a comprar ese 34 por ciento para crear una empresa totalmente local, con el grupo energético francés Alstom y Bouygues, compañía del sector de infraestructura, tomando el lugar de Siemens.
Los planes recuerdan medidas tomadas en 2004 por Sarkozy cuando era ministro de Finanzas del presidente Jacques Chirac (1995-2007). En ese momento logró impedir que Siemens comprara parte de Alstom, que afrontaba dificultades financieras.
Algunos analistas consideran que las medidas de Sarkozy ilustran un punto de vista particularmente francés respecto de las industrias nacionales, aun en el paisaje cada vez más interrelacionado de la Unión Europea (UE).
"El caso de Francia es muy específico y diferente al de los otros países europeos", dijo Roberta Bigliani, directora de investigación de la consultora Energy Insights, con sede en Milán.
"Más que cualquier otra nación, está interesada en mantener el control en sectores claves de la industria", agregó.
Estas medidas de Sarkozy, tanto a nivel local como internacional, sugieren una política económica caracterizada por una curiosa mezcla de libre mercado y controles gubernamentales.
En julio, el presidente logró influir en una reunión de la UE en Bruselas para que se removieran las palabras "competencia libre y sin distorsiones" de una lista de los objetivos básicos a alcanzar en los próximos años.
Después de eso anunció un "paquete" de estímulo a la economía francesa, dotado de 15.000 millones de dólares, lo que tornó imposible todo intento de equilibrar el presupuesto.
Muchos acusan al gobierno francés de hipocresía, pues impide el control extranjero de sus industrias mientras alienta a sus empresarios a adquirir empresas en otros países europeos.
"En los últimos años hemos visto a los franceses muy dispuestos a comprar empresas de sus vecinos de la UE, pero la historia es muy diferente cuando se produce el caso inverso", dijo Damien Cox, analista del sector energético de la consultora británica John Hall y Asociados.
Cox calificó las recientes medidas del gobierno de "ataque de nacionalismo económico".
Parece probable que el gobierno de Sarkozy se vea obligado a debatir públicamente algunas de sus gestiones en materia de fusiones y adquisiciones internacionales, quizás a instancias de la comisaria europea para la Competencia, Neelie Kroes.
Kroes insistió en la necesidad de terminar con los monopolios nacionales y las prácticas anti competitivas en el sector energético europeo.
"El proteccionismo no es la respuesta. Lleva inevitablemente a una cadena de represalias y en el largo plazo todos vamos a estar en una peor situación", afirmó ante funcionarios y empresarios reunidos a fines de junio en París.
El artículo 81 del Tratado de Maastritch, que estableció desde 1993 las bases de la moderna UE, prohíbe explícitamente prácticas que "limiten o controlen la producción, los mercados, el desarrollo tecnológico o la inversión".
En los últimos meses, la oficina de la Competencia de la Comisión Europea, rama ejecutiva del bloque, inició procedimientos contra Suez y multó a Telefónica de España en 209 millones de dólares, por considerar que aprovechaba "su posición dominante en el sector de la banda ancha" para aplicar una política de precios injusta.
