Un grupo de reconocidos artistas y cooperantes entregaron este martes al gobierno español un manifiesto con 600.000 firmas, reclamándole que modifique su política comercial con África y elimine las restricciones para la importación de productos de esa región.
Los cantantes Miguel Bosé y Shuarma, ex líder de Elefantes, miembros del grupo de rock Dover y la directora general de la organización no gubernamental Intermón Oxfam, Ariane Arpa, se hicieron presente en el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno, con el documento titulado "100 días. Las negociaciones comerciales amenazan el compromiso de España con África".
Ante la ausencia del presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien asiste en Nueva York a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron recibidos por el portavoz oficial, José Moraleda, y el jefe del gabinete presidencial, José Enrique Serrano.
La mayoría de las firmas fueron recogidas entre los asistentes a los conciertos de Bosé, Shuarma, Dover y los grupos Amaral y La Oreja de Van Gogh ofrecidos durante lo que va de este año dentro de la campaña Comercio con Justicia, impulsada por Intermón Oxfam.
En ese documento se pide al gobierno de Zapatero que reconsidere su posición respecto de las negociaciones que se realizan entre la Unión Europea (UE) y 78 ex colonias de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) para renovar el Acuerdo de Cotonou que vencerá el 31 de diciembre y que fue suscripto en 2000 en la capital de Benín. Cuba es el integrante 79 del bloque, pero adhirió después de la firma de este convenio.
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Ese acuerdo establece condiciones comerciales entre la ACP y la UE que, aunque no son muy favorables a los países del Sur, ahora se está negociando su renovación con una posición europea tendente a agravarlas aun más.
Arpa señaló a IPS que en toda la historia europea no ha habido una negociación comercial más desigual que la que está en curso, "con los países (de la UE) negociando de igual a igual con una región que tiene los peores índices de pobreza del mundo".
En esa perspectiva, agregó, "España defiende la posición más dura, que no sólo ignora los planteamientos del Plan África, sino que va en contra de lograr una política de desarrollo coherente hacia los países más pobres".
Esto es así, finalizó, porque "ningún responsable político europeo duraría un día más en el cargo si quisiese aplicar en su propio país la desregulación draconiana que tratan de imponer a las economías de los países más pobres del planeta".
El documento presentado por Intermón Oxfam puntualiza que, si se acordase la liberalización que propone el bloque europeo en estas negociaciones, los países ACP deberán eliminar la mayor parte de sus aranceles a los productos agrícolas, "mientras la UE dedica cerca de 50.000 millones de euros (70.000 millones de dólares) anuales a subvencionar la producción y exportación de su agricultura".
Carlos Galián, coordinador del informe presentado por la organización no gubernamental, consideró "sorprendente la inflexibilidad de la posición española, puesto que el intercambio comercial de este país con los ACP es poco, muy poco significativo".
Las exportaciones de España a los ACP representan solamente 1,91 por ciento del total de sus ventas al exterior y las que realiza a Holanda son iguales a la suma de los 76 países ACP.
Antes de entrar a La Moncloa, Arpa declaró que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, "con el apoyo español", amenaza a los ACP con imponerles unas condiciones que provocarían unas pérdidas de 1.000 millones de euros (1.400 millones de dólares) anuales sólo a la región de África occidental.
En otras zonas de los países ACP la situación es similar y un ejemplo de lo que eso significa es, para Arpa, lo que ocurriría en Namibia si se acordase lo exigido por la UE. "Solo en el primer año perdería unos 45 millones de euros (63 millones de dólares), lo cual representa casi un tercio de su presupuesto sanitario anual".
Otro ejemplo es Kenia, donde el sector productor de leche y sus derivados se vería afectado de tal manera que 650.000 familias ganaderas verían drásticamente reducidos sus ingresos y se perderían alrededor de 400.000 empleos directos. Por ello destaca que "el futuro de 750 millones de personas que viven en la pobreza dependen en parte de que la UE y los países ACP lleguen a un acuerdo que ponga el comercio al servicio del desarrollo, ya que la solución no es imponer un sistema que podría provocar una crisis económica en África a partir del 1 de enero de 2008".
Bosé señaló a IPS que "se debe cumplir un derecho no escrito en ninguna Constitución, pero evidente y real, que es el de hacer cosas justas y, si se habla de justicia, hay que hacer un comercio justo".
El cantante de fama internacional reconoció que su país dedica una suma muy importante de su presupuesto y de su accionar a la cooperación para el desarrollo y que, incluso, se ha aumentado durante el actual gobierno. "Pero su actitud no es coherente, ese dinero es como tirarlo a la basura si no modifica su postura comercial", criticó.
Por ello, precisó, "nosotros, los ciudadanos, nosotros que pagamos los impuestos que nutren el presupuesto estatal, exigimos un accionar en el comercio exterior que no sea contraproducente ni negativo para el desarrollo de los países de África, Asia, América Latina y el Caribe".
Para hacerlo "quedan 100 días", durante los cuales se terminará de renegociar el acuerdo de Cotonou, en cuyas conversaciones, Bosé entiende que España debe jugar un papel positivo para definir progresistamente el de la UE.
Una de las posiciones más criticadas a España es su protección arancelaria a la producción de banano en sus Islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental de África.
Intermón Oxfam exige que se elimine esa protección, para permitir que productores de países del Sur puedan competir en igualdad de condiciones. Fuentes del Ministerio de Industria y Comercio de España dijeron a IPS que entre sus proyectos no está el de apoyar el libre comercio en ese sector.
