Más de 30 organizaciones no gubernamentales objetaron la candidatura de Chile a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, arguyendo que este país no ha ratificado aún varios tratados internacionales y no cuenta con la institucionalidad necesaria.
"Chile no tiene las suficientes credenciales internacionales como para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ya que no ha firmado tratados clave para profundizar la democracia y garantizar que no se vuelvan a repetir violaciones a los derechos humanos del pasado", dijo a IPS la presidenta de la no gubernamental Corporación Humanas, Lorena Fries.
Este grupo convocó a una treintena de otras organizaciones sociales y académicas a suscribir una declaración pública que fue publicada este jueves en el diario La Tercera, de circulación nacional.
Entre ellas, se encuentran Oxfam, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el Foro Red de Salud por los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe.
"Chilenas y chilenos vivimos en el pasado graves violaciones a los derechos humanos, y si bien el Estado ha avanzado en verdad, justicia y reparación por dichas violaciones, aún se encuentra en deuda con nuestra sociedad y con la comunidad internacional", señala el texto.
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"A la fecha, el Estado de Chile no ha ratificado un conjunto de tratados imprescindibles en materia de derechos humanos: la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura", detalla.
Tampoco el "Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, pendientes de ser debatidos por el Congreso Nacional", añade.
La objeción, aclara Fries, es contra el Estado chileno en su conjunto. "El grave problema está en el Parlamento", recalcó.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, respondió este jueves a la declaración afirmando que "el gobierno de Chile tiene todas las cartas en regla para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas".
"Si el criterio fuera tan estricto no habría gobierno en el mundo que pudiera paticipar en ese Consejo. Chile tiene las cartas más en regla que alguno de los países que forman parte de ese Consejo", indicó.
"Es verdad que tenemos pendientes en el Parlamento la ratificación de varios tratados importantes pero ese 'debe' no está en manos del gobierno. Hasta ahora ha sido problema por la actitud de la oposición (derechista). Nosotros hemos colocado urgencias a todos esos tratados que están pendientes en el Congreso y esperamos que la oposición esta vez pueda votarlos favorablemente", recalcó el funcionario de gobierno.
"Chile es un ejemplo de como se ha sido fiel al legado de los derechos humanos después de haber tenido una dictadura", afirmó el ministro, y añadió que la presidenta Michelle Bachelet "como nadie significa todo el drama y toda la esperanza que nace de una situación como la vivida", en alusión a las torturas que sufrió la mandataria y su madre en 1975.
Bachelet regresó a Santiago el miércoles tras su viaje a Nueva York, donde participó en la sesión número 62 de la Asamblea General de la ONU, acompañada de los presidentes de todos los partidos políticos de la coalición de centroizquierda que gobierna este país desde 1990, así como de la oposición derechista.
La jefa de Estado apostó a que una imagen unidad ayudaría en su campaña para que Chile obtenga un puesto en el Consejo de Derechos Humanos para el período 2008-2012, posibilidad que creció luego de que Venezuela anunció el retiro de su postulación.
Los otros dos países que compiten por los tres cupos latinoamericanos son Argentina y Brasil.
Es una contradicción el hecho de que las fuerzas políticas (que acompañaron a Bachelet) apoyen la candidatura de Chile al Consejo, pero que no sean capaces de aprobar en el Parlamento los instrumentos internacionales pendientes, dijo a IPS la directora del Departamento de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Patricia Albornoz.
Esa entidad académica apoya las objeciones planteadas por las organizaciones firmantes de la declaración pública.
A juicio de Albornoz, la otra gran deuda pendiente del Estado es la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos.
La votación del Instituto se entrampó en su último trámite legislativo debido a que Viera-Gallo cedió a algunas demandas de senadores de la oposición derechista con el propósito de asegurar sus votos a favor.
Uno de los cambios fue la eliminación de la facultad del organismo de iniciar procesos judiciales contra ex represores de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), atribución que hoy tiene el Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron a Viera-Gallo de actuar a espaldas de Bachelet, dado que la mandataria se había comprometido a mantener dicha disposición.
Los diputados oficialistas, que deberán votar el proyecto la próxima semana, se han manifestado contrarios a las modificaciones, por lo que se espera que el proyecto pase a una comisión mixta de diputados y senadores para su debate.
El proyecto de ley que crea la figura del "defensor del pueblo" (ombudsman), otra demanda de las organizaciones sociales, sería enviado al Congreso legislativo después de que se cree el Instituto. "Pero nada garantiza que vaya a salir (aprobado)", se quejó Fries.
La presidenta la Corporación Humanas destacó la labor de las dos comisiones independientes formadas en 1990 y 2003 por los ex presidentes Patricio Aylwin (1990-1994) y Ricardo Lagos (2000-2006) que recopilaron información sobre las personas ejecutadas, detenidas desaparecidas y torturadas durante la dictadura.
Pero agregó que todavía falta camino por recorrer en esa dirección. Este jueves, el juez Héctor Solís informó que en los últimos 10 días se hallaron unas 20 piezas óseas, además de un diente y un zapato, que podrían corresponder a parte de los cuerpos de 22 campesinos ejecutados en 1973 y exhumados en 1979 en la localidad de Paine, unos 67 kilómetros al suroeste de la capital.
Decenas de expertos nacionales y extranjeros trabajan en el lugar, donde también se encontraron cerca de 130 balas. La información sobre la ubicación de los restos fue entregada al juez por un suboficial que habría participado en los homicidios.
Por otra parte, Albornoz criticó el hecho de que el Estado chileno todavía no haya cumplido con varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de estos corresponde al llamado caso Almonacid.
En septiembre de 2006, la Corte condenó a Chile por no haber investigado ni enjuiciado a los responsables de la muerte del profesor Luis Alfredo Almonacid, militante del Partido Comunista, ejecutado en 1973, en cuyo caso se aplicó el decreto-ley de amnistía dictado por Pinochet en 1978.
El decreto prohíbe procesar a los involucrados en ciertos crímenes cometidos entre el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, y el 10 de marzo de 1978.
La Corte Interamericana obligó al Estado a reabrir el proceso y garantizar que la amnistía no volviera a ser usada en ninguna otra causa relacionada con crímenes de lesa humanidad. Bachelet se comprometió a promover su inaplicabilidad, pero el decreto todavía no se anula o deroga.
En este marco, las organizaciones señalan que no basta con señales auspiciosas emanadas del Estado, como la reciente extradición a Perú del ex mandatario de ese país Alberto Fujimori (1990-2000) por la parte de la Corte Suprema de Chile, resolución saludada por la comunidad internacional.
Fries indicó que todas las organizaciones que firmaron la declaración se están poniendo en contacto con sus pares de otros países de América Latina y Europa con el objeto de que llamen a sus respectivos gobiernos a debatir sobre los méritos de Chile para integrar el Consejo antes de que emitan su voto en mayo próximo.
"Queremos que el Estado chileno se sienta observado por la ciudadanía de otros países", concluyó.
