En las prisiones de Venezuela «se violan todos los derechos humanos todos los días», dijo en un diálogo privado una década atrás el embajador de un país americano, para justificar a unos compatriotas suyos que habían evadido la justicia.
El 9 de febrero de 1996, al visitar por segunda vez Venezuela, el entonces papa Juan Pablo II rezó unos minutos ante el Retén de Catia, emblemática cárcel de Caracas demolida al año siguiente, y la prensa registró que el pontífice había llegado "a las puertas del infierno".
"La situación actual de las cárceles todavía puede definirse con frases como esas", dijo a IPS Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones. "Las condiciones mínimas para el tratamiento de personas privadas de libertad no se cumplen en Venezuela y se violan los derechos más elementales", agregó.
Venezuela, de 27,5 millones de habitantes, tiene a 20.200 reclusos en 30 cárceles, de los cuales 7.440 son penados y 12.660 (62,6 por ciento) son procesados sin sentencia.
Entre enero y julio de 2007 "hubo 292 muertos y 634 heridos en las cárceles, con una tendencia de fallecimientos 55 por ciento más alta que la del año pasado, cuando perecieron 412 internos y se registraron 728 heridos", dijo Prado.
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Un juez, Miguel Vidal, estaba a media tarde del 31 de agosto bajo un enramado a las puertas de la cárcel de Barinas, en las llanuras del suroeste del país, cuando recibió en el brazo un disparo que desde lo alto de un muro le hizo un preso.
"Hace años en las cárceles de Venezuela los presos se armaban fundamentalmente con 'chuzos' (cuchillos caseros hechos con cualquier trozo de metal), pero ahora se encuentran pistolas, revólveres, escopetas, granadas fragmentarias, y en una requisa se halló una subametralladora Uzi", dijo Prado.
Para encontrar a los responsables del ingreso de armas y drogas a las cárceles "hay que meterle la lupa a quienes no son revisados, es decir a los efectivos de la Guardia Nacional (fuerza militar que custodia el exterior de los penales) y a los funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia", que manejan los asuntos tras los muros, dijo Prado.
Pero muchos pabellones y en ocasiones la cárcel entera están bajo el control de los propios presos y de sus bandas organizadas. Es común ocultar armas en las sentinas de los agujeros que hacen de retretes.
Las riñas entre grupos a menudo son la causa inmediata de sangrientos enfrentamientos. En enero, en la centrooccidental prisión de Uribana, inaugurada en 2000 como "cárcel modelo, la más moderna del país", en un solo día murieron 18 presos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comprobó al año pasado que en la oriental prisión de La Pica, considerada una de las más violentas del país, para más de 500 internos sólo había 16 custodios que trabajaban en dos turnos, "con un ratio promedio de un guardia por cada 63 internos".
La violencia también florece con el hacinamiento, formalmente de apenas un tercio, pues el país tiene una capacidad instalada para albergar 15.000 reclusos.
"Pero la verdad es que la infraestructura y servicios en muchas cárceles están derruidos hasta en 80 por ciento", observó a IPS Miguel Padrón, coordinador de la cátedra de Psicología Penitenciaria en la Universidad Central de Venezuela.
La situación carcelaria de Venezuela se repite en otros países de la región. Un estudio realizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) en 26 países "demostró que veinticinco de ellos estaban afectados por la sobrepoblación (con diecinueve en una condición crítica)".
La sobrepoblación penitenciaria es considerada "una forma de prisión cruel, inhumana y degradante" que además "resulta en la violación de otros derechos básicos, tales como los derechos a la vida y a la salud" y "obstruye la realización regular de todas la funciones penitenciarias", afirma el Ilanud.
La Corte Interamericana había observado en La Pica "celdas destruidas, celdas colectivas construidas para 7 internos en las que hay más de 15, durmiendo los presos en el suelo y sin cobijas, y celdas individuales apropiadas por jefes de grupos con armas de fuego".
Prado hizo ver que las comisiones interdisciplinarias que deben clasificar a los detenidos a menudo no funcionan "y con facilidad un solo funcionario en media hora clasifica a un preso y determina el lugar donde debe ser recluido. Un sitio medianamente seguro en una cárcel peligrosa puede costar miles de dólares".
Padrón condujo para el Observatorio de Prisiones, a mediados de este año, un estudio sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles, con cuestionarios a 87 personas reunidas en grupos de discusión (focus groups) en nueve regiones del país.
Los participantes fueron activistas de grupos humanitarios, religiosos y otros voluntarios que trabajan en cárceles, abogados, funcionarios, ex reclusos y familiares.
Los encuestas señalaron que "no se cumplen normas de higiene" según 68 por ciento de consultados, pero los grupos mostraron que frases como esa apenas traducen testimonios como que "en las cárceles las muelas se sacan con alicate", o que "la pasta para comer se mezcla con salsa en el piso y de allí pasa a los platos de los internos".
Tras el aserto de que "no se respeta el derecho a la alimentación", hay testimonios como que "cuando llega la comida al penal, primero comen los guardias nacionales, luego los funcionarios y, cuando llega a los presos, de lo que fueron 30 pollos apenas quedan tres".
Los presos comen sobre todo la comida que les llevan sus familiares, quienes también les suministran agua. En muchos pabellones no hay agua potable, y la disponibilidad de depósitos para pertenencias personales es una expresión que apenas despierta sonrisas.
En un anexo improvisado en La Pica, con tres cuartos que no tienen condiciones para alojar personas, hay detenidas entre 22 y 24 mujeres, consigno la Corte Interamericana. Duermen en el piso o sobre cartones y el único baño de que disponen, pequeño y con una sola letrina, tiene sus aguas negras casi siempre desbordadas. A propósito de La Pica, la Corte requirió al Estado venezolano tomar medidas cautelares urgentes en 2006 e informar acerca de ellas, con lo que Caracas está en mora según Prado.
Pese a las duras condiciones y el constante riesgo de muerte, "lo que los presos más resienten es el retardo procesal, que les mantiene como seres en depósito sin que se haga justicia en su caso", comentó a IPS Marianela Sánchez, abogada en el Observatorio de Prisiones.
Según la legislación venezolana, nadie puede estar más de dos años detenido sin sentencia. "Pero esa norma es obviada con una figura extralegal, que es el diferimiento de los procedimientos, con lo cual volvemos al pasado en que la privación de libertad vuelve a ser la regla y no la excepción en nuestra justicia oral y pública", dijo Sánchez.
Según Prado, un problema de fondo es la falta de voluntad política. "Con la actual administración —desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999— hemos tenido nueve ministros de Justicia y 15 directores de prisiones, y cada quien llega con un plan nuevo bajo el brazo", dijo el activista.
El gobierno no se ha pronunciado acerca del informe del Observatorio. Padrón destacó que el mar de fondo sigue siendo la pobreza. "La casi totalidad de los presos son gente pobre. Ahora no recuerdo ninguna de las cárceles visitadas en las que no haya encontrado pintarrajeada en la pared la frase 'Aquí no se paga delito, aquí se paga pobreza'".
