Las amenazas de musulmanes radicales contra organizaciones no gubernamentales detuvieron las tareas por el desarrollo de la pakistaní Provincia de la Frontera Noroccidental, ya sumida en el caos por diversas catástrofes.
Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) fueron acusadas de proselitismo cristiano, de despilfarro y de acceder a las demandas de Estados Unidos.
"El público desaprueba con fuerza a las organizaciones no gubernamentales", dijo Sanaullah, quien trabaja para una de ellas en la localidad de Swat. "Esta actitud está guiada por el odio contra Estados Unidos."
Habitantes del poblado de Allai, en el distrito de Mansehra, obligaron en junio a finalizar las actividades de las ONG de la localidad con el argumento de que sus integrantes estaban realizando conversiones forzadas al cristianismo.
El proselitismo religioso es un delito serio en Pakistán, país de mayoría musulmana, y los acusados pueden ser sentenciados a cadena perpetua.
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Una turba de más de 1.000 personas incendió en julio un vehículo de la organización Relief International en Mansehra, distrito devastado por un terremoto en octubre de 2005. Lo hicieron porque, según aseguraron, sus miembros no ayudaron a los damnificados.
El 8 de abril también incendiaron la oficina del no gubernamental Programa Nacional de Apoyo Rural. También le prendieron fuego a dos motocicletas estacionadas en las cercanías.
"Las organizaciones no gubernamentales no ayudaron a los sobrevivientes. Gastaron millones de dólares de la comunidad internacional para mantener sus lujosos estilos de vida lujosos", dijo a IPS Roman Alí, uno de los manifestantes en Mansehra.
"Ninguna de las organizaciones no gubernamentales cumplió en nuestra zona sus promesas de reconstruir obras de infraestructura destruidas por el terremoto, como escuelas y centros de salud", afirmó Alí.
El muftí Khalid Shah, un hasta entonces desconocido graduado universitario en educación islámica y ciencias políticas, dictó el 22 de diciembre pasado una fatwa (edicto religioso) llamando a la "jihad" (guerra santa) contra las organizaciones no gubernamentales.
Su exhortación, que incluía propuestas de ataques contra organizaciones de derechos humanos y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se distribuyó en el pueblo de Darra Adamkhel, 35 kilómetros al sur de Peshawar, la capital provincial.
Shah urgió en su fatwa a atacar a trabajadores, oficinas y vehículos de organizaciones no gubernamentales que promovieran "la agenda de los judíos y cristianos".
Residentes de Darra Adamkhel dijeron no saber mucho sobre Shah, pero afirmaron que algunas copias de la fatwa habían sido distribuidas en mezquitas y mercados del poblado.
La localidad se convirtió entonces en un campo de batalla. La semana pasada, organizaciones afines a Talibán (movimiento islamista que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001) se lanzaron a "limpiarla de elementos antisociales".
En su violenta campaña, mataron a Ameer Said, cabecilla de una banda de delincuentes.
Hasta Peshawar está hoy sumergida en esta crisis de la ley, el orden y la seguridad.
El 18 de julio, una falsa bomba fue colocada en el exterior de una clínica que brinda servicios de planificación familiar. Una nota manuscrita en mal urdu advertía al personal del centro médico que debía clausurar sus "negocios no islámicos".
"Ésta es su última advertencia. Por ahora colocamos la réplica de una bomba fuera de su clínica. La próxima vez será una bomba real, capaz de destruir el edificio entero. Pongan fin a su programa en una semana", indicaba la nota.
"Un día antes recibimos una llamada anónima de alguien que nos llamó 'títeres de Estados Unidos' y nos exigió poner fin a nuestras actividades", dijo a IPS un empleado de la clínica, Nayyar Syed.
Las amenazas llevaron al cierre de tres clínicas de la no gubernamental Sociedad Marie Stopes que brindaban servicios de salud reproductiva a refugiadas afganas en Peshawar, informó Tariq Khan, de la independiente Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
La Sociedad Marie Stopes también clausuró sus dos clínicas en los distritos de Swat y Bannu, también en la Provincia de la Frontera Noroccidental, afirmó Khan.
Organizaciones no gubernamentales reclamaron seguridad a representantes del gobierno con los que se reunieron el 16 de este mes en Peshawar, invitados por la filial pakistaní de la Asociación Asia Meridional.
Los activistas aprovecharon la oportunidad para criticar a las autoridades por haber hecho poco por recuperar un vehículo robado por hombres armados la semana pasada en el distrito de Karak, en la misma provincia.
Las autoridades hicieron poco por recuperar un vehículo hurtado a la organización no gubernamental Khwendo Kor en el distrito de Karak, informó a IPS uno de sus miembros, Yasmin Begum. Dos empleados de la organización fueron secuestrados en el mismo episodio, pero luego se los liberó.
A la reunión asistieron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, la Sociedad para la Protección de los Derechos del Niño, la Fundación Aurat, la Organización de Fortalecimiento de la Participación, la filial pakistaní de la Asociación Asia Meridional, el Comité Internacional de Rescates, Shirkat Gah, Khwendo Kor y la Sociedad Marie Stopes.
Los rebeldes quieren que "las ONG dejen de trabajar en áreas tribales o remotas por razones de seguridad", y si lo logran será "un gran golpe" para esos distritos, dijo Mohammad Imran, de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán.
La última ONG que sufrió amenazas es la Organización de Desarrollo del Área de Kohat, cuyo presidente recibió amenazas telefónicas la semana pasada.
Un desconocido le advirtió que las oficinas de la institución serían bombardeadas si no clausuraban cuatro centros y si no despedían a sus empleadas y a las mujeres entrenadas allí.
La organización brinda cursos de computación y corte y confección a 84 mujeres.
