El derecho al aborto y el efectivo cumplimiento de políticas sociales, especialmente las dirigidas a la población femenina, serán asuntos destacados a tratar entre este viernes y el lunes en Brasilia en la Segunda Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres.
Cerca de 3.000 mujeres, representantes de los 27 estados de Brasil, discutirán nuevos caminos para la lucha por la igualdad de género y los derechos específicos, además de evaluar la ejecución del Plan Nacional de Políticas para las Mujeres, que fue el resultado de la primera conferencia, realizada en julio de 2004.
El Plan de 199 acciones divididos en cuatro ejes, trabajo, educación, salud y violencia, significó en los hechos pocos avances efectivos, en gran parte debido a la política económica adoptada, que impone fuertes recortes presupuestarios en el área social, señaló a IPS Natalia Mori, codirectora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea).
En el debate del presupuesto de este año, por ejemplo, el movimiento feminista logró duplicar el presupuesto destinado al combate y prevención de violencias contra las mujeres, elevándolo a 23 millones de reales (unos 12 millones de dólares). Pero 70 por ciento de esa suma ya fue bloqueada.
De esa forma, un gran triunfo registrado el año pasado como fue la aprobación de la llamada Ley Maria da Penha, que tipifica las agresiones contra mujeres como delitos con sus respectivas penalizaciones legales, pierde buena parte de su efectividad ante la falta de recursos para poner en práctica muchas medidas necesarias para su aplicación, como la protección a testigos y víctimas.
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La Secretaria Especial de Políticas para Mujeres, que promueve la definición de programas a través de las conferencias participativas, dispone así de insuficientes recursos para cumplir su misión, aunque sea reconocida como eficaz en la aplicación de su presupuesto, observó Mori.
Otras áreas sociales previstas por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, como la seguridad social, sufren presiones por reformas y recortes en atención al "modelo económico" de contención de la deuda y gastos públicos, mientras las inversiones en infraestructura tienen su presupuesto asegurado por el plan de crecimiento del producto recientemente adoptado, lamentó.
La nueva conferencia de mujeres de Brasilia, además de discutir mecanismos para que las metas del Plan Nacional de Políticas para las Mujeres (PNPM) tengan garantías de recursos presupuestarios, deberá definir gestiones para que los gobiernos estaduales y municipales pongan en marcha programas locales, necesarios para que se concreten esas políticas, sostuvo.
El Cfemea, una organización no gubernamental de Brasilia, hace un seguimiento de las políticas públicas y, especialmente, de los proyectos en trámite parlamentario que favorecen la igualdad de género y los derechos femeninos.
El aborto es un tema polémico en la sociedad brasileña, pero su despenalización fue una medida defendida por la mayoría en la primera conferencia de las mujeres, realizada hace tres años.
De esa resolución resultó un proyecto de ley, elaborado en 2005 por una comisión tripartita, con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil, pero que se paralizó en el parlamento.
La aprobación del aborto como un derecho de las mujeres fue "el gran avance" de la conferencia nacional de 2004, recomendando la revocación de las leyes punitivas, y su reafirmación ahora seria importante, opinó Sonia Correa, investigadora de género y derechos sexuales de instituciones brasileñas e internacionales, como la red DAWN.
Distintos hechos políticos, como los escándalos de corrupción en el gobierno y un frente de parlamentarios conservadores y religiosos, abortaron el proyecto de despenalización del aborto.
Empero, el nuevo ministro de Salud, José Gomes Temporao, asumiendo "corajudamente" el debate sobre el aborto como un problema de salud pública, fortalece la lucha femenina por ese derecho, evaluó Correa.
La posición del ministro "responde a un proceso de 20 años" de avances en la cuestión, como el derecho de abortar en la red de salud pública en los casos admitidos por la legislación, de embarazos producidos por violación y que ponen en riesgo la vida de la madre.
Otro avance importante en esas conferencias fue la "revitalización" del debate sobre la violencia contra mujeres, que condujo a la aprobación de la Ley Maria da Penha, cuyo nombre es en homenaje a una mujer que sufrió dos intentos de asesinato de su marido, quedó parapléjica, y tras dos décadas de lucha judicial logró la condena del agresor.
La creación de la Secretaria Especial de Políticas para las Mujeres, con rango de ministerio, y la promoción de conferencias, en un proceso participativo que en esta segunda edición movilizó 195.000 delegadas en encuentros municipales y estaduales, representan conquistas que tuvieron lugar en el gobierno de Lula cuyo primer mandato comenzó en enero de 2003, reconoció Mori.
Pero ese gobierno del Partido de los Trabajadores elegido en las elecciones de 2002 y de 2006 tropieza en la ejecución práctica de las resoluciones adoptadas en diálogo con la sociedad.
En la previsión social también es "desalentadora" la postura gubernamental, que "no combate privilegios" y poco hace para incluir en el sistema a los 40 millones de brasileños excluidos, en su mayoría mujeres y negros, criticó la activista.
La igualdad en el mundo del trabajo, la enseñanza "no sexista", la mejora en la salud respetando los derechos sexuales y reproductivos y el combate más efectivo a la violencia que sufren las mujeres son los cuatro ejes que concentran los reclamos femeninos en esta segunda conferencia.
A pesar de que sean mayoría y tengan mayor escolaridad en promedio, las mujeres siguen ganando menos que los hombres que hacen el mismo trabajo.
