Cercadas por la expansión agropecuaria y la indiferencia del Estado, comunidades indígenas de la nororiental provincia argentina de Chaco tienen dificultades para acceder al agua, a la alimentación y a las medicinas naturales y van camino a la extinción.
Las imágenes de cuerpos adultos degradados por el hambre y la tuberculosis en el municipio de Villa Río Bermejito, noroeste de la provincia, son apenas el epílogo de una larga historia de abandono y reclamos desoídos de indígenas toba, wichí y mocoví de Chaco, 700 kilómetros al norte de Buenos Aires.
Más de un año después de una huelga de hambre de un mes protagonizada por indígenas en protesta por graves irregularidades en el otorgamiento de tierras fiscales, el Centro de Estudios e Investigación Social Nelson Mandela denunció la muerte de 13 miembros de esas comunidades en los últimos meses.
Los decesos fueron consecuencia de desnutrición aguda asociada en la mayoría de los casos con tuberculosis y otras enfermedades como parasitosis, mal de Chagas y cáncer. "Estamos ante un desastre humanitario", dijo a IPS Rolando Núñez, director del Centro Mandela.
La entidad sostuvo que un estudio realizado por el gobierno nacional en Villa Río Bermejito detectó este mes 92 casos de desnutrición de diverso grado. El gobierno provincial, de la opositora Unión Cívica Radical, considera que en las denuncias hay "intencionalidad política" de Buenos Aires.
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"No ocultamos nunca el hambre, la miseria ni la pobreza", se defiende el gobernador Roy Nikisch. "Sabemos perfectamente que por su propia cultura e idiosincrasia —los indígenas— no dejan que el Estado los atienda correctamente, no usan los medicamentos y rechazan los tratamientos", afirmó.
En un informe presentado este mes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Centro Mandela advirtió que "la sustracción masiva de tierras fiscales y el desmonte irracional del bosque nativo" están provocando la enfermedad y muerte de poblaciones "famélicas" en Chaco, describe.
"Como síntesis trágica de la sistemática degradación institucional, política, social, económica y educativa de la provincia, están las comunidades indígenas que viven en la extrema pobreza, bajo un régimen de hambre perpetuo y continuo, seguido de enfermedades propias de una situación de desastre", reza la denuncia.
Orlando Charole, presidente del Instituto del Aborigen de Chaco (Idach), puso el problema en una perspectiva histórica. "Por siglos los indígenas sufrimos el avasallamiento integral en todo el continente con un impacto destructor sobre cientos de pueblos que fueron arrasados", dijo a IPS.
No obstante, las comunidades que se aferraron a su organización tradicional y a sus costumbres lograron sobrevivir, sostuvo. Lo que está en juego hoy es el territorio, base de su modo de vida. "Un pueblo no puede vivir sin territorio", advirtió Charole, que lideró las protestas por el derecho a la tierra en 2006.
"¿Dónde podemos vivir según nuestras creencias? ¿Dónde cazar, pescar, recolectar alimentos? ¿Con qué hacer jugos cuando no hay agua? ¿De dónde obtenemos nuestras medicinas?", dijo este hombre de origen toba que representa a más de 60.000 indígenas de Chaco, casi seis por ciento de la población provincial de 980.000 habitantes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Argentina hay algo más de 600.000 indígenas descendientes de unos 25 pueblos originarios. De acuerdo con denuncias de organizaciones sociales y ambientalistas, la tala de bosques está haciendo estragos entre los que viven más alejados de los centros urbanos.
La Fundación para la Defensa del Ambiente denuncia desde 2004 la lenta extinción de los mbya guaraníes en la provincia nororiental de Misiones. La filial argentina de la organización ecologista Greenpeace sostiene que la tala del bosque nativo para cultivo de soja en Salta, en el noroeste, destruye el hábitat de comunidades wichí.
"Talan el bosque, alambran, y nosotros somos extraños en nuestra propia tierra", resumió Charole sobre Chaco. El Estado "parece tener un escudo" para rechazar los reclamos, dice. "El Ministerio de Desarrollo Social manda alimentos, pero eso es para resolver un momento. Lo que necesitamos es tierra, educación, salud", reclamó.
Charole se refería a la decisión de la cartera de enviar desde mayo y cada dos meses una partida de 30 kilogramos de alimentos para cada una de las 2.000 familias del área más vulnerable. Esa partida incluye 10 kilos de harina, tres de fideos, tres de arroz, cinco de leche en polvo, dos de azúcar y latas de picadillo de carne y duraznos.
"Es una cantidad como para una alimentación modesta durante 15 días", sostuvo Núñez, del Centro Mandela. Para lograr una dieta balanceada, los pobladores deberían complementar con animales de caza y frutos del monte, pero la deforestación en esa zona los arrincona y les resta posibilidades de obtener esos recursos.
Según la Dirección Nacional de Bosques, Chaco es la tercera de las 23 provincias argentinas en porcentaje de tierras deforestadas en los últimos años, debido al avance de la frontera agropecuaria. El maíz y la soja son los cultivos predilectos en desmedro del bosque o de otras plantaciones tradicionales, como el algodón. No obstante, senadores de Chaco y de otras provincias afectadas por la tala se niegan a aprobar un proyecto de ley de bosques ya sancionada por la cámara baja que prevé la suspensión de la tala, ordenamiento territorial y la emisión de autorizaciones para cortar bosques sólo en casos en que no peligre el ambiente y sus comunidades.
En los últimos 10 años, la superficie chaqueña cultivada con algodón pasó de 700.000 a 100.000 hectáreas, y las posibilidades que tenían los indígenas de emplearse como jornaleros en la cosecha mermaron en la misma proporción.
La falta de agua también constituye en un problema grave.
El Centro Mandela afirma que cerca del municipio chaqueño de Miraflores, en el paraje Techat, poblaciones wichí sobreviven en condiciones "totalmente desfavorables para la vida humana". En 1996 las autoridades instalaron allí una cisterna para bombear agua, que funcionaba con energía solar.
Pero meses después del acto inaugural se llevaron el motor. Los pobladores están condenados a beber agua de charcos, de represas y lagunas, y algunos se acostumbraron a no beber hasta la deshidratación, asegura la entidad. La única sala de primeros auxilios médicos allí está desabastecida por completo y sin personal.
Charole afirma que se necesita una política del Estado nacional indígena que permita planificar el acceso a la tierra, planes de salud que contemplen el saber de la medicina tradicional y la incorporación de maestros bilingües en las escuelas. "Con dos o tres bolsas de alimentos esto no se soluciona", alertó.
Los indígenas de Chaco habían protestado en junio de 2006 mediante una marcha de 3.000 personas desde Villa Río Bermejito hasta Resistencia, la capital provincial situada a más de 400 kilómetros. Ante la negativa de las autoridades provinciales a dialogar, ocuparon la sede del gobierno y allí iniciaron una huelga de hambre.
La medida, adoptada por una decena de indígenas, se prolongó por 32 días y culminó con la salud de esas personas gravemente deteriorada y una promesa de soluciones que no han llegado. Por entonces, El Centro Mandela había afirmado que de 3,9 millones de hectáreas de tierras fiscales que había en la provincia en 1995 quedan poco más de 660.000 hectáreas.
La ley provincial establece que esas tierras debieron ser cedidas a comunidades indígenas o a pequeños productores en parcelas familiares de entre 650 y 1.200 hectáreas cada una, acompañadas de políticas de fomento a la actividad productiva. Pero nada de eso ocurrió.
La entidad afirmó que las concesiones beneficiaron a grandes cultivadores de soja y de otros cultivos, algunos de ellos radicados en otras provincias, y que los lotes cedidos tenían más de 10.000 hectáreas cada uno. Más de un año después, el resultado es más hambre, enfermedad y muerte.
