Rafael Nieto, barman de la capital salvadoreña, cree que las instituciones de su país no funcionan, el abogado Nelson Recinos asegura que aquí «lo normal es violar la ley» y la comerciante Ana Menjívar opina que los partidos «no representan el sentir de la población».
Ellos son una muestra de los ciudadanos comunes que, aunque prefieren un gobierno surgido de elecciones y la vigencia de la democracia, se muestran disconformes con el funcionamiento cotidiano del sistema en El Salvador, un punto en el que coinciden con la mayoría de los latinoamericanos.
Este sentimiento, puesto de manifiesto por diversas encuestas realizadas durante los últimos años, fue confirmado por un estudio hecho público este mes titulado "Cultura Política de la Democracia en El Salvador 2006", coordinado por el Proyecto de Opinión Pública en América Latina de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos.
El trabajo indica que, aunque una amplia mayoría de los salvadoreños consultados prefieren un régimen producto de la "democracia electoral", 53,4 por ciento de ellos están disconformes con el sistema político de su país.
La actual experiencia democrática de El Salvador se inició tras la guerra civil de 1980 a 1992, que dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Durante el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) se firmó un acuerdo de paz con los insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
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Miguel Cruz, investigador de la Universidad de Vanderbilt y uno de los autores del estudio, manifestó que en términos generales la gente apoya un sistema democrático pero con grandes reservas.
El nivel de insatisfacción muestra un incremento de ocho puntos porcentuales respecto del estudio anterior, realizado en 2004, debido a la desconfianza en las instituciones estatales y los partidos políticos, que no cumplen su papel dentro del engranaje democrático, destaca el informe.
"Sólo se preocupan por sus intereses", se quejó Menjívar. Por su parte, Nieto dijo a IPS que sus esperanzas acerca de que las instituciones funcionaran luego del acuerdo de paz "poco a poco se desvanecieron". No cree en ningún partido político, agregó, porque "todos son iguales".
Seis de cada 10 salvadoreños encuestados opinan que los partidos políticos son "nada" o "poco" democráticos.
Esto evidencia la "necesidad de construir una cultura política" que incorpore nuevas prácticas en el ejercicio del poder: "la transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, consulta ciudadana en la discusión de los problemas y contraloría ciudadana", señaló a IPS el director de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta.
La insatisfacción con la democracia, indican los especialistas, se debe a que el sistema no ha resuelto la polarización económica y social, la corrupción y la inseguridad.
También se observa un retroceso en materia de derechos humanos y libertades ciudadanas, una tendencia ejemplificada por la ley antiterrorista de 2006, con la que según sus críticos se "criminaliza" la protesta social.
El director del no gubernamental Estudios Penales de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Nelson Flores, dijo a IPS que "El Salvador es un Estado fallido donde prevalece el autoritarismo". Actualmente se dictan leyes "que en vez de democratizar el país lo que hacen es causar mayor represión y criminalizar la protesta social", agregó.
Flores hizo referencia a que hace dos semanas la gobernante Alianza Republicana Nacionalista y su aliado en el Congreso legislativo, el Partido de Conciliación Nacional, aprobaron reformas al artículo 294 del Código Procesal Penal y al 348 del Penal, que castigan con hasta 10 años de prisión a quienes sean acusados por desórdenes públicos.
"Esto no favorece la consolidación del sistema democrático", afirmó.
La ciudadanía considera asimismo que la ola delictiva que azota a este país es una "amenaza" para el futuro nacional, agrega la investigación, basada en una encuesta a 1.729 adultos realizada por la Fundación Manuel Ungo y el Instituto Universitario de Opinión Pública.
La espiral delictiva ha convertido a este país en uno de los más violentos de América Latina, con una tasa de 56 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras de 2006 del estatal Instituto de Medicina Legal.
El estudio advierte que la delincuencia y la corrupción contribuyen a "erosionar la confianza en las instituciones y la legitimidad del sistema político".
La encuesta señala que 65,8 por ciento de los ciudadanos entrevistados "confían poco o nada" en que el sistema judicial castigará a los culpables de un delito, mientras que 41,1 por ciento de ellos consideran que la corrupción "está generalizada entre los funcionarios públicos".
Una amplia mayoría, 69,1 por ciento, no denuncia los hechos de violencia porque "no sirve de nada o por miedo" a las represalias y 93,2 por ciento de los encuestados estima que la delincuencia amenaza "mucho o algo" el "futuro nacional".
Rosa Guerra, propietaria de un salón de belleza, dijo a IPS que la impunidad se impone en la realidad cotidiana de los salvadoreños. "Este es un país en donde todo se puede si hay dinero de por medio. Si se tiene plata se tiene todo", afirmó.
Está de acuerdo con la imposición de la pena de muerte para combatir la ola delictiva, pero aseguró que desconfía de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia, como la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República.
"No se sabe en quién confiar", dijo Guerra en referencia a dos policías y un civil que están siendo procesados por pertenecer a un grupo de exterminio dentro de la PNC.
La violencia, la delincuencia e inseguridad son las principales preocupaciones para 44,5 por ciento de los ciudadanos, mientras 45,2 por ciento menciona la pobreza, el desempleo y la inflación.
El estudio de la Universidad de Vanderbilt destaca que para 43,1 por ciento de los salvadoreños entrevistados, "la democracia tiene un sentido vacío" y que "no le significa nada".
Ese nivel de escepticismo, a pesar de la preferencia manifestada por los gobiernos surgidos de elecciones, se encuentra en línea con las opiniones relevadas por la consultora Latinobarómetro en el informe que realizó el año pasado para el semanario británico The Economist.
El año pasado, 51 por ciento de los salvadoreños consideraron que la democracia era mejor que cualquier otro sistema, ocho puntos porcentuales por debajo del registro de 2005.
Al mismo tiempo, señala el estudio de Latinobarómetro, el año pasado 15 por ciento de los entrevistados declararon que un sistema autoritario era preferible en algunas circunstancias. Sólo cuatro por ciento habían elegido esa respuesta en 2005.
El estudio de la Universidad de Vanderbilt es el cuarto realizado desde 1995 y se llevó a cabo simultáneamente en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
En materia de "apoyo al sistema democrático", El Salvador se ubica en quinto lugar, con un respaldo de 55,4 por ciento. En primer lugar figura Costa Rica con 64 por ciento y en último Ecuador con 37,4.
"Los resultados de la encuesta constatan que la población se muestra insatisfecha con la forma en que se ejerce el gobierno, en donde las instituciones no son garantes para las satisfacción de las necesidades de la población", señaló Villalta.
