La era del latifundio parece quedar atrás en Bolivia, donde el Evo Morales proclamó la revolución agraria en un acto por el 54 aniversario de la promulgación de la primera ley que entregó tierras a los campesinos.
Morales anunció la segunda era de la reforma agraria con un plan orientado a sanear, revertir, expropiar y distribuir tierras que actualmente están en poder de empresarios y latifundistas de las zonas tropicales de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, en el este y noreste del país.
En un acto este jueves en la población valluna de Ucureña, en el central departamento de Cochabamba, unos 500 kilómetros al sureste de La Paz, Morales presentó el reglamento de la Ley de Reconducción Agraria con un discurso que reivindicó la lucha permanente de los pueblos indígenas por la tierra y la defensa de los recursos naturales.
Morales anunció un programa que denominó "revolucionario" por privilegiar la redistribución de la tierra, la mecanización de las actividades agrícolas de los pequeños productores, el fortalecimiento del Tratado Comercial de los Pueblos, firmado con Cuba y Venezuela, además de priorizar la producción agrícola bajo normas de conservación ambiental.
Los pueblos indígenas somos los más revolucionarios por las transformaciones realizadas en materia de tierra, defensa de territorios y los derechos individuales y colectivos en América Latina, expresó el mandatario.
Cada 2 de agosto, en Bolivia se conmemora el Día del Indio por la promulgación de la primera reforma agraria en el año 1953, pero este jueves Morales pidió a sus ministros que cambiaran la denominación por el "día de la revolución agraria" y anunció que desde ahora se entonará el himno nacional con el puño izquierdo en alto y la mano derecha a la altura del corazón.
En una defensa de la norma que regula la tenencia de la tierra, el presidente acusó a los empresarios de la región oriental de promover un modelo de desarrollo sustentado en la acumulación de dinero sin respetar el ambiente y los responsabilizó de alentar "matanzas y masacres" cuando los pueblos se alzan en rebeldía.
El portavoz del gobierno, Alex Contreras, aseguró que la concentración de tierras ha llegado a un grado cuestionable y citó el caso de 14 influyentes familias a las cuales se atribuye la propiedad de tres millones de hectáreas.
Las demandas indígenas por tierras para la actividad agrícola son resistidas por los grupos de poder económico de Santa Cruz, Beni y Pando, uno de los asuntos que generan mayores debates en la Asamblea Constituyente que delibera en la ciudad de Sucre.
En el altiplano y los valles, algunas familias viven en espacios menores a una hectárea, mientras en oriente una vaca pasta en cinco hectáreas. "Creo que hay que ser vaca para poseer tierras", dijo irónicamente Morales.
En La Paz, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, dijo a IPS que el nuevo reglamento genera incertidumbre y desalienta nuevas inversiones privadas.
Dabdoub alentó la continuidad de negociaciones entre el gobierno y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) tras la ruptura del diálogo y la amenaza de los productores de elevar los precios en los alimentos básicos hasta en 40 por ciento y causar desabastecimiento, como efecto de la aplicación del reglamento de tierras.
"No sabemos aprovechar las oportunidades de producción". Hay empresarios que desean invertir en Bolivia, pero la ausencia de condiciones para el capital privado impide la concreción de iniciativas, expresó Dabdoub.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, negó la posibilidad de un alza de precios y escasez de alimentos, y defendió el reglamento por imprimir la transparencia, corrección y rapidez en el proceso de saneamiento de tierras.
El control social estará presente en ese proceso mediante representantes de organizaciones sindicales e indígenas que evitarán la transformación de un trámite en un acto de corrupción, explicó.
Durante 10 años, los anteriores gobiernos titularon tierras a razón de 10 dólares por hectárea, pero el actual gobierno disminuyó el costo de los trámites de titulación a un dólar por hectárea, dijo Morales.
Esos trámites sólo demorarán seis meses, y los conflictos de límites y asignación de parcelas podrán ser resueltos por las comunidades indígenas y el gobierno otorgará validez a esos acuerdos, dijo Almaraz.
Hasta 2006, el gobierno estimaba que podía recuperar unos 14 millones de hectáreas para su distribución entre familias de campesinos sin tierra o con "tierra insuficiente".
La superficie con potencial agrícola alcanza a 107,2 millones de hectáreas, en una superficie total de 109,9 millones de hectáreas que incluye 2,37 por ciento de manchas urbanas, equivalentes a 2,5 millones de hectáreas.
Al final del proceso de recuperación de tierras, se aplicará un plan de distribución que otorgará prioridad a los habitantes del lugar, comprenderá la creación de asentamientos humanos y beneficiará a las comunidades, dijo a IPS el asesor jurídico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Howard Arroyo.
Las nuevas asignaciones comprenden a organizaciones colectivas y eliminan la entrega de grandes extensiones de tierras agrícolas a pocas personas. El reglamento declara el final del latifundio, expresó Arroyo.
Según el jurista, la historia de la distribución de tierras incluye algunos casos como la entrega gratuita de hasta 400.000 hectáreas a una persona con fines ajenos a la producción agrícola y muchas veces orientados a su comercialización.
La reglamentación incorpora el carácter social del derecho agrario que otorga los instrumentos jurídicos para administrar justicia en materia de posesión de tierras, con la finalidad de sanear propiedades o recuperarlas para su posterior redistribución.
La legislación anterior sólo tenía por objetivo: el perfeccionamiento del derecho propietario, y no concentraba su atención en verificar la función económica y social de las grandes extensiones de predios con potencial agrícola, explicó Arroyo.
Un Consejo Nacional Agrario integrado por el gobierno y autoridades del sector vigilará el cumplimiento de la norma, mientras los consejos departamentales tendrán participación de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, productores agropecuarios y ganaderos que, en conjunto, conformarán el control social.
Cada funcionario público encargado del proceso de saneamiento tendrá la obligación de entregar la información solicitada por los representantes del control social para verificar el correcto trámite y evitar la discrecionalidad.
La función económica y social de las tierras estará sujeta a principios de interés colectivo y se someterá al dominio originario de la nación, afirmó el asesor jurídico del INRA.
