La dictadura militar de Birmania tenía una carta bajo la manga que presentó ante los más de 1.000 delegados reunidos para asistir a la última sesión de la asamblea que redacta una nueva Constitución.
El ministro de Información, el brigadier general Kyaw Hsan, dijo a los medios que el nuevo texto debe estar listo en dos meses, según indicaron a IPS periodistas birmanos.
La urgencia expresada en el anuncio el 18 de este mes resultó extraña, sobre todo si se tiene en cuenta que el proceso de alumbrar una nueva ley fundamental se ha convertido, desde hace ya tiempo, en uno de los ejercicios de redacción más prolongados del mundo: comenzó hace más de 14 años y medio.
Hace un mes, el primer ministro interino, Thein Sein, rompió con la tradición al declarar que las deliberaciones sobre la nueva Constitución que comenzarían a mediados de julio constituirían la sesión final de la Convención Nacional, el cuerpo encargado por la junta militar para redactar el texto.
Este súbito cambio no significa que el país se encamine a crear una cultura democrática con elecciones libres, señalaron observadores del proceso político birmano en esta capital en diálogo con IPS. Tampoco hay que aguardar reformas políticas que alivien el férreo control del poder por parte de los militares, agregaron.
"Este calendario puede ser nuevo, pero no existe fecha alguna para los otros seis pasos que, según la junta, se deben dar como parte de la hoja de ruta para volver a la democracia", dijo Zin Linn, portavoz de la Coalición Nacional de Gobierno de la Unión de Birmania, la autoridad elegida democráticamente y forzada al exilio por los militares.
"Es todo parte de la farsa. Esta es una Constitución espuria. Ellos pueden culminar el proceso en el momento que les parezca", agregó.
El editor de la revista The Irrawaddy, una publicación de periodistas birmanos que viven en el norte de Tailandia, Aung Zaw, señaló que las novedades en torno a la nueva Constitución poco tienen que ver con un cambio de actitud de los militares.
"China los empujó en esta dirección. Hay preocupación en Beijing, ya que piensan que un mayor retraso provoque inestabilidad, algo que no desean en virtud de los intereses chinos en Birmania", agregó.
Organismos de derechos humanos advirtieron que los resultados de la convención constituyente pueden generar inestabilidad a lo largo de la frontera birmana, donde viven muchas de las minorías étnicas que sufrieron la represión militar.
Ese escenario podría ser la consecuencia de la nueva Constitución, que confirme un mayor control del poder en manos de los militares a expensas de los grupos étnicos que tomaron parte en la convención para asegurar la paz y mayor autonomía política para sus regiones.
Las entidades de derechos humanos alertan que se podrían intensificar las causas de fondo de los conflictos de raíz étnica, perpetuados por los sucesivos regímenes militares. Aunque los grupos étnicos propusieron diversos pasos para transformar a la convención en una instancia de diálogo, sus recomendaciones fueron rechazadas.
Líderes de esas comunidades manifestaron una preocupación similar. "Lo que se vislumbra es una mayor militarización, conflicto armado y caos", advirtió un legislador y ex delegado a la convención nacional, Khun Mar Ko Ban, quien representa a la Organización Democrática para la Unidad Nacional de Kayan.
La dictadura militar convocó a la convención nacional luego de ser aplastado en las elecciones parlamentarias de 1990 por la opositora Liga Nacional por la Democracia (NLD, por su sigla en inglés). La junta se negó a aceptar el resultado y a permitir la asunción del gobierno elegido democráticamente.
En ese momento, el gobierno ya había detenido a la líder de la NLD y premio Nóbel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien ha pasado más de 12 años de los últimos 18 bajo arresto domiciliario.
La convención fue rápidamente caracterizada como una farsa, orquestada por los militares para mantenerse en el poder.
La primera etapa de sus deliberaciones comenzó en 1993 y continuó hasta 1996, cuando los representantes de la NLD se retiraron en protesta. Fue revivida en 2004, aunque la mayoría de sus 1.000 delegados fueron designados por los militares. Entre los participantes había miembros de los 17 grupos étnicos que firmaron acuerdos de paz con la junta para finalizar años de conflictos separatistas.
En 2004, cuando se reanudó la convención, la junta dijo que se trataba del primero de siete pasos en un proceso de reforma política. Un referéndum para aprobar la nueva Constitución fue establecido como el segundo.
La brecha entre las declaraciones del régimen y la realidad se hizo evidente durante las deliberaciones, con duras advertencias contra todo intento de discutir abiertamente el tema en cuestión.
El afán de control de los militares resultó inocultable durante la ronda de deliberaciones de 2004. Los delegados fueron instruidos acerca de "usar vestimenta apropiada, evitar bañarse en horas poco razonables y no ingerir comida basura", según informó el New Light of Myanmar, un diario en inglés controlado por el gobierno.
Los militares rebautizaron a Birmania como "Myanmar".
Los aliados internacionales del régimen no pueden desconocer la agenda del gobierno. "China, India y Rusia han estado mirando para otro lado mientras la dictadura trata de ocultar su política represiva detrás de una fachada de vigencia de la Constitución", dijo el director para Asia de Human Rights Watch en una declaración difundida el miércoles.
"Los generales han presentado a la convención como el vehículo para el retorno al gobierno civil y la vigencia del Estado de Derecho", agregó. "Pero han maniobrado para asegurar que los militares retengan el control y para excluir al pueblo birmano de este proceso".
