El dictamen del juez chileno Orlando Álvarez contra la extradición de Alberto Fujimori a Perú se basó ampliamente en los argumentos de la defensa del ex mandatario e ignoró testimonios concluyentes sobre su responsabilidad en crímenes de derechos humanos, afirman juristas y activistas.
Una fuente del despacho de la ministra dijo a IPS que la noticia cayó "como un balde de agua fría", cuando Zavala se encontraba en el Palacio de Gobierno en una reunión del gabinete con el mandatario Alan García.
Zavala dijo a la prensa que "ya instruimos a nuestros abogados en Chile para que interpongan los recursos impugnatorios correspondientes".
El magistrado Álvarez desestimó los delitos imputados por la justicia de Perú contra Fujimori en 12 casos de violaciones de derechos humanos y corrupción, así como la recomendación de la fiscal chilena Mónica Maldonado, quien el 7 de junio opinó a favor de conceder la extradición del sospechoso para que fuera juzgado en 11 de esos casos.
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Tras estudiar el expediente en sólo 34 días, Álvarez echó por tierra los gravísimos cargos en un documento de 99 páginas y 122 considerados, alegando que no existían pruebas suficientes para imputarlo o que algunos delitos ya prescribieron.
Pero Fujimori continuará sujeto a detención domiciliaria hasta que la Segunda Sala de la Corte Suprema se pronuncie sobre el pedido de apelación.
Los antecedentes no juegan a favor de Perú.
La Corte Suprema chilena ya ratificó sentencias de jueces de primera instancia que rechazaron pedidos de extradición de prófugos peruanos allegados al régimen de Fujimori (1990-2000), como su ex asesor de imagen Daniel Borobio, y el empresario periodístico Eduardo Calmell del Solar, ambos acusados de recibir dineros públicos para financiar campañas reeleccionistas del ex presidente.
Para Álvarez, "en los 12 casos materia de investigación, cabe concluir que no está debidamente demostrado en estos autos la participación de Alberto Fujimori en la calidad que se le ha atribuido en la solicitud de extradición, en todos los delitos comprendidos en dichos doce casos", y concluye que el Estado peruano "no ha acreditado en esta causa que el requerido (Fujimori) hubiere cometido los ilícitos que se le atribuyen".
Las autoridades peruanas confiaban en las evidencias sobre la responsabilidad de Fujimori en las matanzas de 15 personas en Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, y de 10 en la Universidad de La Cantuta, el 18 de julio de 1992, perpetradas por un escuadrón de la muerte integrado por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que operaba con conocimiento y aprobación del ex mandatario.
Pero Álvarez, basándose en los argumentos de la defensa de Fujimori, consideró que el ex jefe de Estado ni siquiera conocía dichas operaciones militares.
"Ha quedado sentado en estos autos que las acciones militares que derivaron en estos hechos delictivos (Barrios Altos y La Cantuta) en caso alguno pueden haber sido autorizadas ni menos ser conocidas por el requerido", señaló Álvarez, desconociendo las declaraciones de quien fue entre 1991 y 1998 presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y jefe del ejército de Perú, el general Nicolás Hermoza.
Hermoza declaró que Fujimori tuvo información de los crímenes y estaba al tanto de las operaciones porque, además, pasaba largas temporadas viviendo en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional y jamás se pronunció contra esos asesinatos que, por otra parte, se conocieron por investigaciones de la prensa.
El escuadrón de la muerte, más conocido como grupo Colina, "responde a una división anterior del Ejército peruano que posteriormente derivó en un grupo paramilitar y tienen conexión con hechos anteriores a la época en que Fujimori asumiera el gobierno de Perú", señala el juez Álvarez.
Pero el magistrado chileno incurre en contradicción al reconocer que Fujimori firmó decretos de felicitación "a algunos uniformados que participaron en los hechos delictuosos (Barrios Altos y La Cantuta) ( ) en fechas anteriores (25 de junio y 30 de julio de 1991) a los delitos cometidos".
El crimen de La Cantuta, primera acción del grupo Colina, se consumó el 3 de noviembre de 1991, cuatro meses después de la última felicitación de Fujimori y 16 meses después de que éste iniciara su primer mandato.
Tampoco dice Álvarez que uno de los felicitados por Fujimori, el mayor Santiago Martín Rivas, cabecilla del grupo Colina, declaró que el ex presidente estaba al tanto de las acciones del escuadrón de la muerte.
Cuando se conocieron las matanzas, Fujimori, enterado de la participación de Rivas Martín al que había felicitado, nunca ordenó su detención ni la de ninguno de los integrantes del grupo.
Otra muestra de que Álvarez asumió plenamente los argumentos de la defensa de Fujimori es la aseveración de que el grupo Colina actuó por cuenta propia.
"La motivación de estos hechos (los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta) ( ) responde al móvil puntual e identificable, cuyo origen proviene del ejército", explica el juez Álvarez.
Sin embargo, el Estado peruano "no ha establecido fehacientemente que el grupo Colina fue un estamento dentro de la estructura del ejército", alega el magistrado.
Pero ex miembros del Colina como Martín Rivas, procesados en Perú por los asesinatos, han testimoniado que sus acciones formaron parte de una política de Estado para combatir a la organización armada maoísta Sendero Luminoso.
Además, está plenamente probado que todos los miembros del Colina pertenecían al SIE, y, de hecho, en su momento fueron enjuiciados y condenados por el Consejo Supremo de Justicia Militar en su calidad de integrantes del ejército.
Pero Álvarez insiste en que el Estado peruano "no aporta ninguna documentación que sea constitutiva de una prueba directa de participación" de Fujimori en la conducción del Colina, y las acusaciones contra él se basan "en meras especulaciones".
"Es un día aciago para quienes luchamos contra la impunidad", dijo a IPS Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, una de las víctimas de La Cantuta. "La resolución del juez Álvarez es una decisión vergonzosa que no tiene sustento legal, y ha utilizado datos falsos para sustentarla".
"Álvarez dice que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no condena a Fujimori sino al Estado, pero Fujimori encarnaba el Estado. Era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. No hay que ser juez para darse cuenta de eso", agregó.
En su sentencia de noviembre de 2006 contra el Estado peruano por el caso de La Cantuta, la Corte Interamericana sostuvo que "los hechos del caso fueron producto de una operación ejecutada en forma coordinada y encubierta por el Grupo Colina, con el conocimiento y órdenes superiores de los servicios de inteligencia y del mismo Presidente de la República de ese entonces".
Además, "no tengo ninguna esperanza en la Corte Suprema (de Chile). Las autoridades judiciales chilenas no entienden lo que sucedió en el Perú. ¿Cómo van a decir que los militares actuaron por motivaciones particulares? ¡Por favor! Ellos cometieron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta porque creían que estaban liquidando a senderistas. Ese era su objetivo, alentados por el gobierno de Fujimori", apuntó.
El ex procurador adjunto Ronald Gamarra, quien investigó los casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a Fujimori, dijo a IPS que no hubo falla en la fundamentación de los delitos presentados por Perú.
"La fundamentación jurídica ha sido correcta, lo que ha faltado es un acompañamiento político que impulse la extradición", aseguró.
"Queda claro con el rechazo a la extradición y la candidatura de Fujimori como senador al parlamento japonés que al final Chile y Japón han resuelto el caso de acuerdo con sus intereses políticos y a esto hay que sumar la inacción política peruana. El costo para Chile es que ahora se ha convertido en un refugio de criminales y corruptos", aseveró.
Fujimori huyó del país en 2000 siendo presidente, y se refugió de inmediato en Japón en virtud de su nacionalidad nipona. Llegó de improviso a Chile en noviembre de 2005. De inmediato, Perú pidió su captura y más tarde solicitó la extradición. En las últimas semanas, el ex mandatario divulgó su voluntad de postularse para obtener un escaño en el Senado japonés.
En opinión de Gamarra, el Estado peruano debe asumir una posición más política, fortaleciendo su deseo de que se haga justicia.
"Sin embargo, no creo que el gobierno de Alan García asuma esa posición porque, como se ha visto, mantiene una alianza implícita con el fujimorismo" representado en el parlamento.
Gamarra también cuestionó que Álvarez exigiera en su dictamen pruebas para acreditar las acusaciones contra Fujimori, "porque las pruebas corresponden a la jurisdicción del Perú, que es el ámbito en el que será juzgado el ex presidente. Sólo debió tomar una decisión en función de los cuantiosos antecedentes e indicios que se le entregaron".
Familiares de las víctimas preparaban un plantón frente a la sede de la embajada de Chile en Lima, mientras en Tacna, ciudad sureña fronteriza con el país vecino, el legislador opositor Juvenal Ordóñez encabezaba una manifestación de protesta ante el consulado chileno.
"El pueblo peruano siente una gran indignación por la decisión del magistrado chileno Álvarez", dijo Ordóñez a IPS desde Tacna.
"Lo que Chile ha dejado en claro es que no ha aprendido la lección de 17 años que tuvo con la dictadura de (Augusto Pinochet porque, ¿cuál es la diferencia de cometer un crimen en Perú y Chile? ¿O de cometer actos de corrupción en el vecino país o aquí? Pensé que nos darían una lección de ética, pero no fue así", añadió.
Además, "Alan García ni siquiera condenó a Fujimori cuando lanzó su candidatura al Senado japonés. Con eso lo digo todo", agregó.
Por su parte, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga dijo a la prensa que "el Ejecutivo ha perdido una batalla importante", y que su sector político esperaba con serenidad el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile.
En su calidad de ex viceministro y ministro de Salud del régimen de Fujimori, Aguinaga está bajo investigación de la fiscalía por la esterilización forzada de centenares de mujeres campesinas.
