El retiro «provisional» del presidente Fidel Castro el 31 de julio de 2006 no modificó «la situación de los derechos civiles, políticos, económicos y ciertos derechos culturales» que sigue siendo «desfavorable», aseguró este jueves un grupo humanitario de la oposición.
En nota informativa entregada a medios extranjeros de prensa, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC), sin reconocimiento legal, describe la situación humanitaria en Cuba como la peor del "Hemisferio Occidental".
Entre los derechos violados, la Comisión cita "las libertades de opinión, asociación, información, prensa, expresión y el derecho a organizar sindicatos u organizaciones políticas o a trabajar fuera de la tutela explotadora del estado totalitario".
Firmada por Elizardo Sánchez y Carlos J. Menéndez, como observadores de derechos humanos que actúan en condiciones de ilegalidad, la nota se distribuye junto al informe semestral de la organización opositora sobre los presos políticos y de conciencia, un listado que se confecciona a partir de fuentes de las familias de los afectados.
La CCDHRC estima que la tendencia a la disminución de la cantidad de prisioneros por motivos políticos se mantuvo durante el primer semestre del año. La "lista parcial" de casos documentados por la comisión muestra un descenso de los 283 registrados a finales del pasado año, a 246 el 30 de junio.
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El documento considera "inexplicable" la existencia de más de 200 presos por esas razones en un país como Cuba, catalogado como uno de los de "menor violencia política en buena parte del planeta".
Asimismo, añade que un total de 73 "prisioneros de conciencia" cubanos, reconocidos por Amnistía Internacional, continúan cumpliendo sus condenas. La cifra incluye a más de una docena de sancionados que han sido liberados por las autoridades bajo "licencia extrapenal", por razones de salud.
Según la misma fuente, la población penal cubana podría haber disminuido en general en los dos últimos años, como parte de una política gubernamental de aplicar sanciones sustitutivas de la privación de libertad. La cifra total de reclusos por delitos comunes podría estar entre 60.000 y 80.000.
Desde el inicio del gobierno interino de Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas y hermano del presidente, "no se ha dado un solo paso para iniciar la modernización del sistema de leyes, incluyendo la despenalización, sin cortapisas, de todos los derechos civiles, políticos, económicos y culturales", afirma la CCDHRC.
El gobierno cubano no reconoce la legitimidad de este tipo de informes ni de organizaciones como la CCDHRC que, según las autoridades, no tienen una real incidencia en el país y sólo existen porque son promovidas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
A la hora de hablar de derechos humanos, la cancillería resalta los logros alcanzados por este país en materia social y las garantías que gozan sus 11,2 millones de habitantes en materia de educación, salud y empleo.
La ausencia de otros derechos son atribuidos oficialmente a la necesidad de este país de defenderse frente a un gobierno extranjero (Estados Unidos) que, desde su Oficina de Intereses en La Habana, promueve la insubordinación interna y declara públicamente su voluntad de apoyar un cambio de gobierno y de sistema en esta isla.
"La hostilidad compartida entre los gobiernos de Washington y La Habana, incluyendo las sanciones económicas y financieras unilaterales (y, por lo tanto, ilegítimas) impuestas por aquel continúan alimentando un contexto geopolítico negativo, que sólo ha servido para empeorar la situación", asegura el documento de la CCDHRC.
Uno de los capítulos de ese enfrentamiento concluyó el 18 de junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retiró a Cuba de la lista de países bajo observación de ese organismo, para la cancillería cubana una "rotunda" victoria diplomática de La Habana.
Aunque el caso cubano era atendido desde 2002 por la relatora Christine Chanet, representante personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el gobierno de Cuba rechazó de modo sistemático esa misión, por considerar que respondía a una maniobra impuesta por la Casa Blanca.
Mientras el gobierno no da muestras de posibles cambios en su relación con la oposición, pasos importantes se han dado en los últimos meses en la promoción de los derechos de las minorías sexuales, incluidas las comunidades de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros.
Un proyecto de ley presentado a las máximas instancias del gobernante Partido Comunista incluye el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, el derecho de estas parejas a la adopción y de las lesbianas a favorecerse de los servicios de reproducción asistida.
En tanto, una estrategia gubernamental en curso intenta garantizar la igualdad social de travestis, transexuales y transgéneros, incluyendo el cambio de identidad en aquellos casos que lo necesiten, el acceso a tratamientos hormonales y a la operación de readecuación sexual.
Para sectores moderados de la oposición, estos esfuerzos constituyen un "paso positivo" que muestra que las autoridades comienzan a aceptar lo diferente. "Es un precedente importante para el reconocimiento de todas las diferencias, incluidas las ideológicas y de opinión", dijo a IPS Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista.
En los últimos meses, Cuba también ha flexibilizado los requisitos para viajar al exterior, aunque sólo para determinados sectores de la población cubana.
A partir de ahora no necesitarán carta de invitación para solicitar su permiso de salida las personas nacidas en otros países o casadas con extranjeros y sus familiares más cercanos, quienes viajen para tratamiento médico, por razones humanitarias, para asistir a actos no oficiales o a cobrar herencias y premios.
"Todo eso es bueno, pero limitado e insuficiente No indican un movimiento hacia reformas de fondo e irreversibles en el sistema penal", consideró Sánchez en breves declaraciones telefónicas a IPS.
"En Cuba sigue rigiendo un estado policial cuya naturaleza se refleja en casi todos los aspectos de la vida nacional", asegura el texto y cita las regulaciones del trabajo por cuenta propia, el limitado acceso a Internet y las sanciones contra aquellas personas que intentan captar ilegalmente señales de televisoras extranjeras.
Cuesta Morúa fue menos tajante y apreció una tendencia a la "distensión" en materia de derechos humanos, específicamente en cuanto al tratamiento hacia los sectores de oposición, en comparación con el primer semestre de 2006.
Han cesado los actos de repudio (manifestaciones de sectores afines al gobierno) contra opositores, que, además, ahora pueden realizar conferencias de prensa e inclusive reunirse sin ser molestados, dijo.
"Antes del 31 de julio del pasado año, todo eso era bastante difícil. Yo no diría que hay un mejoramiento absoluto, pero sí una tendencia relativa hacia el mejoramiento de los derechos humanos", indicó Cuesta Morúa.
