Lo que más les gusta de la ciudad a los niños colombianos desplazados por la guerra son los edificios altos, las avenidas, los museos y los autos. Adoran los parques, las canchas deportivas y los juegos mecánicos, según un informe de la principal fuente no gubernamental sobre desplazamiento y la Iglesia Católica.
El informe de 160 páginas "Gota a gota: Desplazamiento forzado en Bogotá y Soacha", de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Fundación de Atención al Migrante de la Arquidiócesis de Bogotá, se enfoca en la población desplazada a la capital y a un municipio aledaño que hace parte de la zona metropolitana.
"Gota a gota" afirma que desde 2001 llegan diariamente a Bogotá 23 familias desplazadas por la guerra, unas 93 personas. Cincuenta y uno por ciento de ellas son menores de 18 años.
Mientras los bogotanos aprovechan cualquier oportunidad para huir del estrés citadino, los adolescentes desplazados aprecian especialmente "la paz y la tranquilidad" que sienten en la urbe, en contraste con "el recuerdo del conflicto y del peligro que éste representaba para sus familias".
"Se sienten protegidos y alejados del lugar de violencia que los amenazaba", a pesar de que habitan zonas deprimidas de la capital.
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Por eso "no les gusta: la contaminación, el olor de las basuras y las ratas, las calles destapadas (sin pavimento), la inseguridad, la violencia contra los niños y niñas", y en la reflexión recuerdan con nostalgia su hogar rural abandonado a la fuerza.
Los desplazados colombianos superan los 3,8 millones, según Codhes, aunque el gobierno apenas reconoce entre dos y tres millones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) menciona tres millones.
Son el más grave y costoso "efecto colateral" de una guerra civil que el gobierno actual tampoco reconoce y que va por la quinta década, enfrentando a guerrillas izquierdistas con la fuerza pública y aliados paramilitares de ultraderecha.
"Todas las partes involucradas en el conflicto armado interno tienen que ver con el desplazamiento forzado de las personas que llegaron a Bogotá y Soacha entre 2001 y 2005", dice el informe, que presenta una encuesta de percepción sobre las características del desplazamiento en esos años.
Según esa encuesta entre personas acogidas por Atención al Migrante, la mayoría, 53 por ciento, habría sido desplazada por las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), y 34 por ciento por los paramilitares, lo que marca un recambio en el orden de los actores armados que más provocan la huida, confirmó a IPS Jorge Rojas, director de Codhes.
Pero "muchos de los que están llegando a Bogotá no se atreven a señalar al responsable" de su escape, dijo. Además, el gobierno "no acepta que haya desplazados por paramilitares, porque (oficialmente) no existen" más esas milicias irregulares comandadas por jefes del narcotráfico, tras un polémico acuerdo con las autoridades para que se desmovilizaran.
El gobierno tampoco reconoce como desplazados a quienes abandonan los campos tras las devastadoras fumigaciones a cultivos ilícitos que lleva a cabo la fuerza pública. Las fincas con esos sembrados son confiscadas y sus dueños llevados a juicio, una buena razón para que quienes huyen no indiquen el motivo.
En todo caso, según la encuesta, la causa principal son las amenazas directas o contra algún vecino. Otro motivo importante es el reclutamiento de los hijos adolescentes, ya sea forzado o porque éstos comienzan a coquetear con la aventura de la guerra.
De acuerdo con testimonios citados en el informe, "uno aguanta, entrega lo que piden, los animales, cosechas, la plata , pero no a los hijos"; "cuando los hijos son la cuota, ahí sí que uno dice no, hasta aquí, no más", y entonces es preferible lanzarse a la incertidumbre del desplazamiento.
Eso le ocurrió a Gildardo*, padre de siete hijos que en 2005 se desplazó con su prole por segunda vez —la primera había sido en 1999—, para impedir que la mayor, entonces de 13 años, ingresara a las FARC, según contó en rueda de prensa este miércoles.
Cuando las familias llegan a las barriadas pobres del sur de Bogotá, los adolescentes se encuentran con una enorme necesidad de ser reconocidos, adaptarse y ayudar económicamente a sus parientes.
Así, suelen sufrir el asedio de bandas delictivas y de milicias urbanas guerrilleras o paramilitares que los atraen o les imponen el reclutamiento, o de redes que los involucran en la prostitución, en un medio donde un empleo es una suerte igual a la lotería.
Los jóvenes que se niegan a ser reclutados se juegan la vida. Según la Fundación para la Educación, los Derechos Humanos y el Desarrollo, "entre 2000 y 2003 fueron asesinados 400 jóvenes de manera selectiva por esta causa" en el sur de Bogotá y en Soacha.
Sobrevivir en la jungla urbana es un reto mayor para los desplazados. Treinta y siete por ciento no logran establecerse laboralmente en los primeros cinco años, según la encuesta. La inseguridad alimentaria y una atención de salud limitada afectan a 70 por ciento, según Codhes.
La mayoría venden frutas, verduras y otros alimentos en las esquinas, recogen basura reciclable para luego venderla a empresas especializadas, se enrolan temporalmente como obreros de la construcción o en el servicio doméstico.
Un desplazado obtiene por día en Bogotá un ingreso medio de 1,66 dólares, y una familia de cinco personas llega a una suma mensual de 125 dólares, señaló Rojas.
Muchos hacen filas ante despachos oficiales, "tratando de gestionar el desembolso para su proyecto productivo, vivienda, y muchos con esperanza de una prórroga" de la ayuda estatal —alimentos no perecederos, productos de aseo e implementos para cocinar y comer—que se entrega por seis meses como máximo, aunque la Corte Constitucional decidió en abril que debía suministrarse hasta la estabilización definitiva, ya sea por retorno o por arraigo en el nuevo lugar.
Cincuenta y siete por ciento de las familias están encabezadas por mujeres, viudas o separadas de sus parejas por la guerra.
Cuarenta y ocho por ciento de los desplazados han cursado algún grado de escuela primaria y 25 por ciento alguno o todos de secundaria.
Según el Censo General 2005, en Bogotá residen 16,4 por ciento de los 42 millones de colombianos. Pero el gobierno capitalino mantiene uno de los mayores subregistros de desplazados del país, pues sólo 20 por ciento son reconocidos como tales, dice el informe.
Para Codhes, entre 1985 y 2006 unas 666.600 personas llegaron a Bogotá y Soacha, es decir 17 por ciento de los desplazados de todo el país. De ellas, 35,6 por ciento huían desde 2001, reflejo de "un estado de inseguridad colectiva".
El desplazamiento podría tener efectos clave en la segunda fase del Plan Colombia, vasta operación antidrogas y contrainsurgente financiada por Estados Unidos, cuyos montos se definen en el Congreso legislativo estadounidense, subrayó Marco Romero, presidente de Codhes.
El 11 de este mes, la Cámara de Representantes de ese país emitió una resolución (la número 426, no vinculante) que reconoce el desplazamiento interno en Colombia y solicita a Bogotá y a los países donantes priorizar el debate de ese fenómeno y de la asistencia humanitaria.
La resolución insta al gobierno estadounidense a "incrementar los recursos que destina a asistencia humanitaria de emergencia y a protección por intermedio de agencias gubernamentales e internacionales, y ayudar a las personas desplazadas de Colombia a reconstruir sus vidas de manera digna, segura y duradera".
La resolución se basa en cifras aportadas por la Iglesia Católica y Codhes, confirmó Romero. Fue promovida por 42 representantes del opositor Partido Demócrata y del gobernante Partido Republicano, debido a que este 2007 fue declarado Año de los Derechos de las Personas Desplazadas en Colombia.
*Se omite nombre completo para proteger la integridad de la fuente.
