El Poder Ejecutivo de Argentina consiguió en la última década la sanción de 65 por ciento de sus proyectos de ley, mientras los legisladores sólo lograron sancionar entre dos y cuatro por ciento de sus iniciativas, revela un estudio.
La investigación fue realizada por Directorio Legislativo —un proyecto independiente que se propone mejorar la calidad institucional de los poderes legislativos del país—, y abarcó desde 1998 hasta 2007, por lo que evalúa el comportamiento de gobiernos de diferente signo y en distintos momentos políticos.
La presentación explica que los proyectos de ley también pueden presentarse por iniciativa popular, un mecanismo de democracia semi-directa aprobado en 1994 y reglamentado en 1997. Pero su utilización es tan escasa —apenas dos llegaron con éxito al Congreso legislativo en 10 años— que no fue considerado.
"Es muy evidente que el Poder Ejecutivo, con un promedio de 65,5 por ciento de proyectos sancionados, es el que lleva la delantera de las iniciativas conseguidas", señala el informe. En la mitad de los años analizados, esa proporción superó el promedio y llega hasta 87 por ciento, por ejemplo en 2003.
Se trata de un porcentaje "muy alto", advierte el estudio, "si se lo compara con el de proyectos sancionados presentados por legisladores nacionales". De acuerdo con la evaluación, el promedio de iniciativas de senadores que obtuvieron sanción es de 4,1 por ciento, con años como 2005, en los que esa proporción alcanzó a 2,3 por ciento.
Las iniciativas de diputados tuvieron una efectividad media de 2,1 por ciento en la década, con periodos en los que no se llegó siquiera a un punto porcentual, como en 2006.
La directora del proyecto, María Barón, dijo a IPS que el estudio demuestra que Argentina tiene un sistema "hiperpresidencialista", si bien los legisladores también tienen la función de frenar, controlar o agregar letra a los proyectos, cualquiera sea su origen.
El estudio fue analizado por Eugenia Braguinsky, coordinadora del Programa de Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), quien consideró que los resultados son muy elocuentes acerca del poder presidencial.
"Una de las funciones del Poder Ejecutivo es mandar proyectos al Congreso, o sea que en una primera lectura se podría decir que los gobiernos cumplen con ese rol", dijo Braguinsky a IPS. "Por otra parte, es mejor esta vía que la de los decretos de necesidad y urgencia", dijo aludiendo a esa prerrogativa presidencial que elude el control del parlamento.
Pero "esto no justifica el bajo porcentaje de proyectos de los legisladores que consiguen aprobación", añadió. "Creemos que los datos son esperables en un sistema presidencialista, pero un análisis más profundo del trámite parlamentario nos puede llevar a pensar que hay un Poder Legislativo sumiso", alertó.
Para la representante de Cippec, esta tendencia "es similar a la de los demás países de América Latina donde los poderes ejecutivos son actores relevantes" del escenario político. "En tanto haya sistemas presidencialistas fuertes, estos resultados van a estar presentes, no nos sorprenden", concluyó.
En cuanto a la iniciativa popular, que permite la presentación ciudadana de proyectos de ley, tiene unos requisitos tan rígidos que desde su reglamentación en 1997 hubo apenas dos iniciativas aprobadas, que requirieron además de un fuerte apoyo de la sociedad civil organizada.
La primera de ellas fue fruto de una campaña que tuvo en 2002 el lema "Jubilar los privilegios", pues su propósito era derogar las onerosas jubilaciones extraordinarias de funcionarios.
Para ello se obtuvieron las firmas de 1,5 por ciento del padrón electoral procedentes de al menos seis distritos, tal como dispone la reglamentación de este instrumento. La ley se sancionó y las jubilaciones cayeron.
La segunda iniciativa ciudadana, conseguida ese mismo año, fue conocida como "El hambre más urgente". Sus promotores se propusieron garantizar por ley el derecho a la alimentación básica y a la atención sanitaria de mujeres embarazadas y niños menores de cinco años. Tras la aprobación, la norma se puso en marcha mediante planes sociales.
Detrás de estas dos únicas iniciativas populares exitosas no hubo individuos particulares. En ambas trabajó la organización no gubernamental Poder Ciudadano, que puso a disposición del proyecto su estructura y más de 120 voluntarios, y se sumó un fuerte apoyo de medios de comunicación masivos.
Por entonces se logró instalar esos temas en la agenda pública porque el país vivía una profunda crisis y porque los medios de comunicación fueron coprotagonistas y "potenciaron" la campaña, dijo a IPS quien coordinó ambos esfuerzos, María Batch.
Sin embargo, la iniciativa popular en el plano nacional "es inviable", opinó Batch, que trabaja en el área de construcción de ciudadanía de Poder Ciudadano. "El costo es enorme aun para una organización grande como la nuestra. Se trata de un instituto maravilloso, pero muy difícil de hacer prosperar", admitió.
Batch investigó el uso de la iniciativa popular legislativa en otros países y concluyó que en América Latina —donde se ha incorporado en muchas naciones, sobre todo en las últimas reformas constitucionales—, su uso resulta "muy limitado" para ampliar la participación ciudadana.
El reconocimiento de estas dificultades motivó la elaboración de varios anteproyectos de ley para flexibilizar los requisitos de la iniciativa y hacerla menos onerosa. Pero las propuestas de cambio en este campo, como la enorme mayoría de proyectos presentados por legisladores, se quedaron dormidas en un cajón del Congreso.
