El desalojo de cientos de tamiles de la capital de Sri Lanka y su deportación a Jaffna, bastión de los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, dejó mal parado al gobierno, incluso entre sus partidarios, aun cuando la justicia dejó sin efecto la medida.
El líder de los Tigres, Veluipllai Prabhakaran, "se frota las manos con regocijo en algún lugar de la selva de Vanni", sostuvo el semanario The Nation en un editorial. "Las acciones del gobierno de Sri Lanka, aunque revertidas de inmediato, sirvieron sólo a los intereses de Prabhakaran."
El gobierno del presidente Mahinda Rajapakse dispuso el 7 de este mes, sin previo aviso, identificar y desalojar a cientos de tamiles de los hoteles baratos de Colombo en los que residían y enviarlos a la septentrional península de Jaffna.
Pero al día siguiente la Corte Suprema de Justicia ordenó a la policía a traer de vuelta a los desalojados al día siguiente y al gobierno a pedirles disculpas y pagarles una indemnización.
Suwarnalingam tenía todo pronto para llevar a su esposa enferma de 57 años a India para un tratamiento médico cuando la policía golpeó la puerta de su habitación de hotel en la madrugada del jueves 7 y le dijeron que tenía que regresar a Jaffna.
El grave estado de salud de su esposa no bastó para que le permitieran quedarse.
"Ese día nos disponíamos a tramitar la visa para India. Nos echaron a pesar de que les mostramos una carta del médico", relató Suwarnalingam a IPS.
Suwarnalingam y su esposa figuraban entre los 376 trasladados a la escuela pública Gamini Vidayalaya, en la ciudad de Vavuniya, 256 kilómetros al norte de Colombo. En ese local con instalaciones inadecuadas para albergarlos pasaron la noche.
El matrimonio esperaba para seguir rumbo a Jaffna cuando la Corte Suprema de Justicia suspendió los desalojos a pedido del no gubernamental Centro de Alternativas Políticas, con sede en Colombo.
En la tarde del día siguiente regresaron a la capital por el mismo largo y arduo camino.
Rasamma estaba en Colombo preparada para viajar a India para casarse cuando la policía la obligó a partir junto a su padre de 70 años.
Al final volvió a Colombo tras 17 horas de ruta desde Vavuniya, parando en varias comisarías a lo largo del camino para dar explicaciones tediosas.
Cuando estaban por llegar a la comisaría de Wellawatte, al sur de Colombo, debieron pasar por un proceso de control que llevó tres horas.
"Nos apiñaron en autobuses como ganado. Cuando nos dijeron que podíamos irnos a Colombo, nos advirtieron que termináramos lo que teníamos que hacer allí y volviéramos a nuestras ciudades", relató Ramalingam, una joven de 19 años oriunda de Jaffna.
Activistas de derechos humanos presentes a la llegada de los desalojados indicaron que las autoridades habían actuado en forma cortés.
"La policía cooperó, a pesar de que el registro fue tedioso y largo", dijo a IPS Rukshan Fernando, de la Fundación Sociedad y Ley.
Por su parte, los Tigres sostuvieron que el programa de desalojo fue una prueba del doble discurso del gobierno de Rajapakse.
"Esta última iniciativa de limpieza étnica coincidió con los llamados de la comunidad internacional para mejorar la situación de los derechos humanos en el país", declaró la activista por los derechos de los tamiles Selvi Navaruban.
"La medida coincidió con la visita a Colombo del enviado de paz japonés, Yasushi Akashi, y demuestra a la comunidad internacional la verdadera postura del gobierno de Sri Lanka hacia los derechos humanos de los tamiles", subrayó.
De hecho, el momento elegido para el intento de desalojo no pudo haber sido peor, considerando que el gobierno ya era cuestionado en el ámbito internacional por el secuestro y misterioso asesinato de dos voluntarios de la Cruz Roja de Sri Lanka.
A fines de mayo, 14 donantes, incluidos Estados Unidos, Japón, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), pidieron al gobierno que aumentara la seguridad del personal de las agencias humanitarias que trabajan en zonas de combate, en el norte y este del país.
El presidente Rajapakse, quien se dirigirá esta semana a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, trató de disimular el perjuicio.
"Se investigarán a fondo las acusaciones de abuso de autoridad y se tomarán medidas disciplinarias contra los responsables, así como acciones apropiadas de compensación", informó su oficina.
"Fue un grave error", admitió el primer ministro Ratnasiri Wickremanayake. "Lamento mucho lo sucedido y pido disculpas a la comunidad tamil en nombre del gobierno. Quiero decirles que todo el mundo tiene derecho a vivir donde quiera", declaró el domingo a la prensa.
Pero el gobierno pasa cada vez más vergüenza.
Un panel internacional creado para investigar abusos militares, incluida la masacre de 17 activistas de la organización francesa Acción Contra el Hambre en agosto de 2006, señaló el lunes que una comisión designada por el presidente con la misma misión "no hizo casi ningún avance significativo".
"Seguimos preocupados por las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Sri Lanka y la independencia de la comisión. La protección de testigos no es adecuada y no satisface las normas y estándares internacionales", reza una declaración del panel de 11 figuras internacionales.
El panel, encabezado por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de India P. N. Bhagwati, manifestó preocupación por los conflictos de interés suscitados por la asesoría que da la Fiscalía General srilankesa a la Comisión.
Según el panel, es poco lo que se ha hecho para proteger a los testigos.
La situación se da en un contexto de secuestros y desapariciones frecuentes. La incesante espiral de violencia marca una nueva etapa en la guerra étnica, que desde hace dos décadas aflige a este país insular y que ya se cobró 70.000 vidas desde el pogromo antitamil de 1983, en Colombo.
