Un proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva opone a sectores religiosos y civiles y a los miembros del Congreso legislativo de Paraguay que están debatiendo la propuesta.
El proyecto de ley se presentó hace dos años en la Cámara de Senadores y, luego de varios intentos fallidos, el mes pasado los legisladores acordaron una prórroga de 30 días, que vence a fines de junio, para llevarlo finalmente a votación.
La iniciativa prevé la entrega gratuita de anticonceptivos e información adecuada sobre su uso y limitaciones, tanto a mujeres como hombres, en los servicios públicos de salud. También obliga a proveer atención a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, un derecho consagrado por la Constitución, pero frecuentemente violado en los hospitales estatales por falta de infraestructura.
El proyecto de ley enfrentó desde el momento de su presentación un enérgico rechazo de organizaciones religiosas.
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Los sectores católicos temen que enunciados como "opción sexual" y "género", junto con la garantía de acceso universal a los anticonceptivos, se conviertan en precedentes para la eventual legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El Ministerio de Salud de Paraguay mantiene desde hace una década un programa de planificación familiar, a través del cual se distribuyen anticonceptivos a la población en forma gratuita. Sin embargo, su presupuesto es ínfimo y depende de las donaciones que recibe de organismos internacionales.
Los partidarios del proyecto creen que si se convierte en ley ayudará a fortalecer el programa y garantizará la disponibilidad de anticonceptivos en todos los centros asistenciales del país.
Unas 30 organizaciones de la sociedad civil se unieron a principios de este mes para impulsar una campaña a favor de su aprobación. Participan agrupaciones de derechos humanos, asociaciones de mujeres, gays y lesbianas, movimientos campesinos y sindicatos.
La campaña, que tiene como lema "Protege la vida", contempla la difusión del contenido del proyecto de ley tanto a través de los medios de comunicación como en los hospitales y centros de salud. Sus promotores también ejercen presión sobre los legisladores para que voten el texto favorablemente.
La reacción de quienes se oponen a la propuesta no se hizo esperar.
La Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia, que congrega a sectores religiosos de distintas iglesias cristianas católicas y no católicas, intensificó la presión sobre los legisladores para convencerlos de votar en contra y organizó cadenas de oración en parroquias y templos de esta capital.
El autor del proyecto, senador del opositor Partido País Solidario, Carlos Filizzola, explicó a IPS que la ley apunta a disminuir la tasa de embarazos no deseados, principalmente entre los adolescentes, así como los índices de mortalidad materna a causa de abortos mal practicados.
La tasa de mortalidad materna en Paraguay es de 170 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, muy por encima de otros países de la región como Argentina (82 por cada 100.000), Chile (31) y Uruguay (27), aunque por debajo de Bolivia (420), según el informe Estado Mundial de la Infancia 2007 publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los registros del Ministerio de Salud Pública indican que los abortos clandestinos son la primera causa de fallecimiento entre las mujeres paraguayas, con una incidencia de 26 por ciento, por encima de las hemorragias (21 por ciento), otras complicaciones del embarazo, parto y puerperio (18 por ciento) y la sepsis (12 por ciento).
"Este es un proyecto de salud pública, no se puede decir que promueve el aborto, sino todo lo contrario", argumentó Filizzola.
La doctora Lilian Soto, una de las portavoces de la campaña "Protege la vida", dijo a IPS que la ley será una herramienta importante para revertir los índices negativos en materia de salud pública.
Sin embargo, reconoció que lograr su aprobación será una batalla ardua.
"Hay sectores que no conocen el proyecto y tratan de confundir a la opinión pública relacionándolo con temas que nada tienen que ver con el texto que se debate, como el aborto o los matrimonios gay", afirmó.
Filizzola indicó que los sectores religiosos son fundamentalistas y se cierran a un debate necesario en este país con un alto porcentaje de población juvenil. Según el Censo Nacional 2002, Paraguay tiene 5.163.198 habitantes: 27 por ciento se ubica en la franja de edad de 15 a 29 años y 37 por ciento por debajo de los 15 años.
La respuesta de los grupos católicos tampoco ahorra críticas. El proyecto de ley "va contra el matrimonio, la familia y sobre todo contra la dignidad de la mujer", aseguró a IPS Néstar Stark, presidenta de la Federación de Asociaciones por la Vida y la Familia.
"Está totalmente centrado en la salud reproductiva y sabemos que según la Organización Mundial de la Salud y la Declaración de El Cairo eso implica el aborto. Uno de los artículos de esa declaración recomienda como forma de control de la natalidad la interrupción del embarazo, que es sinónimo de aborto", argumentó.
La Declaración de El Cairo fue el documento final de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que deliberó en septiembre de 1994 en la capital de Egipto organizada por las Naciones Unidas.
En su artículo 8, afirma que "en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia", pero aclara que en los casos en que ese procedimiento no sea contrario a la ley, se debe realizar en condiciones adecuadas.
Entre sus recomendaciones se destaca que "todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo".
La declaración sostiene, asimismo, que "la familia es la unidad básica de la sociedad y como tal es preciso fortalecerla".
Stark cuestionó asimismo el empleo de conceptos como "opción sexual" y "género".
Para los defensores del proyecto, "el género no es como tradicionalmente nosotros lo entendemos, masculino y femenino, sino que añaden una visión más amplia y dicen que no depende de la naturaleza humana, sino de la educación y el ambiente en que vive una persona. Reducen el sexo a la parte fisiológica y el género a la parte que se va adquiriendo según las costumbres", dijo Stark.
En el Senado hay dudas sobre el futuro del proyecto. Muchos legisladores prefieren eludir el debate para evitar roces con los sectores religiosos, pero reconocen en voz baja que sus propuestas son bien intencionadas.
Una mayoría de senadores está en contra: el bloque del gobernante Partido Colorado, que posee 18 escaños, el conservador Partido Patria Querida, la tercera fuerza política con siete senadores, y el partido Unace, con cinco.
Los apoyos proceden del promotor del proyecto, Filizzola, único senador del Partido País Solidario, del Partido Liberal Radical Auténtico, con 12 senadores, y del Partido Encuentro Nacional, que tiene un escaño.
"No es fácil que sea aprobado", reconoció Filizzola, aunque consideró un paso adelante el debate generado.
